"La venta de 3.000 pisos de protección oficial del Instituto de la
Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión ha sentado en el
banquillo a un responsable de la Comunidad de Madrid, casi un año
después de que se hiciese pública la noticia. Tras la incertidumbre
inicial sobre cómo afectaría la acción a los inquilinos y sobre la
legalidad de la venta, las primeras consecuencias del desembarco de los
fondos buitre ya se dejan ver. (...)
Una situación parecida es la que protagonizó también el Ayuntamiento de Madrid, que vendió al fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone
18 promociones de vivienda social en la ciudad, por las que también se
enfrenta a otra denuncia por presunta prevaricación. Ambas acciones
penales, contra la Comunidad y el Consistorio, partieron de los
socialistas madrileños. (...)
A continuación, un repaso del conflicto a lo largo de este año a través de cinco claves:
1. Vivienda protegida "atractiva" para los fondos de inversión (...)
La primera reacción del Gobierno madrileño fue felicitarse por la venta, por un precio de 201 millones de euros. Pablo Cavero, consejero de Vivienda, presumió de "crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados". "La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la Administración pública", apuntó. (...)
2. En vacaciones y sin avisar
De este baile de
cifras y millones quedaron al margen las miles de familias que residen
en las viviendas de protección. La enajenación de los pisos fue
negociada a espaldas de los inquilinos, que supieron por carta
después de la venta que, a partir de ese momento, pagarían las
mensualidades a un nuevo casero, según explicó a eldiario.es José Luis
de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI).
Una de las acciones administrativas de los vecinos en contra del IVIMA
fue la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos del
traspaso de información personal al fondo de inversión a Encasa Cibeles sin su consentimiento.
"Se facilitaron datos personales de los vecinos al nuevo propietario
para saber dónde se metía", critica Enrique Villalobos, portavoz de la
AVVI. Muchos de los inquilinos pagan un alquiler reducido debido a una
situación económica precaria, que se han mantenido –por el momento– con
el nuevo arrendador.
La Comunidad de Madrid no les
consideró parte interesada en el proceso, porque defendía que las
condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios.
El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de
caducidad.
3. De ayuda social a oxígeno financiero
El mejor ejemplo es el de Khadija,
que paga un alquiler reducido (de 52 euros en su caso), debido a su
precaria situación económica, reconocida por el IVIMA. Pero los
contratos con la Comunidad de Madrid se revisan cada cierto tiempo, dos
años en muchas ocasiones, y cuando finalice su actual contrato le tocará
renegociar el alquiler con Encasa Cibeles.
En estas situaciones " las ayudas especiales desaparecen",
asegura a eldiario.es José Luis de Roa. "Hay vecinos a los que les han
vencido sus contratos y en Encasa Cibeles les han dicho que ellos no son
una ONG", apunta. Además, los nuevos propietarios han engrosado ya los
gastos a los que deben hacer frente los vecinos. Les exigen, por
ejemplo, el pago del IBI del que antes se hacía cargo el IVIMA.
La Defensora del Pueblo, a la que también acudieron los vecinos, dio la
razón a los afectados en el resultado de la venta: "El cambio de la
figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada
resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de
protección pública". Esto justifica su "condición de interesados en el
proceso de autorización de la venta", añadía la defensoría.
4. Las acciones judiciales en curso
Poco después de que la venta de las viviendas del IVIMA saliese a la luz, varios afectados presentaron un recurso por la vía contencioso-administrativa.
"Denuncian la irregularidad de todo el proceso y la pérdida de vivienda
protegida pública" –explica Enrique Villalobos– "son procesos largos,
pero con bastantes oportunidades de conseguir medidas cautelares que
paralicen o incluso reviertan la concesión a Encasa Cibeles". (...)
Los querellantes denuncian que el precio de la venta fue "irrisorio",
inferior al invertido por la Comunidad, y que además ahora los nuevos
propietarios mantienen los precios fijados en un primer momento por el
IVIMA, en plena burbuja inmobiliaria.
"Se vendió los pisos por un valor
medio de 63.000 euros y ahora ellos siguen exigiendo unos 140.000 o 150.000 euros de media
a las familias con alquiler con derecho a compra", afirma Enrique
Villalobos. "Estas familias no pudieron concursar en igualdad de
condiciones con los fondos de inversión cuando la Comunidad decidió
vender. Es una situación muy perversa", añade el portavoz de afectados. (...)
5. Una lucha para volver con el IVIMA
Las
acciones judiciales y administrativas no tienen otro objetivo que las
viviendas vuelvan a pertenecer a la Comunidad de Madrid. "Vamos a
presentar todas las alegaciones necesarias durante el proceso de
instrucción para que el juez dicte medidas cautelares que paralicen el
traspaso", dice Villalobos.
En su opinión, "una justicia tardía no es
justicia porque no puedes decir a una familia, pasados tres años por
ejemplo, que tenía razón. Tal vez ya no esté viviendo ni en esa casa,
por no ponernos en situaciones más dramáticas", continúa. (...)
En algunas promociones, como la del Ensanche de Vallecas, los contratos
concluidos con el IVIMA han provocado que muchas familias hayan hecho ya
las maletas. En esta parcela de viviendas, más de 150 pisos vacíos han sido ocupados por terceros de manera ilegal. (...)" (Laura Olías
, eldiario.es, 14/09/2014)
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