¿Para qué una auditoría de la deuda? Para que la ciudadanía responda a esta pregunta: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando la deuda a los bancos?

"(...) ¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?

El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. 

Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. 

Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.

Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.

Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.

¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?

Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. 

Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). 

Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.

¿Cómo reaccionarían los ‘mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?

Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los “mercados”), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible.

 Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. 

 La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.

Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?

Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel –municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.

Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.

¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?

Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.

Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa “represión” al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.

Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. 

Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.

¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?

Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la “devaluación interna” (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social.

 Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.

El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno. (...)"           (Entrevista a Bibiana Medialdea, Attac España, 25/11/2014)