"El hacha de las ejecuciones hipotecarias no se para con la crisis. Hace
diez años que Lola García, de 66 años, se marchó a vivir con su madre a
una vivienda social de la empresa pública AUMSA (Actuaciones Urbanas
Municipales SA), propiedad del Ayuntamiento de Valencia.
La madre de
Lola falleció dos años después. Y comenzó entonces el calvario. Lola
lleva ocho años pidiendo regularizar su situación y que AUMSA le
subrogue el contrato de alquiler que firmó su madre con la empresa.
Mientras, sin contrato y sin respuesta municipal, y con una pensión de
311 euros al mes, viven Lola García y una hija afectada por problemas
psiquiátricos, que lleva tres semanas sin salir de casa. El Ayuntamiento
de Valencia lleva ocho años sin ofrecer respuesta, a pesar de los
reclamos y la insistencia de la inquilina.
Lola García recibió una citación para que se presentara en el juzgado el
29 de septiembre, al tiempo que se le comunicaba que un día después se
procedería al desahucio.
Ante la cerrazón de AUMSA, la afectada se puso
en contacto con la PAH-Valencia, que le ha mostrado su total apoyo
(“para que no me echen de casa, acompañarme en el juicio o protestar en
las oficinas de AUMSA”, destaca). El 25 de septiembre la PAH-Valencia
convocó una concentración y rueda de prensa frente al consistorio
valenciano para denunciar la situación.
Frente a la cerrazón municipal, parece que la presión popular ha surtido efecto. “Al ayuntamiento y AUMSA les ha entrado miedo y han suspendido durante 60 días el juicio y el desahucio; pero continúa la amenaza; se nos ha dicho que ahora sí acceden a una reunión”, informa Miguel Pérez, uno de los portavoces de la plataforma.
En un banco de la Plaza del Ayuntamiento, Lola García explica ante los periodistas la particular batalla de ocho años: “pedí a AUMSA la subrogación del alquiler de mi madre. Me solicitaron los certificados de empadronamiento e ingresos, que les presenté; pero o me dicen que no están, o no quieren reunirse conmigo; cuando recibí la citación para el juicio, busqué un abogado de oficio”. Finalmente, “desesperada, contacté con la PAH”. (...)
Frente a la cerrazón municipal, parece que la presión popular ha surtido efecto. “Al ayuntamiento y AUMSA les ha entrado miedo y han suspendido durante 60 días el juicio y el desahucio; pero continúa la amenaza; se nos ha dicho que ahora sí acceden a una reunión”, informa Miguel Pérez, uno de los portavoces de la plataforma.
En un banco de la Plaza del Ayuntamiento, Lola García explica ante los periodistas la particular batalla de ocho años: “pedí a AUMSA la subrogación del alquiler de mi madre. Me solicitaron los certificados de empadronamiento e ingresos, que les presenté; pero o me dicen que no están, o no quieren reunirse conmigo; cuando recibí la citación para el juicio, busqué un abogado de oficio”. Finalmente, “desesperada, contacté con la PAH”. (...)
En la agenda de batalla de la plataforma antidesahucios en el mes de
septiembre figura otro nombre, Rosa Martínez, de 69 años, y con un grado
de minusvalía del 72%. Su caso es otro ejemplo de la voracidad
financiera y la dejación gubernamental. Rosa vive con su hijo de 42
años, enfermo y desde hace años en situación de desempleo. Sus únicos
ingresos son una pensión no contributiva de 340 euros al mes.
El Banco
Primus pretende desahuciarla de una vivienda que, según informa la PAH,
adquirió hace muchos años y ya la tenía pagada; “pero su exmarido pidió
un préstamo personal con garantía hipotecaria, abandonó el hogar y ella
no pudo afrontar el pago”.
Subastada la vivienda, añade la PAH-Valencia en un comunicado, la abogada de Rosa Martínez pidió al juez que aplazara el desahucio por el “grave riesgo de exclusión social” en el que se encuentran Rosa y su hijo. Pero el juzgado de primera instancia número tres de Valencia denegó la petición al basarse, informa la PAH, en que “no cumple las múltiples condiciones que la legislación del gobierno del PP impone para los aplazamientos”.
“Es lamentable que un juez valore menos el derecho constitucional a la vivienda, refrendado por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la literalidad de la norma”, valora la plataforma antidesahucios, que el 8 de septiembre convocó una concentración en la Ciudad de la Justicia de Valencia para visibilizar este caso.
Subastada la vivienda, añade la PAH-Valencia en un comunicado, la abogada de Rosa Martínez pidió al juez que aplazara el desahucio por el “grave riesgo de exclusión social” en el que se encuentran Rosa y su hijo. Pero el juzgado de primera instancia número tres de Valencia denegó la petición al basarse, informa la PAH, en que “no cumple las múltiples condiciones que la legislación del gobierno del PP impone para los aplazamientos”.
“Es lamentable que un juez valore menos el derecho constitucional a la vivienda, refrendado por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la literalidad de la norma”, valora la plataforma antidesahucios, que el 8 de septiembre convocó una concentración en la Ciudad de la Justicia de Valencia para visibilizar este caso.
En la
acción, se denunció el Decreto 27/12 que regular la moratoria de
desahucios, por “injusta”, “cruel”, su “carácter restrictivo” y por “el
cinismo que supone la limitación temporal al derecho a residir en la
única vivienda personal”.
La amenaza de desahucio continúa pendiente. La abogada de Rosa Martínez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con la idea de frenar las intenciones del Banco Primus (a la última asamblea de la PAH-Valencia se acercaron cuatro personas afectadas por demandas de ejecución hipotecaria de esta entidad, que funciona on-line con sede en Lisboa y está bajo el control –con el 100% del capital- de Credit Fondier, líder del mercado hipotecario de crédito francés). (...)" (Enric Llopis
La amenaza de desahucio continúa pendiente. La abogada de Rosa Martínez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, con la idea de frenar las intenciones del Banco Primus (a la última asamblea de la PAH-Valencia se acercaron cuatro personas afectadas por demandas de ejecución hipotecaria de esta entidad, que funciona on-line con sede en Lisboa y está bajo el control –con el 100% del capital- de Credit Fondier, líder del mercado hipotecario de crédito francés). (...)" (Enric Llopis
, Rebelión, 29/09/2014)
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