"Precarios en la dictadura del alquiler. El 12% del parque inmobiliario en alquiler, sufre el grueso de desalojos
Lejos de la sociedad de propietarios viven los 2,5 millones de hogares
en alquiler y un millón más seguramente realquilado. La mayoría son
viviendas de más de 20 años y que necesitan rehabilitación. Se
concentran en las grandes ciudades y la mayoría los ocupan personas con
bajo poder adquisitivo, rentas antiguas, jóvenes y la inmigración que en
un 70% vive en alquiler o en habitaciones.
Incluso hay muchos desalojos
por impago de alquileres sociales en la poca vivienda pública que hay
en las ciudades importantes. Desahucios instigados por la propia
Administración contra hogares en precario aplicando una gran brutalidad
como ha sucedido en Madrid.
Es un 12% del parque inmobiliario nacional pero que concentra más de la mitad de los desalojos. En el año 2012 se han ejecutado 54.718 desalojos de inquilinos según
los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Suponen más
del 2% sobre el total de hogares en alquiler en España. La mayoría son
sobre vivienda habitual y una minoría sobre comercios.
En ciudades como
Barcelona donde el alquiler supone el 30% de las primeras residencias,
los desahucios por impago de alquiler suponen el 95% según el Decanato
de los Juzgados de la Ciudad Condal, datos corroborados por el propio
Ayuntamiento para el 2012.
Los desahucios de inquilinos por causas económicas han caído como una
tromba sobre los hogares más precarios de los barrios populares en las
principales ciudades. Son morosos porqué son pobres, excluidos,
precarios o ni siquiera tienen un colchón familiar en el que apoyarse.
Los desahucios de alquiler pasan desapercibidos, casi sin focos ni apoyo
social.
Tal vez los inquilinos no saben defender su derecho a techo
como los hipotecados (por el fetiche de la propiedad). Pero en los años
20 del siglo pasado las asociaciones de vecinos nacieron al calor de las
huelgas de alquileres a las que se adhirieron centenares de miles de
familias y que se alargaron hasta bien entrada la guerra civil en las
grandes ciudades.
Los desahucios de alquiler no sólo existen por las penu rias
económicas actuales, sino también porqué en este país rige una de las
leyes más regresivas de Europa con el objetivo deliberado de que, el
alquiler marginal, sin derechos, sería la pieza clave de la burbuja
inmobiliaria.
Desde la ley de Arrendamientos Urbanos de 1985 del
ministro socialista Boyer hasta los cambios legislativos de los últimos
gobiernos de Zapatero y Rajoy se han triturado los derechos de los
inquilinos, haciendo inviable cualquier proyecto de vida: con 3 años de
contrato, el desahucio express al dejar de pagar una sola cuota por un
percance económico y la inclusión en una culpabilizadora lista de
morosos creada por el Gobierno de Rajoy, dando a entender que todo aquel
que no paga lo hace por mala fe.
Pero le podemos dar la vuelta a ese
argumento ¿por qué el Estado carga sobre los pequeños propietarios la
responsabilidad de proporcionar vivienda a las familias pobres y no la
asume él?
El Gobierno central, los autonómicos y los
Ayuntamientos se han desentendido de este problema esgrimiendo la
defensa de los pequeños propietarios. En los foros económicos y
mediáticos hay un run-run de una “caverna reaccionaria” especializada en
descalificaciones tipo: “ los inquilinos llevan un año sin pagar
mientras que el propietario paga la hipoteca y luego le dejaran el piso
destrozado ”.
Pero en realidad la propiedad inmobiliaria en este país
está ahora más concentrada que en otras épocas. No hablamos de las
primeras residencias donde viven los 17'5 millones de hogares españoles,
no!, hablamos de los otros 8 millones de viviendas, de las segundas
residencias pero sobre todo de las viviendas vacías. ¿Por qué?
Porqué los pisos vacíos, en venta o alquiler, son los que fijan el
precio en el mercado y precisamente porqué están vacíos. Según la Junta
de Andalucía, del millón de pisos vacíos de su comunidad, un 60% está en
manos de personas jurídicas. Sabemos que la Banca española concentra
más de un millón de pisos nuevos y de segunda mano.
Sin datos fiables,
los estudios de José Manuel Naredo nos permiten afirmar que las
viviendas vacías en alquiler o venta pertenecen en un 70% a personas
jurídicas, bancos, inmobiliarias y a la Iglesia católica que también
participa en sociedades de gestión patrimonial como Renta Corporación.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de la vivienda, porqué
controla el crédito hipotecario concediendo hipotecas sólo para sus
pisos, de manera que arruinan a los pequeños propietarios y
constructoras que intentan vender los suyos en un mercado saturado.
Esta oligarquía tiene cautivo el mercado de alquiler, porqué tiene un
ejército de abogados capaz de maniobrar y presionar para agilizar los
procesos de desalojo por impago de alquileres, lo que no está al alcance
de los pequeños propietarios.
También porqué todo el dinero
que ganaron expropiando las viviendas de segunda mano a familias pobres,
vía ejecuciones hipotecarias, les permite ahora aplicar una agresiva
política de rentas de alquiler frente a los pequeños propietarios.
Los
mini-propietarios se van a comer “sus pisos con patatas” porqué no
pueden competir con lo que ofertan los banqueros que tienen línea
directa con el “buen inquilino” ya que conocen su estado financiero a
través de nóminas y tarjetas de crédito.
Además, el aterrizaje
reciente de agresivos fondos de inversión, comprando las sociedades de
gestión del patrimonio inmobiliario de la Banca, ayudará a ésta a
enmascarar jurídicamente su responsabilidad futura en la avalancha de
desahucios de alquiler.
Y finalmente, las políticas fiscales
para las grandes fortunas y los fondos inmobiliarios especulativos, como
las SICAV y las SOCIMI, supone otra ventaja más sobre los pequeños
propietarios.
Esto no es una defensa del pequeño inversor que
quiere ganar dinero en un mercado cuyas variables no controla. A pesar
de ser maltratados, son el granero de votos de la mayoría absoluta del
PP y se conforman con las migajas que reciben.
La derecha española, con
Rajoy a la cabeza de los registradores de la propiedad inmobiliaria,
mira hacía el otro lado ante la histórica bolsa de fraude fiscal en las
declaraciones de las rentas de alquiler, que año tras año, denuncian los
inspectores de Hacienda. Y eso que desgravan entre el 70 al 100% en el
IRPF. Ninguna nómina tiene ese trato fiscal.
¡Tan larga lectura
nos acerca ya a la tesis final! ¿Por qué razón algunas organizaciones
sociales y sectores de la izquierda renuncian a defender a los
inquilinos frente a los pequeños propietarios? ¿Están atrapados en el
argumentario reaccionario del conflicto entre propietarios e inquilinos?
¿Prefieren que la caridad de Cáritas pague las rentas de alquiler? O ¿
aceptan que esos hogares sean desahuciados porqué no tuvieron a bien
hipotecarse en su momento?
No discutimos el derecho del pequeño
propietario a recuperar su propiedad (que devolverá a la ley de la
selva del mercado al que tanto ama). En cambio exigimos la aplicación
del artículo 47 de la constitución y la reciente sentencia del Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo para que el Estado español, a través
de sus Administraciones, GARANTIZE A LOS CIUDADANOS UNA VIVIENDA DIGNA
ALTERNATIVA ANTE EL DESAHUCIO por impagos de alquiler.
Si tenemos más de
3 millones de viviendas vacías en manos de la oligarquía ¿qué problema
hay?
Es una medida socialmente progresiva porqué traslada la
responsabilidad de tener vivienda pública a la Administración. Se
convierte en un derecho humano exigible y, por la ausencia histórica de
un verdadero parque de vivienda pública en España, sería un reclamo a la
expropiación de los pisos vacíos propiedad de esa oligarquía
financiera, rentista y reaccionaria. Pero hay que organizar a los
inquilinos en esa lucha para llevarla lo más lejos posible.(...)" (Salva Torres,, Rebelión, 14/11/2013)
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