"El 9 de marzo de 2004 Rosario Piudo, una anciana de 87 años, enferma y
con los achaques propios de su edad, fue expulsada judicialmente de su
hogar. Desahuciada por 39 euros que, por error, no pagó a su casero,
deseoso de poder quitarse de en medio a una más de sus inquilinas.
Una
más, para así poder especular con el edificio, situado en el corazón
histórico de Sevilla y que, todavía hoy, sigue cerrado a cal y canto.
Diez años han pasado de aquella “canallada”, como lo definen en la Liga
de Inquilinos La Corrienta, colectivo que nació después de aquel
desalojo para ayudar e intentar proteger a las personas que viven de
alquiler. Desde su nacimiento, en 2005, han atendido más de 3.000 casos
de abusos inmobiliarios.
Cuando aún los desahucios no tenían el eco que tienen hoy, el
de esta mujer fue un caso estremecedor que, al menos, consiguió
visibilizar la expulsión masiva de vecinos, de clase trabajadora y
humilde, del casco antiguo de Sevilla, el más grande de Europa.
Un proceso conocido como gentrificación. Se trataba “sobre todo de
personas mayores y sin apenas habilidades sociales, acogidos a la Ley de
Arrendamientos Antiguos (renta antigua) de 1964″, explican desde La
Corriente.
Un caso estremecedor el de Piudo, pero igual que lo fueron
otros muchos antes y también después. “¿Por qué el de Rosario Piudo sí
consiguió llamar la atención de los medios de comunicación y otros
tantos no? Es algo que no llego a entender”, afirma José Ignacio
Aguilar, activista y abogado por el derecho a una vivienda digna en
Sevilla. (...)
Eran los felices años de la construcción masiva en España, los
grandes años de la burbuja. Y también el de los ‘asustaviejas’, nombre
con el que se conocen a las mafiosas técnicas que constructores y
propietarios han venido utilizando para obligar a los inquilinos a
abandonar sus viviendas, cuya renta de alquiler estaba por debajo del
desorbitado precio de mercado.
“La principal estrategia de los
propietarios era la de no cumplir con su obligación de arreglar el
edificio”, constata Aguilar. Otras técnicas eran la de meter vecinos que
ocasionaran graves problemas de convivencia, y obligar a los vecinos a
marcharse. O conseguir que el ayuntamiento correspndiente declarara en
ruina el inmueble.
“Rosario murió hace cosa de un año, ya estaba muy malita”, informó a
través del teléfono a andalucesdiario.es una monja del asilo de ancianos
de las Hermanitas de los Pobres, en la calle Luis Montoto de Sevilla,
en la que la mujer, con una pensión contributiva de poco más de 400
euros, consiguió plaza, aunque primero fue acogida en casa de una
sobrina, en la localidad de Osuna. Rosario era viuda y no tenía hijos. (...)
Del
Río recuerda el origen de la deuda de su vecina. “Poniéndole puntales
en su casa rompieron la ventana del cuarto de baño, que ella tuvo que
arreglar y pagar, dinero que la propiedad se negó a abonarle. Su forma
de hacer justicia fue dejar de pagar el alquiler, pero el dinero lo
guardaba para cuando lo tuviera que abonar”.
Y así lo hizo, pero al
hacer las cuentas hubo una confusión y se pagó 39 euros menos”. Dolores
acudió a él para que le leyera la carta, en la que se le informaba de
que iba a ser desahuciada. “Ella no era consciente de lo que le estaba
pasando y se puso muy nerviosa”. (...)
Juntos acudieron al juzgado. “Nos echaron de allí, a mí me dijeron
que las cosas eran así, y que se estaba cumpliendo con la ley”, relata
del Río, que contestó: “Se cumple la ley para cometer una injusticia”.
Del día del desalojo, “lleno de solidaridad vecinal”, del Río recuerda una escena, cuando ya se fueron todos del edificio.
“Hubo una escena conmovedora. Llegó una mujer, con su bata y zapatillas
de paño, una mujer humilde, que traía en la mano 39 euros, pensaba que a
Rosario le hacía falta ese dinero para pagar el alquiler”.
El dramático desahucio no quedó sin respuesta. Unos meses
después nació la Plataforma de Inquilinos Amenazados, la PIA, que fue el
germen de la Liga de Inquilinos La Corriente. A nivel
institucional desde el Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE e IU,
se puso en marcha Otainsa, una oficina de atención a inquilinos en
situación de abuso.
Años después, en 2006, comenzaron las movilizaciones
en toda España a favor del derecho a una Vivienda Digna que, en los
últimos años, ha evolucionado en la lucha contra los masivos desahucios
por impagos de hipotecas. En estos últimos años los puntos de
información de vivienda del 15-M han sido clave para ayudar a personas
que no pudieron hacer frente al pago de su hipoteca. (...)" (Público, 23/03/2014)
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