"Es un mercado poco conocido, pero existe. Y se extiende: la venta y alquiler
de casas okupadas. Bandas organizadas ofrecen pisos vacíos —de familias
que han sido desahuciadas o adquiridos por bancos, pero no habitados o,
incluso, de protección oficial y aún no adjudicados— por un precio de
venta de entre 1.000 y 2.000 euros.
El alquiler sale, a la larga, más
caro: por una cantidad que oscila entre los 200 y 400 euros mensuales,
estos grupos aseguran la apertura de la puerta de la vivienda, agua y
luz. Algunos tienen hasta calefacción. Y todo gratis. El nuevo inquilino
no tiene por qué pagar la comunidad de vecinos.
El alojamiento está
asegurado hasta que un juzgado le expulse. Pueden pasar muchos meses,
incluso años. La Federación de Asociación de Vecinos (FRAVM) sostiene que el fenómeno afecta sobre todo a los barrios del sur de la capital.
» Camino Alto de San Isidro, Carabanchel. Hace unos
días todo parecía tranquilo en esta calle del sur de la ciudad. Pero
solo era una ilusión. Los vecinos que caminaban por la calle preferían
acelerar el paso y mirar hacia el suelo para evitar el contacto visual
con tres grupos de hombres que se concentraban frente a unos edificios
de protección social del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
Algunas de las personas del bloque llevaban perros y parecían patrullar.
Un hombre, conocido como El Portugués, no ponía reparos en
admitir lo que ocurría. “Suelo abrir las puertas de pisos que están
vacíos por 500 euros, pero si estoy aquí aburrido, pues venga, puedo
cobrar 300”.
Mientras tanto, uno de sus compañeros coge una navaja. Solo
para afilarla. “También ocupo pisos y los alquilo por 300 euros al mes,
con luz, agua y gas enganchados. Pero igualmente los puedo vender
[ilegalmente] por unos 1.500 euros”.
El impago de hipotecas y de alquileres por la crisis económica ha
generado una doble consecuencia: muchas personas han sido desahuciadas y
se han quedado sin hogar, por lo que el número de viviendas vacías se
ha incrementado notablemente.
Uno de los resultados de esta combinación
ha sido el aumento de las ocupaciones ilegales: personas sin hogar que
aprovechan la “disponibilidad” de estas casas. ¿Pero cómo saber cuáles
carecen de moradores para evitar problemas adicionales?: las bandas
organizadas dan una respuesta por cierta cantidad de dinero. (...)
Dos amigos, Antonio y Paco, de entre 20 y 30 años, arreglan un coche
distraídamente. No lo parece, pero son parte de una de las bandas del
barrio que ocupa ilegalmente inmuebles de bancos para luego venderlos.
“Cobramos de media 1.200 euros por un piso de dos o tres habitaciones,
cocina y agua, gas y luz enganchados. Y tenemos el mejor precio del
barrio, otros grupos te cobrarán 2.000”, explica Paco sin tapujos.
Una vez ocupado el piso, la Policía Nacional solo puede coger los
datos de los moradores para que comience el proceso judicial. El
desahucio únicamente se produce a partir de una orden del juez.
Para
Paco, la lógica del negocio es muy sencilla: “La persona que compra
[ilegalmente] el piso lo va a ocupar por unos años hasta que termine el
juicio. No tendrá que pagar gastos a la comunidad y quizá, después de
unos meses, el banco decida darle un alquiler de 150 euros para ganar
algo. O sea, ahorrará un montón”. (...)
Juan Luis Camarero, portavoz de la Asociación de Vecinos del Alto de San
Isidro, considera que la “principal medida de seguridad no es
incrementar la vigilancia, sino adjudicar rápido las viviendas vacías.
Es la única manera. Las ocupaciones se producen pocos días después de un
desalojo. El Ivima tapia las puertas, pero luego entran usando una
radial sin dificultades”. (...)
"El principal problema es que hay muchas viviendas que están vacías y
personas que no tienen hogar. Las personas ocupan un piso porque viven
en una situación de emergencia social. Y la existencia de estas bandas
organizadas tiene su origen en la necesidad urgente de tener un hogar”,
explica Manuel San Pastor, abogado de la PAH de Madrid.
El grupo
defiende que las familias ocupen, "a través de la Obra Social de la PAH",
las viviendas que estén vacías de los bancos y de protección social.
“Pero el hecho de que alguien se lucre con eso es condenable de
cualquier manera y solo dificulta nuestra lucha por la vivienda digna”,
argumenta San Pastor. (...)
Sonia, una joven gitana que aparenta unos 16 años lleva más de un año
ocupando, con otras 20 familias, todo el edificio 1-B, conocido como el
bloque azul. “Aquí hay de todo: españoles, ecuatorianos, peruanos, gitanos...”, cuenta.
Paga un alquiler de 300 euros, mientras su amiga, Jandira,
abona 200. “Es que mi piso es más grande y tiene dos habitaciones, pero
no pago nada más. Agua, luz y gas están ya enganchados”, asevera. “Este
edificio ya está todo ocupado, pero venga, hay otros vacíos. Un segundo,
voy a llamar al tío Kiko para que le cuente...”. (El País, 23/01/2014)
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