"España no sale bien parada en el informe que han elaborado los
observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) con las conclusiones de su visita a Madrid en marzo del
año pasado para supervisar el desarrollo de las Marchas por la Dignidad
22-M.
(...) sus autores denuncian la contundencia con la que las autoridades
españolas persiguen y sancionan habitualmente a los ciudadanos que
participan en manifestaciones no comunicadas, aunque sean pacíficas, y
también la petición de responsabilidades a los organizadores de las
protestas.
Las críticas figuran en el informe “Seguimiento de la Libertad de la Reuniones Pacíficas“, un documento de 104 páginas que han elaborado los observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR, en inglés) de la OSCE
tras inspeccionar in situ el ejercicio del derecho de manifestación en
diferentes países europeos entre mayo de 2013 y julio de 2014.
La única protesta monitorizada en España por los funcionarios de la
OSCE, precisamente fue una de las más violentas que se han registrado
desde el inicio de la era democrática, las marchas del 22-M. (...)
Pero los observadores sí se extienden, en cambio, sobre las precarias
condiciones en las que a su juicio se ejerce el derecho de manifestación
contra España. Su dictamen en este sentido es contundente. El informe
denuncia que la legislación española contemple sanciones contra los
promotores de manifestaciones que no hayan sido prohibidas por el mero
hecho de que no se hayan comunicado previamente.
Asimismo, censura que
los ciudadanos que participen en esas manifestaciones no prohibidas
puedan ser igualmente multados." (Un informe de la OSCE acusa a España de perseguir el derecho de manifestación, de Iván Gil y José María Olmo en El Confidencial, en Caffe Reggio, 04/02/2015)
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