Gloria, Javier y su hijo conservan la casa, pero siguen malviviendo. Foto: Juan Manzanara
"Por unos días, a veces solo horas, se convierten en
personas famosas. Una popularidad efímera y no deseada. Aparecen en
televisión, su nombre sale en los periódicos y son protagonistas de
manifestaciones y protestas. En el mejor de los casos logran un acuerdo
con la entidad bancaria que evita el desahucio. Nada más.
Las deudas se multiplican y siguen malviviendo, pero ahora son obviados
por los medios. Las cámaras y micrófonos se van, quizás a otra casa,
puede que a la del vecino. Dejaron de pagar la hipoteca
o el alquiler porque “lo primero es comer”. Después del pacto con el
banco, ese sigue siendo el objetivo prioritario. "Faltaría más".
Los casos se repiten diariamente en España. Con
distintas características, pero con un denominador común: el miedo a
perder su casa. Un temor que vivieron en sus propias carnes Gloria
Chaparro (39 años), Javier Aranaz (42) y su hijo, también Javier, de 11
años.
El 5 de febrero de 2013 llegaron a un acuerdo
con el banco. En aquel momento se calmaron, vieron luz al final del
túnel. Dos años después están inmersos de nuevo en la oscuridad.
Aseguran que han cambiado: “Somos más bordes, más ariscos”.
La cara más cruel del ser humano se ceba con su hijo: acariciando a
Luke, el perro de la familia, relata que en el colegio le llaman “pobre
de mierda”. “Muérete, muerto de hambre”, le espetan. El pequeño acude al
psiquiatra periódicamente. “Lo ha vivido todo y ha madurado antes. Ha
aprendido a plantar cara”, dicen sus padres.
El mes de mayo de 2012 supuso un antes y un después para esta familia. Hartos de no tener ni para comer decidieron no pagar más la hipoteca. “Pensamos: que sea lo que Dios quiera”, recuerda Gloria. Sabían lo que podía suceder, lo veían cada día en el Telediario.
Fue una decisión difícil a la que llegaron después de mucha reflexión.
En 2006 compraron un piso de 60 metros cuadrados, dos habitaciones y 40
años de antigüedad por 150.000 euros en el barrio zaragozano de La Jota.
Firmaron la hipoteca con La Caixa y la
cuota mensual era de 400 euros. Javier cobraba 1.000 y su mujer no
trabajaba. “En la caja nos pusieron alfombra roja, pero después tiraron
de ella con nosotros encima y la caída fue tremenda”.
La nómina empezó a llegar tarde (cuando lo hacía) y
Javier se vio en el paro hasta cuatro veces. Entre 2006 y 2011 la cuota
pasó de 400 euros a 670. Ni siquiera con el préstamo ICO Moratoria que les concedió el Gobierno de España, y que reducía la cuota a la mitad, eran capaces de hacer frente.
Acudieron a Stop Desahucios
inmediatamente. “Nos sentíamos culpables”, asegura Gloria. Comenzaron
entonces su particular lucha para evitar verse en la calle. Salieron en
un conocido programa de la televisión autonómica, hicieron entrevistas,
se manifestaron en la puerta del banco e incluso fueron a las Cortes de Aragón.
Ahora creen que todo aquello sirvió para meter presión. El banco
ofreció un acuerdo: una compra-venta (“que no es lo mismo que una dación en pago”) y un posterior alquiler social de 200 euros durante dos años y 227 + IPC para los tres siguientes.
La hipoteca contratada era de 150.000 euros. A pesar de llevar muchos
meses pagando, la deuda con el banco no se redujo. Todo lo contrario.
Los intereses hicieron que la cantidad reclamada fuera de 153.000.
La
operación de compra-venta consistía en el que La Caixa les compraba el
piso por 60.000 euros (dinero que en ningún momento pasó por sus manos) y
les “perdonaban” el resto de la deuda. “¿Sabéis que esto es ilegal,
no?”, les preguntó el notario antes de firmar. “Sí, pero no podemos
hacer otra cosa”.
No han hecho cálculos del dinero
que han perdido, “para qué”, responde Gloria. El mes pasado lograron que
el banco les mantuviera la cuota de 200 euros durante dos años más.
Después, en 2017, pagarán 227 + IPC. Posteriormente nadie sabe qué
ocurrirá. Son conscientes de que, dentro de tres años, les pueden echar a
la calle. De que lo vivido se puede repetir. Pero su preocupación es
comer cada día. Vislumbran un horizonte muy cercano.
Javier trabaja en la actualidad de lo suyo, soldador, y
cobra 1.000 euros. De ahí pagan los 200 del alquiler, la letra del
coche, otra de un préstamo que solicitaron para tratar de salvar la
situación y los gastos habituales. Casi no les queda nada para
alimentarse.
El banco les reclama judicialmente alrededor de 12.000 euros, 8.000 del ICO Moratoria
y el resto por intereses de demora. Han llegado a devolverles recibos
de luz y agua de tres meses, “porque todo se lo quedan para pagar la
deuda que nos reclaman”. Cuando entran en La Caixa “la subdirectora
desaparece”; antes todo eran buenas palabras y aumentos del crédito de
las tarjetas.
Javier recibe su nómina en mano para evitar que la entidad bancaria se la embargue. Pero el embargo llega ahora del Juzgado:
en unos meses comenzarán a retenerle un 15%; ese dinero irá,
directamente, de su empresa a la institución judicial. El coche lo
mantienen porque no está a su nombre, es de leasing.
Por si fuera poco, el pasado viernes tuvieron que ir al Juzgado porque El Corte Inglés les reclama 500 euros de una compra de material escolar. Con la que tienen encima, casi no le dan importancia.
A Javier y a Gloria les hierve la sangre cuando leen que
a Grecia se le reclama dinero y a los bancos no. Exigen que les
expropien a las entidades bancarias las viviendas vacías, “que haya un
parque público dirigido por un Gobierno en condiciones”. Javier afirma
sin ambages que en España hay exclusión social: "llevo trabajando desde los 18 años para que ahora me traten así”.
“Nos da igual que la Policía se ponga en la puerta de casa y nos quiera echar”. Han perdido incluso el miedo." (Óscar F. Civieta
- Zaragoza, eldiario.es, 09/03/2015)
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