"(...) Son muchas las medidas que recoge el
programa de PODEMOS, por lo que el autor se ha centrado en valorar la
viabilidad técnica o financiera de las principales. El escenario
conjunto que darían estas medidas podría resumirse en los siguientes
puntos:
- El impacto sobre la distribución de la renta sería positivo, y es probable que bastantes familias salieran de la pobreza, pero la reducción de la tasa de pobreza relativa no sería demasiado grande.
- El impacto fiscal vía gasto sería significativo, pero asumible. Sumando sólo las medidas vinculadas a la puesta en marcha de la renta básica –no universal- y la jubilación anticipada, estaríamos hablando aproximadamente de un 4,3% del PIB anual, lo cual supondría incrementar el gasto público total hasta un 46-48% del PIB, si se decidiera mantener el resto de partidas en los mismos parámetros que los actuales –es decir, sin revertir los recortes en sanidad o educación. Este gasto público consolidaría en buena parte como estructural, elevando de nuevo el déficit público español hasta un 9%, si no se actuara sobre los ingresos. La lucha contra el fraude fiscal es una alternativa pero no es perfecta. Por mucho que se reduzca, parece poco probable que se elimine totalmente, igual que no se elimina el delito. La poco sospechosa de populismo fundación FEDEA estima en alrededor de 40.000 millones el fraude fiscal en España. Suponiendo que un esfuerzo real consigue eliminar el 80% de ese fraude, se podrían liberar unos 32.000 millones, lo cual sería un auténtico logro. En ese caso, el agujero fiscal quedaría reducido –insistimos, sin revertir otros recortes- a unos 10 mil o 12 mil millones, algo mucho más asumible y susceptible de posteriores ajustes. En ese caso, el déficit público de España quedaría en el entorno del 5% del PIB dando por buenas las proyecciones ofrecidas por los Presupuestos Generales del Estado para 2015.
- El impacto en la deuda sería mayor y más difícilmente gestionable. La compra de activos de empresas estratégicas podría suponer un buen pellizco que se debería financiar con nuevas emisiones de deuda, mientras que al mismo tiempo España estaría pensando en realizar una reestructuración de la misma. Parece muy difícil combinar ambas estrategias sin el concurso del Banco Central Europeo, o sin salirnos del Euro.
- El impacto macroeconómico inicial sería positivo, generando un importante impulso a la demanda interna –vía consumo- que posteriormente se trasladaría a largo plazo a los precios y a un mayor déficit por cuenta corriente. (Buena parte del impulso serviría para financiar importaciones). En relación a las políticas de oferta, significaría un incremento de los Costes Laborales Unitarios por un lado y seguramente una menor inversión privada. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el FMI sobre el valor del multiplicador fiscal en situaciones de bajos tipos de interés, seguramente las medidas impulsarían el crecimiento a corto plazo. Cabe señalar que es imprescindible valorar el impacto sobre el crecimiento a largo plazo con simulaciones más detalladas que pudieran dar, más allá del sentido común, una valoración más precisa de los efectos de estas medidas.
- En materia de mercado, las medidas a adoptar sin duda significarían una vuelta a mercados más regulados y con mayor presencia de lo público. Obviando los efectos sobre los compromisos ya asumidos en materia de competencia en el marco de nuestra pertenencia a la Unión Europea, a largo plazo es bastante probable que el efecto de las medidas sobre la Productividad Total de los Factores fuera negativo, dando como resultado un menor crecimiento potencial, a cambio de una mejor distribución de la renta. Esta menor PTF debería ser compensada con una mayor inversión en I+D+i, cuyos efectos sólo se conocen a largo plazo. Es decir, serían necesarios esfuerzos para compensar los efectos negativos sobre la PTF de las medidas planteadas. (...)
Como conclusión: viabilidad técnica moderada, resistencias políticas agudas.
Dejando de lado la retórica de PODEMOS,
tachada de movilizadora o de demagogia populista según se mira de un
lado o de otro, el programa económico de PODEMOS no es necesariamente
descabellado ni convertiría a España en Corea del Norte, Cuba o
Venezuela.
El impulso de la demanda a través de políticas de
redistribución de la renta –que es el centro del programa- es un
componente tradicional de los programas socialdemócratas, y el control
público de los elementos clave de la economía –vía titularidad, vía
regulación- ha formado parte también de dichos programas durante los
treinta gloriosos.
El país de Podemos se parece más a lo que podría
haber sido la evolución de Francia o Suecia si no se hubiera producido
la revolución conservadora de los años 80.
Sin embargo, no podemos echar hacia atrás
el tiempo, y esa revolución se produjo, y triunfó. El desequilibrio de
fuerzas plasmado en el marco institucional (globalización, Unión
Europea) en el que se mueve la economía Española existe y no se puede
obviar.
Obviarlo es irresponsable, porque es ahí donde se producirán la
mayoría de los efectos perversos de las medidas contenidas en su
programa económico. Plantear un proyecto que requiere modificar ese
marco institucional excede las fuerzas de PODEMOS y si llegan a
gobernar, PODEMOS tendrá que pactar con la realidad y destilar, de su
proyecto político y social, un programa de gobierno lo suficientemente
transformador como para diferenciarse de la socialdemocracia, al tiempo
que no se choca con los muros de una realidad institucional que no va a
ser capaz de transformar tan fácilmente y que le va a recibir de manera
francamente hostil." (José Moisés Martín Carretero, Economistas frente a la crisis, 01/10/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario