"Se acaba también el 065 (el Servicio Galego de Apoio á Movilidade
Persoal). La Consellería de Benestar encuentra caro este transporte
público que hasta ahora garantizaba los desplazamientos programados (no
urgentes) de las personas en situación de dependencia, discapacidad o
con problemas de movilidad.
Esto es, que la Xunta dejará de subvencionar
el traslado diario o semanal de los dependientes a los centros
asistenciales en los que reciben terapias de rehabilitación encaminadas a
su inserción y mantendrá el servicio solo para casos puntuales, como ir
al médico.
En la práctica supondrá, según denuncian ya varias
asociaciones, que los usuarios tendrán que renunciar a sus tratamientos.
El borrador de decreto cuyos detalles negocia la consellería con las
organizaciones de afectados no solo introduce el desmantelamiento del
servicio —el transporte adaptado deja de ser regular y queda limitado a
desplazamientos puntuales— sino que, con las condiciones que marca,
establece desigualdades económicas entre las propias organizaciones de
dependientes: favorece a las más fuertes. (...)
Y en esta nueva regulación a la baja pone un tope de subvención de 10
viajes al mes (ida y vuelta cuentan como dos) por usuario para utilizar
el 065 en esos únicos casos concretos a los que ahora lo ciñe. Con la
intención de compensar este recorte, introduce una nueva medida que
retuerce aún más la situación: el copago del servicio. Las asociaciones
recibirán nueve euros por usuario del transporte. Ocho de ellos los
aportará Benestar y el euro restante, el usuario.
Este plus
compensatorio se ha convertido ya en un escollo en las negociaciones.
Las asociaciones de discapacitados más pequeñas expresan su rechazo
alertando de que la asignación del 065 es un derecho individual pero, de
esta forma, los ocho euros suponen un regalo para las entidades que
tienen servicio de transporte propio mientras que generan un gran handicap para las que, teniendo plazas concertadas, no disponen de él.
La Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace), que coordina a
cinco asociaciones a las que están adscritas 1.436 personas (300,
usuarias de los servicios terapéuticos), expresa su “profunda
preocupación e incertidumbre” sobre el futuro de sus usuarios con este
decreto. De los 300 socios que acuden a rehabilitación a los cinco
centros, 84 utilizan el 065. La retirada del servicio supondrá para
ellos “renunciar a la terapia, lo que les provocará un empeoramiento del
daño cerebral”, sostienen desde Fegadace.
Los 84 transportados que acuden a los centros que coordina esta
federación van una media de cuatro días por semana y 31 de esos usuarios
se desplazan fuera de sus municipios (de Ponteareas, Gondomar o Porriño
a Vigo; de Muros o Arzúa a Santiago; de Carballo a A Coruña; de Guntín a
Lugo y de A Gudiña a Ourense, a más de 100 kilómetros.
Pero no solo es la distancia. Ni siquiera en el caso de que sus
familias pudieran costearse transportes continuos en taxis estaría
resuelto el problema que plantea la supresión del servicio dado que
prácticamente el 100% de los discapacitados necesitan vehículos
adaptados, además de acompañantes en el caso de los que tiene daño
cerebral. “La alternativa del transporte público es inviable para
ellos”, sostienen, alarmados, los representantes de Fegadace.
De momento, la propuesta de Benestar pasa por obligar a las
asociaciones a asumir el transporte, incluida organización,
programación, sueldos de empleados, seguros y demás gastos. Pero a no
todos les parece mal. (...)
La controversia mayor se genera en el caso de los usuarios de las zonas
rurales, los más perjudicados. Cogami cree que es necesario encontrar
“un punto intermedio” entre “lo inviable que resulta tener a disposición
de un par de personas el 065 para llevarlas a los centros de
discapacidad” y que tengan estos usuarios que afrontar el elevado coste
económico —algo prácticamente imposible— que les supondría pagarlo de su
bolsillo. (...)
Benestar continúa con las consultas (“que no nos resuelven nada”,
sostienen las pequeñas asociaciones) para desmantelar el servicio. En
diciembre de 2012 reconocía una población con discapacidad de 224.127
personas de las que la mitad tenían menos de 65 años.
En la web de la
consellería aún se puede leer su compromiso de trabajo encaminado a
“procurar la participación plena en la sociedad” de las personas con
discapacidad “a través de una política comprometida con la
accesibilidad”, y el objetivo de garantizar el acceso, con “igualdad
efectiva”, de los dependientes a los servicios esenciales, “favoreciendo
así su comunicación y participación en su entorno habitual”. (El País, 16/11/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario