"(...) Es cierto que el término deuda ilegítima asusta a
algunos clásicos, aunque lo que verdaderamente espanta a algunos es que
parte de esta deuda pudiera impagarse, como si fuera la primera vez en
la historia que se producen restructuraciones de deuda pública y privada
en Europa, América Latina u otras zonas del planeta.
Por ello, es
conveniente descifrar, e intentar cuantificar, lo que se denomina Deuda
Ilegítima, no tanto en el sentido jurídico, sino en uno más referido al
uso discrecional del endeudamiento para usos espurios, máxime en
momentos de recortes en prestaciones públicas. (...)
La pregunta relevante, por tanto, es cuánta deuda ilegítima tenemos en
estos momentos. Algunas estimaciones, como las del Interventor Agustín
Turiel, han alcanzado los 110.000 millones de euros hasta 2011, a
lo que hay que añadir 12.539 millones de intereses, es decir más de
120.000 millones de euros, un 12% del PIB. La cuantificación
podría llegar hasta los 250.000 millones de euros en 2013, solo en la
Administración General del Estado.
Si a esto se añadiese, la deuda de
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la cifra de deuda ilegítima
llegaría a cifras muy significativas, dada la querencia a participar y
financiar empresas privadas y públicas que tienen los Gobiernos
Autónomos y algunos Ayuntamientos, como el de Madrid.
En suma, el debate tiene dos partes. Por un lado, entender que el
término deuda ilegítima es coherente con la práctica presupuestaria en
España y en segundo lugar, si estos montantes son susceptibles de
restructuración o incluso impago coordinado, como piensan otros.
Pero
sobre todo, lo que los ciudadanos deben saber es que mientras hay
recortes de gasto y pérdida de prestaciones públicas, el Estado y las
CCAA se endeudan para financiar, con beneficio o no, empresas privadas y
públicas, siempre en aras de favorecer intereses políticos y clientelares." (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 09/11/2014)
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