"(...) Madrid ha sufrido un proceso privatizador desde que recibió las
transferencias del INSALUD (enero de 2002), con cambios legislativos,
incluso previos a estas transferencias, que demuestran que el gobierno
del PP estaba firmemente comprometido con la política privatizadora. (...)
En abril de 2012 se aprueba por el gobierno central
el RDL 16/2012 que incide de manera importante sobre la Sanidad
madrileña, y cuyo análisis detallado ya se ha hecho en numerosas
ocasiones, solo resaltar que supone:
-
Cambio del modelo sanitario, pasando de un sistema sanitario que se basaba en la residencia a otro basado en el aseguramiento.
-
Exclusiones de la asistencia sanitaria. Como
resultado de los anterior se excluye del derecho a la asistencia
sanitaria a los inmigrantes no regularizados, a las personas con
ingresos superiores a los 100.000€ y a las que pasen en el extranjero un
periodo superior a 90 días.
-
Cambios en la cartera de servicios, que se fracciona
en 3 niveles: la básica que seguirá siendo gratuita y la complementaria y
la suplementaria sujetas a copagos.
-
Copagos generalizados, como son el cambio del copago
farmacéutico (que se amplía a los pensionistas y se incrementa en los
activos) y la inclusión de copagos por el transporte sanitario no
urgente, las dietas, las órtesis y las prótesis.
-
Nuevo medicamentazo, excluyendo un centenar de medicamentos de la financiación pública.
El resultado son exclusiones de la atención sanitaria
con muchas personas que carecen de la misma, disminución de las
prestaciones del SNS y barreras económicas en el acceso a muchas
prestaciones necesarias que penalizan a las personas mas enfermas y con
mas problemas de salud. (...)
En noviembre de 2012 el Gobierno de la Comunidad
aprueba el que denomina “Plan de medidas de garantías y sostenibilidad
del sistema sanitario público de Madrid” que supone las siguientes
transformaciones para el sistema sanitario madrileño:
-
Un nuevo recorte presupuestario, centrado en el
sistema público; así, los hospitales públicos tienen una disminución del
16,19% mientras que los privados incrementan su presupuesto en el 5%;
la atención primaria tiene un nuevo recorte (-7,06%) y disminuyen los
presupuestos en planificación sanitaria (- 28%), promoción de la salud
(-37%), infraestructuras y equipamientos (-68%) y en la agencia
antidroga (-15,6%)
-
Privatización de servicios no sanitarios, con la desaparición de 26 categorías profesionales
-
Transformación del hospital de La Princesa en un centro de media y larga estancia
-
Privatización total de 6 hospitales PFI (los que funcionaban como empresas públicas diferenciadas)
-
Conversión del hospital Carlos III en centro de media y larga estancia
-
Cierre del Instituto Cardiológico
-
Unificación de servicios de los hospitales 12 Octubre y Puerta de Hierro (Majadahonda) a pesar de estar a 25,6 Km
-
Privatización del anillo radiológico
-
Concentración de laboratorios
-
Privatización de 27 centros de salud
-
Establecimiento de una tasa de un euro por receta
El rechazo a este plan de recortes y privatizaciones
fue lo que provocó el inicio de las movilizaciones sociales y
profesionales que se han conocido como “Marea Blanca” y cuyos resultados
son bien conocidos, consiguiendo parar una parte importante del Plan:
el hospital de la Princesa continúa siendo un hospital general, no se
privatizaron los 6 hospitales PFI ni los centros de salud, ni el anillo
radiológico, no se concentraron los laboratorios ni se unificaron los
servicios, y el euro por receta quedó paralizado por el Tribunal
Constitucional.
Las derivaciones
Otro de los mecanismos para privatizar la Sanidad
madrileña ha sido la sistemática derivación a centros privados de las
intervenciones quirúrgicas, de las pruebas diagnósticas y de las
consultas de especialistas, utilizando para ello el “centro de llamadas”
privatizado que gestiona la empresa Indra.
Tras las movilizaciones que
demostraron el rechazo frontal de profesionales y ciudadanía a las
privatizaciones, este mecanismo se incrementó de una manera muy
importante utilizando en más de un caso mecanismos como la
infrautilización de los recursos tecnológicos públicos para
favorecerlas.
En 2014 al 37,53% de las personas que se habían realizado
una prueba diagnóstica y/o estaban en lista de espera quirúrgica, se les
había intentado derivar a centros privados. En todo caso también se ha
evidenciado el rechazo de la población a estas derivaciones (por poner
un ejemplo, en diciembre de 2013, el 50,20% de quienes estaban en lista
de espera quirúrgica se habían negado a ser derivados a centros
privados)." (Sergio Fernández Ruiz , La Marea, 01/02/2015)
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