"Desde el 29 de agosto ningún extremeño puede solicitar la renta básica.
El Decreto-Ley aprobado por el Gobierno extremeño ese día cerraba la
ventanilla, al menos hasta finales de 2014, pero tenía que ser
ratificado por el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde el PP de
José Antonio Monago no tiene la mayoría absoluta.
El martes 9, una
delegación del Campamento Dignidad, impulsor de la Renta Básica en la
comunidad autónoma, se reunió con Izquierda Unida para asegurarse que el
eventual socio de Gobierno de Monago rechazaba el decreto contra la
renta básica, y de la reunión salía el compromiso de que la coalición
que dirige Pedro Escobar votaría en contra del decreto y de su
tramitación como ley.
Sin embargo, la mañana del 11 de septiembre, dos
de los tres diputados de IU en la asamblea, el propio Escobar y
Alejandro Nogales, han dado su voto a la tramitación como proyecto de
ley del decreto, con lo cual el plan para suspender de facto la renta básica pasa adelante y solo será posible hacer enmiendas parciales al texto lanzado el 29 de agosto.
Desde los Campamentos Dignidad, Manuel Cañada explica a Diagonal que son los primeros sorprendidos, y que no saben "a cambio de qué" se ha producido el cambio de rumbo de Izquierda Unida.
Cañada remite a las críticas al decretazo que hizo el propio Escobar
que dijo que la coalición no daría su voto para que se "inutilizase" la
ley. Hoy sin embargo, Escobar ha dicho que el PP se merecía el "no" y la
"bofetada" pero que se vota a favor para discutir la nueva ley, informa
el Periódico de Extremadura.
Cañada critica que los dirigentes de IU están "encadenados a la
estrategia parlamentaria" y recuerda que desde los Campamentos Dignidad
ya se han denunciado las zancadillas en el largo proceso de dos años
hasta llegar a este punto.
La ley, dice, ha sido incompleta desde el
comienzo, pero ahora la Junta ha decidido tomar una decisión de "huida
hacia adelante" que puede incurrir en prevaricación administrativa,
apunta, como es la de archivar hasta 14.000 solicitudes de renta tras un
silencio administrativo de un año desde la aprobación del decreto, que
puso en marcha esta renta mínima de inserción.
De las 22.000 solicitudes
sólo 8.000 han sido contestadas, y sólo 2.000 personas han percibido la
renta, esto es, menos del 10% de los solicitantes. Es revelador, indica
Cañada, que los propios presupuestos de la Comunidad solo contemplen el
pago de 5.900 solicitudes, lo que deja en un limbo las peticiones de
miles de personas sin ingresos y en situación de necesidad. (...)" (Diagonal, 11/09/2014)
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