Montserrat Rodríguez, acompañada por integrantes de Stop Desahucios antes de entrar en los juzgados de Córdoba
“Yo no quería llegar a esto”. Montserrat Rodríguez tiene 49 años y una minusvalía reconocida del 71%. Ha pasado varios procesos de cáncer y distintas operaciones; la última, hace poco más de un mes, del corazón. No tiene trabajo y su único ingreso es una pensión por enfermedad de 364 euros al mes. Un dinero insuficiente para pagar una vivienda sin dejar de adquirir alimentos, ropa o lo mínimo para vivir.
Después de recurrir a Cáritas para que le abonara los dos últimos meses del alquiler de la casa en la que vivía y que tuvo que abandonar, al salir del quirófano tras una de sus operaciones se vio sin un techo: “Salía de Reina Sofía (Hospital Universitario de Córdoba) y me veía en la calle”.
Ante esa situación, Montserrat entró a vivir en una vivienda vacía propiedad de Cajasur y este jueves se ha sentado ante el juez de instrucción imputada por un delito de ocupación.
“No podía comprar comida y pagar el alquiler. Recurrí a Cáritas que me ayudaba con una tarjeta para el economato. Pero un ángel caritativo me llamó un día y me dijo que en tal calle había una vivienda abierta para mí”, explica Montserrat, emocionada, antes de entrar en los juzgados de Córdoba.
“Ese ángel éramos todos, Monsterrat”, dice Rafael Carmona, portavoz de Stop Desahucios, en nombre de los integrantes de la plataforma que han acompañado a esta mujer a su cita con el juez, para mostrarle su apoyo y denunciar públicamente su situación.
“Nadie puede vivir en la calle, pero menos puede hacerlo Montserrat con su enfermedad. Tiene todos los requisitos para no estar en la calle en ningún momento; su cuadro clínico así lo dice. Es una aberración pasar por los juzgados por esto”, dicen los activistas antidesahucios.
Porque, además, esta mujer lleva solicitando una vivienda social desde hace siete años. “Es demandante de vivienda pública desde antes de 2007, reiterada en 2009 y, por último, el año pasado”, explican para denunciar a continuación que “los máximos responsables directos de esta situación son los bancos pero también las administraciones”, apunta Carmona.
“¿Dónde están las administraciones responsables para atender las necesidades de nuestra compañera. No podíamos permanecer parados ante tamaña afrenta. No podíamos dejarla sola”. (...)
La Ley de Dependencia la tengo aprobada pero desde hace tres años no me la abonan porque dicen que no hay dinero”, denuncia.
“Yo no quería llegar a esto”, repite entre lágrimas sobre la ocupación de su actual vivienda y su situación personal. Con ella vive su pareja, también en paro, quien junto a otros familiares la atienden para realizar las tareas en casa: “Yo no puedo hacerlo sola, tienen que ayudarme”.
Su situación personal es el argumento que tiene para enfrentarse al juez que instruye el caso tras la denuncia por un delito de ocupación. Y en ese trance, desde Stop Desahucios, esperan que “la justicia dé prioridad a su situación de emergencia antes que a la sinrazón. Creemos que es posible que la justicia entienda eso y busque los vericuetos legales posibles”, dice el portavoz de la plataforma.
Y en su argumentación, los activistas antidesahucios ponen el foco en el caso de Montserrat para denunciar el incumplimiento de los derechos humanos básicos como el de la vivienda y la Constitución, en este caso como en el de decenas de familias. (...)"
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