Las SICAV son el vehículo con el que la mayoría de los grandes patrimonios en España administran sus inversiones, librándose de la presión de Hacienda

"(Los SICAV) Se puede estar a favor o en contra de su existencia, pero por un tema práctico, de utilidad, pero no porque sean en sí mismas instituciones perversas.

 La perversión comienza cuando las grandes fortunas del país las usan con fraude de ley para una finalidad distinta de aquella para la que fueron concebidas, la de administrar su patrimonio mobiliario, soportando un gravamen muy inferior al que les correspondería si empleasen una sociedad anónima común.

 El fraude de ley consiste en sortear el requisito de los cien socios mediante la utilización de testaferros (hombres de paja), que vulgarmente reciben el nombre de mariachis (derivado de la canción ranchera “Con dinero o sin dinero…”), de manera que la mayoría de la inversión y el control absoluto de la entidad lo posee una sola persona o, como mucho, una familia.

La respuesta lógica se encuentra en la actuación de la Administración a efectos de perseguir el fraude de ley. En este sentido, la Agencia Tributaria inició en 2004 distintas inspecciones que dieron como resultado el levantamiento de actas a una serie de SICAV que se consideraban fraudulentas por no constituir una institución de inversión colectiva, sino la tapadera de importantes patrimonios que utilizaban este instrumento para reducir el gravamen fiscal, o al menos retardarlo en el tiempo. 

Las actas de la inspección elevaban el gravamen desde el 1 % pagado inicialmente hasta el 35%, tipo entonces vigente del impuesto de sociedades, considerando que estas entidades no cumplían los requisitos para ser consideradas SICAV, ya que en ningún caso el inversor había perdido el control del destino de sus fondos, situación esencial para calificar a una institución de inversión colectiva.

Tales actuaciones levantaron de inmediato todo tipo de reacciones y presiones encaminadas a arrebatar a la inspección fiscal la competencia para decidir si una determinada entidad cumplía o no los requisitos para ser SICAV y entregársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que -como ocurre casi siempre con estos órganos tan independientes, terminan siendo dependientes de los dueños del dinero- se la suponía más proclive a cierta comprensión de los chanchullos fiscales.

Siendo ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes y presidente de la CNMV Manuel Conthe se planteó modificar la ley con esta finalidad, para lo que se echó mano de CiU, formación política siempre dispuesta a defender los intereses del mundo económico y que, a través de la enmienda número 81 a la ley llamada de “Reformas en materia tributaria para el impulso de la productividad”, establecía una disposición adicional tercera (nueva), que fue aprobada por las Cortes y por la que se retiraba la competencia a la inspección de Hacienda, cosa insólita, y se le atribuía a un organismo que ni forma parte de sus preocupaciones ni tiene medios para perseguir el fraude fiscal. 

Además, se dotaba a la medida de carácter retroactivo para que las actas de inspección en trámite quedasen sin efectividad.

 Ni que decir tiene que la CNMV no ha hecho una sola vez la menor intención de declarar fraudulenta a ninguna SICAV, despojándola, en consecuencia, de su privilegiado régimen fiscal.

Las SICAV continúan siendo, por tanto, el vehículo mediante el cual la mayoría de los grandes patrimonios en España administran sus inversiones, librándose casi en su totalidad de la presión de Hacienda. 

 Pero ello no dice nada en contra de esta figura de inversión colectiva en sí, sino que tan solo hace patente que el Gobierno de Zapatero, ahora el de Rajoy y todos los diputados que votaron aquella enmienda (PP, PSOE, CiU, etc.) tenían y tienen la voluntad clara de permitir que este instrumento se utilice fraudulentamente a través de testaferros.  (...)"          (Juan F. Martín Seco, República.com)