"Según los datos oficiales, la sanidad pública catalana tiene en lista de
espera 181.559 ciudadanos, de los más de siete millones y medio que
están incluidos en su ámbito de cobertura.
La única Comunidad Autónoma
que supera este record histórico es Andalucía. El tiempo medio de espera
en Cataluña es de 7,29 meses, aunque existen grandes diferencias y,
según esos mismos datos oficiales, 3.000 pacientes llevan más de 3 años
esperando para poder ser intervenidos.
Esos son los datos oficiales, pero gracias a las triquiñuelas de los
adictos y adeptos al régimen sanitario imperante, se consigue maquillar
la realidad para que no se compruebe que el incremento de las listas de
espera, bajo la égida de Boi Ruiz, es un auténtico escándalo sin
parangón en Europa ni en el resto de España.
Ese maquillaje consiste en
incluir al paciente en la lista de espera, no en el momento del
diagnóstico, sino cuando ya se le han realizado todas las pruebas
(analítica, electrocardiograma, pruebas radiológicas o de imagen) que
forman parte del estudio preoperatorio, pero que no modifican el
diagnóstico previamente establecido ni la indicación quirúrgica.
Esos
pacientes, ya diagnosticados y pendientes de una operación, son
temporalmente enviados al limbo de las listas de espera y, hasta que no
sean convenientemente "bautizados" por los fieles ángeles y arcángeles
al servicio del sumo hacedor Ruiz, no podrán ingresar en el cielo de las
listas de espera oficiales.
Hace pocos días, el honorable consejero de Salud, ha prometido en sede
parlamentaria que, durante este año, piensa acabar con la espera
padecida por 23.800 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica
que, teóricamente, tienen garantizado un tiempo máximo de 6 meses al
que, en la práctica, nunca se dado cumplimiento.
Se trata de 14 tipos de
intervenciones, debidas a enfermedades no cancerosas pero muy
frecuentes y que pueden resultar severamente invalidantes y, algunas
incluso tributarias de tener complicaciones graves. Se trata de cirugía
por cataratas, prótesis de rodilla y cadera, artroscopias, varices,
cálculos en la vesícula biliar, patología prostática...
Boi Ruiz ha
reconocido que desde que llegó al cargo, las listas de espera para esas
14 patologías que en teoría tienen un tiempo de espera máximo
garantizado, han aumentado en casi 30.000 personas, pero ha
responsabilizado de ese incremento a un "problema estructural", agravado
por el recorte en el presupuesto en sanidad, decidido por el gobierno
del que él forma parte, en los últimos tres años. Según el Sr. Ruiz ese
recorte ha sido del 16% pero, según otras fuentes bien documentadas, no
es inferior al 30%. (...)
un número, según dicen importante pero no concretado, ha abandonado
las listas. ¿Se habrán curado espontáneamente? ¿Tal vez han fallecido?
¿Han buscado una alternativa privada? Y, si es así, ¿han sido atendidos
privadamente dentro del sistema público o fuera de él?
Y así llegamos a la polémica suscitada por algunas denuncias sobre el
traspaso de pacientes desde la sanidad pública a la privada, con la
finalidad de conseguir avanzar en las listas de espera previo pago.
En
un alarde sin precedentes, el mismo consejero que es quien ha inducido,
compelido, autorizado, fomentado, recomendado, alabado y permitido a
todos los centros concertados de Cataluña a esa perversa práctica, con
la finalidad de que consigan así los recursos que él mismo les ha
restringido, tiene la desfachatez de afirmar en sede parlamentaria que
"se trata de una práctica rigurosamente prohibida" y se permite, además,
hacer un llamamiento público recomendando a los ciudadanos que "quien
se vea en esta situación o sospeche que le han engañado y que utilizan
la lista de espera para inducirlo a que vaya pagando, que lo denuncie",
puesto que si esa denuncia se comprueba, su departamento actuará "con
toda contundencia".
¿Qué entiende el Sr. Ruiz por "utilizar la lista de espera para
inducirlo a que vaya pagando"? El consejero sabe perfectamente que los
profesionales ni son responsables ni tan siquiera gestionan esas listas
de espera, por lo que mal pueden utilizarlas para derivar pacientes a la
privada ni para ninguna otra cosa.
No se trata de que el profesional
que indica la intervención o que incluso debe realizarla, la demore de
forma voluntaria e intencionada ofreciéndole al paciente la posibilidad
de adelantarla mediante pago; esa práctica es perseguible legalmente,
pero el consejero sabe perfectamente que la martingala, de la que él
mismo es valedor y promotor, y que consiste en utilizar recursos pagados
con dinero público para favorecer y obtener lucrativos beneficios
privados, no funciona así.
El profesional que atiende al paciente, en
prácticamente todos los casos, se limita a informarle del tiempo de
demora para poder ser intervenido a través de la aseguradora pública
(que no gratuita) y, otros son los que se ocupan de hacerle saber las
"posibilidades" que ese mismo centro u otro pueden ofrecerle y, entre
esos "otros" cabe incluir la difusión mediática, y también de pago, que
se ha dado a algunos centros, como Barna Clínic que, a pesar de recibir
más de 11 millones de euros anuales de los Presupuestos públicos y
utilizar las instalaciones costeadas con recursos también públicos,
realiza exclusivamente actividad privada.
El "modelo" que algunos
centros pretenden imitar, con la colaboración, el beneplácito y la
aquiescencia de los poderes públicos, es el de Barna Clínic pero, eso
sí, sin tener acceso a la generosa partida presupuestaria que la
Consejería del Sr. Ruiz le facilita y que proviene del bolsillo de todos
los ciudadanos, incluso de los que no pueden pagar ni acceder a sus
magníficos servicios sanitarios y de hostelería. (...)" (Carme Pérez, Crónica Global, Lunes, 24 de marzo de 2014)
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