"(...) Imaginemos por un momento que el administrador de una comunidad de
vecinos, con el pretexto de ahorrar en las facturas del agua y
calefacción centralizadas, decide que se debe construir una enorme
bombona de butano en un altillo del bloque, para comprar gas cuando es
barato y guardarlo como reserva para el invierno y obtener así una
calefacción más barata.
El administrador se lo comenta a su fiel vecino y
le parece una gran idea: de hecho el vecino convence al administrador
que contrate a un manitas amiguete suyo. A un amigo no se le hacen
preguntas raras como si tiene experiencia en este tipo de obras o si
sabe hacer los estudios previos, así que sin más publicidad, se
adjudica.
Pero resulta que por aquello de los márgenes de beneficio, el
amiguete calculó mal y solo la instalación de la bombona ya provoca
grietas y temblores en todo el bloque de viviendas.
Cunde el pánico en la comunidad porque ni siquiera se ha puesto en
funcionamiento el invento y sólo con las primeras pruebas ya hay daños
considerables. Las obras se paralizan. Pero el chapuzas exige que se le
pague la mano de obra.
El total sube tanto que ni con una derrama es
suficiente. El vecino y el administrador deciden incrementar el recibo
de la comunidad tantos meses como cueste pagarlo, más los intereses, por
supuesto, no sea que el amigo vaya a perder el dinero invertido. Total,
lo firmado hoy firmado queda y cuando haya asamblea de vecinos no se
podrá cambiar.
El proyecto de gas Castor ha tenido una historia semejante, solo que
en ella el encargado de la obra no es un manitas chapuzas cualquiera
sino que es el empresario estrella del país, con operaciones aquí y
allá, clubes de futbol y millones a mansalva.
Sí, hablamos de Florentino Pérez cuya empresa ACS es propietaria del 66,6% de la sociedad Escal UGS, concesionaria del proyecto Castor.
Por supuesto el fiel vecino no es otro que el gobierno de España, una
mera marioneta del sistema.
Y el administrador es nada menos que Jean-Claude Juncker presidente de la Comisión Europea y propulsor, cuando era primer ministro de Luxemburgo, de los Project Bonds,
que consisten en financiar mediante dinero público aportado por el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) las empresas privadas en las grandes
construcciones de infraestructuras.
En la práctica se traduce en el uso
de fondos públicos para asumir los riesgos de los inversores de los
mercados de capital motivándolos así a invertir en grades proyectos de
infraestructuras.
¿Qué riesgos? Pues el mayor de ellos sin duda era la ambiciosa
operación geotécnica que implicaba el proyecto… Y salió mal: centenares
de terremotos en la zona y la posibilidad de “haber despertado la falla“.
No se sabía si eso pasaría pero sí que se sabía qué se haría si pasaba: que los vecinos pagarían. 4.731 millones de euros
a cargo del contribuyente que se cobrarán a través de nuestras facturas
mensuales del gas.
1.350 millones del total ya han sido avanzados por
bancos como el Santander, Bankia y Caixabank por orden del Gobierno
antes de agotar el plazo de 30 días, mientras otras transferencias a
servicios públicos se retrasan meses o incluso nunca llegan, aún
teniendo una sentencia del Tribunal Supremo que permitía no tener que hacerlo.
El BEI, que era el que protegía del riesgo y por lo tanto el último
en cobrar, ni está ni se le espera: solo ha servido para atraer buitres a
comer, eso sí, no con su dinero: la ciudadanía española es la única que
paga la fiesta.
Pero ni habiendo probado el vino, la resaca se
prolongará 30 largos años, pues las refinanciaciones son más que
previsibles. Un cuadro que dejó sin palabras al representante de la
Comisión Europea en una mesa redonda en el Parlamento Europeo.
En todo este asunto, las cuentas de ACS y las de sus accionistas no
se han despeinado, ni tampoco sus negocios, ya que por octavo año
consecutivo sigue siendo el primer grupo mundial en consesiones de
transporte de todo el mundo. (...)
¿qué pasa cuando hay pérdidas? Que las asume el público, esto es, la
ciudadanía. La deuda socializada es la bisagra que permite que el
sistema funcione. ¿De qué otra manera se podrían asumir los peligros de
inversiones especulativas de alto riesgo?
Se dice a menudo que el crédito financiero de las
administraciones públicas va a una caja única y es imposible determinar
qué deuda es ilegítima y qué no lo es. Eso es falso: en el caso
del Castor, como en otras infraestructuras, o en el caso del Ejército,
tenemos decenas de ejemplos donde el fraude y la especulación producen
cócteles de deuda ilegítima que se beben los inversores a cuenta del
contribuyente. El Castor es nuestro caso más reciente. Auditar las
cuentas y señalar a los responsables es indispensable. Tener la
información, vital.
La deuda del Castor muestra unos acuerdos claramente beneficiosos
solo para unos actores determinados, también identificables. El
resultado, como ilustraba nuestra historieta de la comunidad de vecinos,
es claramente un fraude que no debiéramos pagar.(...)" (Mònica Guiteras, Aleix Porta,Público, 21/12/2014)
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