"(...) El Impuesto de Sociedades se derrumbó en 2008. Pasó, en un solo año, de
aportar cerca de 45.000 millones de euros a la recaudación de los
grandes impuestos de la Agencia Tributaria a quedarse en 27.000
millones.
¿Crisis? En julio de 2008 se pagaba por los resultados
obtenidos en 2007, año en que, según la Central de Balances del Banco de
España, se obtuvieron los mejores resultados de la historia empresarial
española.
Sin embargo, la cuantía declarada ante la Agencia Tributaria
pasó de 177.514 millones en 2007 (correspondiente sobre todo a
beneficios de 2006), a 111.612 millones en 2008. Huele a fraude, sabe a
fraude. ¿Qué será? (...)
Como cada vez que se menciona esta palabra alguien se revuelve y alude a
la crisis como único motivo, Francisco de La Torre facilita en su libro
un gráfico que he colocado en la parte superior de esta reseña, junto a
la portada de ¿Hacienda somos todos? y que replico aquí.
El gráfico pertenece a los profesores David López-Rodríguez (Banco de
España) y Miguel Almunia (University of Warwick) y es parte de una investigación en la que se vio que, como explica De La Torre:
“El número de empresas aumenta de forma inexplicable al borde de los 4,7 millones de euros de facturación, que determina la obligación de auditar cuentas, y de forma aún más espectacular al llegar a los seis millones de euros. Dicho de otra manera, empresas que facturarían 6,01 millones de euros, declaran 5,99 millones. Este pico existe únicamente en las empresas españolas. La razón es que, a partir de un volumen de operaciones de seis millones de euros, las empresas pasan a estar controladas por las Unidades Regionales de Gestión de Grandes Empresas, encuadradas en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria. Muchos directivos de estas empresas consideran que la probabilidad de sufrir una inspección es mucho más elevada si se facturan 6,01 millones de euros”.
No cabe mucha duda. En España, hay fraude
en el impuesto de Sociedades. Unido a la crisis y a la falta de medios
para combatirlo, se obtiene un cóctel letal para las arcas públicas que
se ha intentado paliar con subidas de los tributos de los que no hay
forma de escapar, como el IVA o el IRPF. Pero ni la crisis ni el fraude
explican tampoco la totalidad de lo ocurrido. También hubo una
importante contribución desde el BOE.
A finales de 2010, mientras España dejaba caer la mandíbula ante el
plante de los controladores y el cierre del espacio aéreo, en las
cocinas de Moncloa se aprobaba un beneficio fiscal exclusivo para las
grandes empresas que “como es natural, pasó relativamente desapercibido.
(…)
La idea era sencilla: las nuevas inversiones se podían amortizar
libremente, es decir, se podían pasar a gastos de golpe”, restarse de
los impuestos a pagar. El objetivo teórico era fomentar el aumento de la
inversión y con ello el empleo, pero se eliminó el requisito de
mantenimiento del mismo, qué cosas.
La realidad fue que empresas cuya
actividad necesita de una inversión constante, como las telefónicas o
las eléctricas, convirtieron en gasto, es decir, restaron de lo que
aportaban al fondo común, gigantescas cantidades ligadas a su actividad
diaria, no a nuevas inversiones para crear empleo. La medida se suprimió
en marzo de 2012 pero con los nueve meses que estuvo en vigor le sirvió
para hacer un roto a la Hacienda Pública de 1.400 millones de euros.
Las
facilidades a las grandes empresas y sobre todo a las multinacionales
no son cosa de errores de la crisis ni algo exclusivo de España. A las
empresas se les dan facilidades para invertir e internacionalizarse y al
final se han creado monstruos algunos de los cuales prácticamente no
pagan en ningún lado.(...)" (Ana Tudela Flores - http://latule.com, Attac 27/06/2014)
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