"El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país miembro
sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las
estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a
reforzar un derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación
de la UE:
expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una
“carga excesiva” para el sistema.
Se trata de una medida más efectista
que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de los Estados
miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión de un
comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.
Bélgica
es uno de los países que ha regulado —y endurecido— esa posibilidad.
Este país, reconocido por la Comisión Europea como uno de los más
generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países,
ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a
ciudadanos comunitarios.
Aunque los datos iniciales apuntaban a un
número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga. (...)
Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013
fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos,
búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad
española recibieron la orden de abandonar Bélgica. (...)
Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es
lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la
Oficina de Extranjería explica las diferencias.
Cuando las autoridades
demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el
sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y,
en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que
puede ser aceptada o no.
En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el
recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su
libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en
el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de
adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder
a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que
ofrece el territorio.
“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del
registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas
quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país
de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a
otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. (...)
El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los
funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de
expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a
centros de detención donde esperan a ser deportados." (El País, 12/01/2014)
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