"Hace unas semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó un informe sobre la “determinación del índice de revalorización de las pensiones”
en 2015.
En él se ofrecen datos interesantes que ponen de manifiesto la
entidad de los cambios introducidos el pasado año en nuestro sistema
público de pensiones y que lo convierten en una excepción en la UE. (...)
Lo cierto es que con este sistema España no respeta la línea roja que
para el resto de países europeos supone el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones (...)
Pero ahora lo que interesa es que por vez primera el índice de
revalorización ha sido aplicado. De un modo poco transparente, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha limitado a anunciar que el
resultado de la nueva fórmula es negativo y que, por tanto, las
pensiones se han de incrementar ese mínimo del 0,25% (...)
Y teniendo en cuenta el lastre que en el equilibrio de las cuentas han
de suponer ejercicios como los de 2012, 2013 ó 2014 –con déficit anuales
de más del 1% del PIB–, lo más probable es que ese impacto negativo dé
lugar a la subida mínima del 0,25%.
Es decir que en el quinquenio
2016-2020 los pensionistas perderían poder adquisitivo a razón de un
1,55% (inflación del 1,8 menos subida del 0,25) por ejercicio: un
alarmante empobrecimiento de casi 8 puntos en tan sólo cinco años, que
pone en serio peligro la suficiencia de las pensiones y refuerza las
dudas de inconstitucionalidad del novedoso mecanismo de revalorización
(¿o más bien devaluación?). (...)
Engaños para aprobar la Ley y un futuro de recortes continuados: los
pensionistas, y la ciudadanía en general, necesitan urgentemente una
explicación." (
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