La muerte de ocho ancianos en una residencia con una sola cuidadora pone bajo el foco la asistencia privada

"La tragedia de la residencia Santa Fé de Zaragoza ha vuelto a poner bajo el foco de las autoridades al sector de los geriátricos privados. La muerte de ocho ancianos por inhalación de humo en un incendio en el que otros once sufrieron afecciones de distinta gravedad por el mismo motivo, mientras solo una cuidadora permanecía a cargo de los 19 internos, ha llevado al Ayuntamiento de la capital aragonesa y al Gobierno de Aragón a abrir sendas investigaciones para determinar si el centro, de titularidad privada, cumplía la normativa o había incurrido en alguna trágica irregularidad.  (...)

La cifra de fallecidos habría sido mayor si no hubiera sido por la rápida intervención de varios vecinos de Cuarte y de agentes de la Policía Local de esa localidad cercana a Zaragoza, que lograron rescatar a los once supervivientes y a la única cuidadora que estaba trabajando en el geriátrico. Se trata, en su mayoría, de personas de avanzada edad -mayores de 70 años-, movilidad reducida y estados de avanzado deterioro cognitivo.

Distintas fuentes mostraron su extrañeza por el hecho de que una sola persona se encontrara a cargo de un grupo de pacientes tan amplio y con unas necesidades de atención tan elevadas. La Residencia Santa Fé anuncia en su web un servicio de "atención personalizada las 24 horas". "Podemos albergar un total de 26 residentes" divididos en "9 asistidos y el resto válidos", señala su página oficial, que ofrece unas tarifas de 1.100 euros mensuales más IVA para la habitación individual, 1.000 para la doble y 900 para la triple. (...)

La situación del boyante sector de los centros asistenciales y geriátricos privados viene siendo objeto de debate y denuncia en Aragón desde hace años. Ya en 2007, el Justicia remitió a las Cortes un informe en el que alertaba de "la falta de cualificación y prestaciones en general en las residencias privadas" y en el que ponía de manifiesto "el bajo número de inspectores" del que disponía la Administración para supervisar su funcionamiento. "Insuficiencia de personal de atención, trato inadecuado, atención deficiente", eran entonces algunas de las principales quejas que llegaban a la mesa del 'ombusdman' aragonés. (...)

El Gobierno de Aragón ha ordenado en los últimos años la clausura de varias residencias en la comunidad por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad. Se dan casos de otras, como la de Monzalbarba, que ha tenido que ser desalojada en varias ocasiones ante el riesgo que suponen para sus más de 80 usuarios las crecidas del río Ebro. Y, hace unos meses, los tribunales condenaron a un geriátrico de Alagón a indemnizar con 85.000 euros a la familia de una paciente que falleció asfixiada por los correajes de sujeción: una cuidadora la dejó atada a las diez de la noche y nadie más la vio hasta la mañana siguiente. (...)"               (Público, 12/07/2015)