"(...) Estas semanas pasadas hemos conocido la subida del 11% del precio de la luz en el tercer trimestre.
Esa subida no hará más que agravar el problema de pobreza energética,
que en el último invierno se cifró en unos 3 millones de familias, un
15% del total, y supondrá un sobrecoste para todos los consumidores, que
ya pagan una de las energías más caras de Europa. Incluso Competencia piensa que el sistema de fijación de precios es equivocado. (...)
El Gobierno ha fracasado, y lo ha hecho por su falta de voluntad para
guiarse por criterios técnicos y científicos que busquen el bien común, y
por su absoluta sumisión a las eléctricas, que controlan por completo
la política energética del país. (...)
Desde que el PP aprobó la Ley del Sector Eléctrico en 1997, los
españoles hemos estado pagando más de lo que deberíamos pagar en la
factura de la luz. El mecanismo de fijación de precios consignado en esa
ley, el pool, ha provocado que estemos pagando la energía producida por
centrales amortizadas, como nucleares o hidroeléctricas, a precio de la
energía más cara, el gas.
Estos “windfall profits”, o beneficios caídos del cielo, se pueden cifrar en unos 3.000 millones de euros anuales, según estimaciones del Observatorio Crítico de la Energía.
A ese sobrecoste hay que añadir las subvenciones encubiertas de 750
millones a la gran industria —que abonamos en la factura a causa de la
interrumpibilidad—, el pago del déficit de tarifa —que supone entre
1.300 y 3.000 millones—, las subvenciones al carbón, el sobrecoste
evitable en los sistemas extrapeninsulares o los pagos por capacidad a
las centrales de gas.
Por todos esos conceptos se estima que los españoles pagamos en
nuestra factura unos 6.000 millones de euros anuales más de lo que
deberíamos. Estos sobrecostes hacen que las eléctricas españolas doblen los márgenes de beneficios
de sus homólogas europeas, con un 6,78% en 2012 frente al 2,62%. Eso
explica, a su vez, el interés de las grandes multinacionales energéticas
por las eléctricas españolas (...)
Por otra parte, se cifran en 40.000 millones de euros las importaciones energéticas, lo que supone todo un lastre para nuestra economía. España tiene una dependencia energética, cifrada en un 75%,
una de las más altas de los grandes países europeos. El Estado, en
lugar de estimular la eficiencia energética y el ahorro —lo que
mejorarían la competitividad y la sostenibilidad del sistema—, toma
medidas que favorecen el consumo y el derroche de energía, como sucede
con las tarifas planas o con el aumento del precio de la potencia
respecto al consumo. (...)
Es prioritario abordar una profunda reforma del mercado eléctrico,
basada en un cambio del sistema de pool actual por el sistema que regía
hasta 1997, donde el Estado auditaba los costes de la producción y
fijaba los precios, o bien, por un sistema de subastas de potencia para
cada una de las tecnologías, que incluya en ellos las externalidades de
cada fuente de energía y ponga fin a las prácticas oligopólicas que hoy
rigen el mercado. Hay que acabar con los pagos por capacidad y de
interrumpibilidad. (...)
Urge solucionar el problema del déficit de tarifa. Pese al enorme
sobrecoste que el sistema eléctrico tiene para todos los consumidores y a
pesar de los enormes beneficios de las eléctricas, éstas sostienen que
se les debe pagar más.
Por supuesto, esas cantidades no han sido
auditadas, ni proceden de ningún tipo de estudio científico, sino más
bien de un “deseo de cobro” de las propias empresas eléctricas, admitido
sin rechistar por los gobiernos de turno.
La cifra ya alcanza los
30.000 millones de euros y en 2014 sigue sin control.
Para afrontar la situación, debe realizarse, en primer lugar, una
auditoría que determine qué parte de dichas cifras de déficit es
ilegítima. Esa parte no se pagaría. (...)
Es necesario plantear una apuesta decidida por las energías renovables
basadas en la I+D+i y en la industria nacional, que permita crear empleo
y generar valor añadido. (...)
Sin pretensión de agotar aquí la lista de propuestas, hace falta una
normativa que impulse el autoconsumo, la energía distribuida y el
balance neto —a semejanza de lo que ya existen en territorios más
avanzados, como California (un millón de tejados solares), Alemania
(otro millón) o Australia (medio millón)—, potenciando y permitiendo placas solares fotovoltaicas
y de agua caliente sanitaria, tanto en tejados públicos y comunitarios
como de naves industriales y particulares.
En las condiciones actuales,
las empresas coinciden en señalar que las instalaciones de autoconsumo
se amortizan en 5 ó 7 años y que el balance neto permitiría reducir más
el periodo de amortización y los costes asociados. Con ello, podría
movilizarse un gran volumen de inversión privada hacia el autoconsumo,
dinamizando la actividad en el sector y facilitando la creación de unos
80.000 empleos directos, según CCOO. (...)" (Álvaro Gaertner Aranda, Fernando Prieto, Econonuestra, 07/11/2014)
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