"Al día mueren doce personas, según la Plataforma de Afectados por Hepatitis C. Pero el ministro de Sanidad pide “responsabilidad” y que no se haga “demagogia”.
Seguramente preferiría que murieran en silencio, sin hacer ruido, sin
encerrarse en los hospitales, sin manifestarse para sacar a la calle su
drama y la incompetencia de un Gobierno, que se niega incluso a
recibirlos. (...)
Según las asociaciones especializadas, como la Asociación Española del Estudio del Hígado,
se debería de tratar a 35.000 personas en 2015. Pero el ministro de
Sanidad solo ofrecerá tratamiento a una exigua minoría de 6.000 personas
este año: a los que esperan un trasplante de hígado, a los ya
trasplantados y a los que tienen cirrosis avanzada. Se les está negando a
la gran mayoría de los enfermos el derecho constitucional a la salud y
otros derechos fundamentales.
Y se está aplicando una visión miope desde
el punto de vista de la prevención e incluso del ahorro del gasto
sanitario. Los hepatólogos son partidarios de aplicar tratamientos
tempranos para eliminar el virus de la hepatitis C y que el hígado se
pueda regenerar y evitar que las personas enfermen hacia cirrosis o
cáncer, que luego son más costosos de tratar.
Las razones del
Gobierno para escatimar el fármaco están en el coste del medicamento que
ellos mismos han pactado con la multinacional. La empresa Gilead
cobra 25.000 euros por un medicamento que cuesta producir 115 euros. Y
un tratamiento completo puede ascender a más de 40.000 euros.
Todo un
atraco a mano armada. Multiplicar por doscientos el coste de producción
como precio de venta es algo tan desmesurado que no se puede justificar
para recuperar la inversión realizada en la investigación. Un volumen de
enfermos tan alto lo garantiza, tanto en España como en el mundo, donde
la OMS calcula que puede haber 130 millones de afectados.
Prueba de los desorbitados beneficios es que Gilead ha tenido 11.200
millones de euros en ventas de Sofosbuvir en 2014. Eso da para comprar
muchas complicidades y poner a los gobiernos al servicio de sus
intereses. (...)
El Gobierno, para intentar torear el problema, se ha visto obligado a
poner en marcha un comité de expertos y un plan nacional para determinar
el número de pacientes y los criterios y prioridades en los
tratamientos. Se han dado un plazo de tres meses, demasiado largo por la
demora que se lleva en abordar un problema que es urgente por las
muertes que se producen.
Poco podemos esperar del comité de expertos en
la medida en que la mayoría de sus miembros tienen una acusada falta de
independencia respecto a las multinacionales farmacéuticas y con el
laboratorio Gilead en concreto. Joan Rodés , el presidente del
comité y muy relacionado con Farmaindustria , ya adelanto que “los que
tengan una fibrosis mínima tendrán que esperar”. (...)
Con carácter estratégico habría que poner en marcha una investigación y
una industria farmacéutica pública para asegurar el acceso universal a
los medicamentos necesarios. El caso del medicamento Sovaldi contra la hepatitis C es un claro ejemplo de la ruinosa privatización de la investigación biomédica . (...)" (Agustín Moreno , Cuarto Poder, en Rebelión, 20/01/2015)
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