"El pasado 4 de abril el Estado griego nombró un Comité parlamentario,
The Debt Truth Commitee (Comité de la Verdad sobre la Deuda), para
analizar los orígenes de la deuda pública y por qué ha ido aumentando
considerablemente durante los años de la Gran Recesión.
(...) tal Comité es también analizar la legalidad de tal deuda, es decir, ver
si los mecanismos que se utilizaron para su establecimiento eran legales
o ilegales, tal como se concluyó que fueron en el análisis de las
deudas públicas en casos anteriores, como en Cuba en 1898, en Irak en
2003 y en Ecuador en 2007.
En estos casos la deuda pública se anuló
precisamente por haberse demostrado que en ninguno de ellos se había
respetado la legalidad internacional (ver Ozlem Onaran, “Should Greece
Pay Back its Debt?”, Social Europe Journal, 23 de abril de 2015). (...)
Pues bien, parece que, como señala Ozlem Onaran en el citado artículo,
hay abundante evidencia de que tales leyes internacionales tampoco
fueron respetadas en el establecimiento y crecimiento de la deuda
pública griega, unas leyes reconocidas por las Naciones Unidas y por la
propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Así,
las leyes que rigen el establecimiento de la Seguridad Social Europea
han sido violadas sistemática y continuamente en el inicio y
engrandecimiento de tal deuda pública. Y todas estas leyes tienen en
común un principio básico y es que el Estado no puede intervenir para
infringir los derechos humanos de su población.
La evidencia acumulada
es que durante los años de la Gran Recesión, gran número de Estados
–incluido el griego- han tenido un efecto muy negativo sobre estos
derechos humanos (como el de la salud y bienestar de sus ciudadanos) con
la aplicación de sus políticas. (...)
En realidad, estudios han mostrado que
si no se hubieran aplicado las políticas de austeridad para pagar la
deuda, la economía griega no hubiera perdido el 25% de su PIB como ha
ocurrido. Las enormes crisis humanas creadas por estas políticas de
austeridad están violando los derechos humanos de la población afectada
por ellas.
Soy consciente de que algunos lectores
expresarán dudas de la eficacia de tales argumentos legales pues, en
general, los derechos de propiedad siempre se respetan más que los
derechos humanos. Pero un principio que, al menos en teoría, se aplica
para que un Estado permanezca en la Unión Europea, es precisamente el
respeto a la democracia y a los derechos humanos, derechos que hoy están
siendo abusivamente infringidos en Europa.
La pérdida de legitimidad de
las instituciones de gobernanza de la Unión Europea se basa,
precisamente, en la amplia percepción de que estos principios –que no
son solo morales, sino también legales- se están violando
sistemáticamente."
(Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 14 de mayo de 2015, en vnavarro.org, 14/05/2015)
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