"(...) una de las decisiones políticas que multiplicaron exponencialmente la
corrupción española fue la Ley del Suelo de 1997 dictada por el PP y
«mejorada» en 1998. Liberalizado el suelo no urbanizable el capital se
lanzó como una hiena sobre ayuntamientos, diputaciones, gobiernos
autonómicos y otras estructuras administrativas, estatales o no, para
arramplar con cuanta mayor cantidad de suelo posible.
La mayoría de
partidos políticos vieron en esas leyes medios de enriquecimiento masivo
e instantáneo. Y como la codicia es un valor inherente a la ética
burguesa, la corrupción se multiplicó al instante para obtener las
máximas ganancias aunque fueran por métodos ilegales.
El capital
financiero-inmobiliario, el famoso «ladrillazo», se unió a las grandes
corporaciones energéticas y del transporte, y a la industria del
turismo, para forrarse en esta nueva California del oro, pero ahora del
billete de 500 euros. Casi al instante, una masa incontrolable de dinero
criminal, del narcocapitalismo y de las mafias, se sumó al festín
romano de cemento y droga: fue el famoso «milagro español» de la era
Aznar.
No hace falta decir que fue la tierra, la naturaleza aún
protegida mal que bien hasta entonces al ser pública y no urbanizable,
fue ella la que pagó los costos de la explosión inacabable de
corrupciones, banquetes y cacerías orgiásticas de una minoría crápula
que se apropió de bienes y recursos naturales, privatizándolos.(...)
Los sobornos, la mordida, los sobres, los regalos, los porcentajes,
forman parte de la «cultura económica» española --y también política---,
como se afirmaba en un especializado blog económico el pasado 15 de
mayo, de manera que «la corrupción es el modus operandi de los negocios
en España», una «cultura» que se ejerce con tal desvergüenza y descaro
que la percepción social de las corrupciones que se tiene en el Estado
español es superior a la que existe en Italia, Egipto, Turquía o Rusia,
que deben ser dechados de virtudes calvinistas en los negocios.
Pero la corrupción en el Estado español está garantizada y reforzada
por la altísima tasa de «economía sumergida» que si en 2008 representaba
el 16,8% del PIB estatal ha subido al 24,6% en 2014 como respuesta a la
crisis.
Otras estadísticas sugieren que con la activación estival de la
industria turística, ese porcentaje puede llegar al 30% en los meses
veraniegos. Pero las grandes empresas no pueden dar lecciones de
moralidad a la «economía sumergida» porque al amparo de la crisis las
empresas del Ibex 35 han aumentado en un 44% su presencia en los
paraísos fiscales.
La corrupción es consustancial a la
«economía sumergida» como las mafias son inherentes a la «economía
criminal» que mueve miles de millones-€. Sólo en La Línea de Cádiz,
donde la tasa de desempleo llega al 40%, 30 mafias controlan el masivo
trasiego de contrabando dando «empleo» a miles de familias que mueven un
«negocio» valorado en centenares de millones-€, lo que supone un fraude
de 325 millones-€ a la Hacienda española. Pero estas cifras son muy
pequeñas si tenemos en cuenta la totalidad de la llamada «economía
criminal» en el Estado español. (...)
Conviene recordar que durante los años de burbuja
financiero-inmobiliaria y de aparente «progreso económico», aumentó el
endeudamiento de las clases trabajadoras debido a las políticas de los
gobiernos del PP desde 1996 potenciando un irracional y suicida
consumismo que reforzaba la sensación de «libertad». En esta coyuntura,
las noticias sobre la corrupción apenas generaban efectos
político-electorales si los comparamos con los actuales: en 2000 el PP
obtuvo el 44,5% del censo, casi seis puntos más que en 1996. (...)
La aplastante victoria del PP en 2011 y en ascenso de CiU en 2010
significaba que la corrupción todavía no era un problema grave para una
amplia masa de votantes. Dentro de las mareas sociales, de los
indignados, del 15M, de otras luchas obreras y populares aumentaba
rápidamente la conciencia crítica sobre el terrible efecto de las
corrupciones y su conexión interna con la debacle socioeconómica y la
incapacidad política, pero aún era una conciencia restringida a sectores
intelectualmente formados y combativos.
Iba a hacer falta la fusión en
la malvivencia cotidiana de empobrecimiento masivo, represión creciente,
reivindicaciones nacionales, corrupción ostentosa, crisis galopante y
avance organizativo de las luchas populares, entre otras condiciones,
para que la «tormenta perfecta» se transformase en «crisis perfecta» del
bipartidismo.
Que algo sí empezaba a cambiar se pudo intuir en
el retroceso de CiU del 38,43% de 2010 al 30,68% en diciembre de 2012:
un retroceso incomprensible si no tenemos en cuenta la diferencia
cualitativa que impone la opresión nacional española que agudizaba el
ascenso soberanista e independentista, pero que, en cuanto sociedad con
uno de los mayores niveles de corrupción del Estalo, sí podía expresar
el creciente rechazo social de esas prácticas, como se comprueba con el
retroceso de CiU al 21,49% en 2015, aun admitiendo que la derecha
catalanista tiende a bajar en las municipales para recuperarse en las
autonómicas y estatales. (...)
Resumiendo, todo indica que los efectos de la corrupción han hecho más
daño al centrismo reformista de PSOE-Podemos, y a las fuerzas de
izquierda que le han apoyado o se han presentado por su cuenta, que al
bloque de centro derecha hegemonizado por el PP.
Las encuestas de
intención de voto para las próximas elecciones generales de noviembre de
2015 realizadas tras el 24-M sugieren, hasta ahora, una relativa
tendencia a la recuperación del PP y del PSOE a costa de un
estancamiento de C,s y Podemos, respectivamente.
De confirmarse esta
dinámica de recuperación se validaría la tesis de que no debemos
sobrevalorar el efecto concienciador de las corrupciones en la lucha por
democratizar la política estatal ya que, en realidad, está arraigado en
lo más hondo del nacionalismo español, lo que resulta muy preocupante,
muy preocupante (...)" (Iñaki Gil de San Vicente , Rebelión, 24/06/2015)
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