"Elvira Lorenzo y Pablo Flores tienen claras responsabilidades en el
Ministerio de Educación. Ella, de 23 años, realiza todo lo relacionado
con la imagen, el diseño gráfico, las actividades interactivas y la
maquetación de los materiales del Centro para la Innovación y el
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) y de la Agrupación de
Lengua y Cultura Española (ALCE).
Él, de 34, forma parte del equipo que
crea y coteja todas las estadísticas del Ministerio. Para poder obtener
su puesto pasaron por un proceso de selección en el que se les exigieron
numerosos conocimientos. A ella le pidieron, además de competencias en
imagen y otros requisitos, el manejo de programas para tareas como
diseño gráfico, edición de vídeo, maquetación o creación en 3D.
Ambos
realizan un trabajo especializado. Incluso ella es la persona de la que
depende que el trabajo salga adelante, ya que es, junto a su compañera
de equipo, la más cualificada del área. Sin embargo, cuando terminen su
labor en la institución estatal no tendrán derecho a paro. Y ésta acabará pronto. Son becarios, y no poseen un contrato de trabajo.
El número de trabajadores del sector público ha disminuido en más de 350.000 personas
en los últimos cuatro años, según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) de julio de 2015 del Instituto Nacional de Estadística
(INE). “Hay un encogimiento de los servicios públicos, pero no al mismo
nivel que la disminución de personal.
Alguien está haciendo ese trabajo,
y ese alguien es, por un lado, la figura del becario que las
administraciones públicas están fomentando y, por otro, los trabajos de
colaboración social”, explica Adoración Guamán, doctora en Derecho y
profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València.
Aunque es difícil encontrar datos globales del número de becarios y
trabajadores en prácticas en el sector público, Guamán intuye que “cada vez salen más becas de investigación destinadas a cubrir plazas
que en otro momento hubieran sido cubiertas por técnicos”. Esta
situación se da también en la universidad y en otros organismos públicos
como las empresas culturales, tal como confirma María Montero, portavoz
de la Oficina Precaria.
“Ante los recortes presupuestarios y la impunidad de las becas de
formación que se hacen en fraude de ley, de facto esos huecos los están
rellenando los becarios, como ocurre por ejemplo en el Instituto
Cervantes”.
Esta situación podría repetirse en otras empresas del sector público. La
dirección de Renfe ya ha avisado a los trabajadores que va a entrar
nuevo personal tras los últimos recortes de plantilla. Según apunta
Fernando Bermejo, del secretariado permanente del Sector Federal
Ferroviario de CGT, hacen falta unos 7.000 puestos de trabajo para
suplir las carencias del servicio tras los últimos despidos. Parte se va a suplir, pero con trabajadores “en condiciones muy precarias, a tiempo parcial y becarios”, tal como les ha confirmado la empresa. (...)
En el fraude de ley está el quid de la cuestión. “Las becas siempre han servido como cobertura jurídica a la pretensión empresarial de ocultar una relación laboral
y no aplicar un ordenamiento laboral a una determinada prestación de
trabajo que, en realidad, debería estar bajo un contrato”, indica
Guamán. (...)
¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué las becas no se convierten en
contratos laborales? Porque el becario tiene que denunciar. “Tienes el
derecho a acudir a los tribunales para que te protejan, pero para hacer
efectivo ese derecho tienes que ser libre, y no lo eres en el sentido de
que necesitas esa mínima beca para sobrevivir”, afirma Guamán. Éste es
el problema que se encontró la Oficina Precaria en 2013 cuando lanzó la campaña ‘No más becas por trabajo’,
hoy vigente.
El objetivo era denunciar las convocatorias en fraude de
ley y convertirlas en empleos por vía judicial, pero en un primer
momento la iniciativa no tuvo éxito. “El becario tenía que ir solo
y autoseñalarse, y en un mercado laboral con tanta competencia, éste
piensa que es una vía al mundo laboral y no quiere hacerlo”, relata
Montero. El colectivo pasó entonces a un segundo nivel: llevar las
reivindicaciones ante la Inspección de Trabajo sin la participación del
interesado, y con la mediación de la propia Oficina Precaria.
“Así
quedaban protegidos. Esta vía ha tenido mucho éxito y hemos conseguido regularizar muchas situaciones,
aunque no que se cree una tendencia en las empresas por la que sean
conscientes de que es muy fácil pillar el fraude y paren de hacerlo”.
Así, la última fase de la campaña se basa en pedir a las universidades,
uno de los principales actores de esta historia de ilegalidades, que no
permita que se firmen contratos de prácticas con estas características.
“Y en ello estamos ahora”, afirman. (...)
Las consecuencias de la proliferación de prácticas y becas precarias repercuten en el modelo económico. España es el segundo país de la UE con más becarios titulados,
sólo por detrás de Eslovenia, según el último informe Juventud,
empleabilidad y habilidades 2015 de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), realizado en junio.
Uno de los datos
más graves es que España es el país que peor paga a sus becarios: un 70%
de los encuestados afirma no ser capaz de cubrir sus necesidades
básicas con lo que obtiene de la beca. Otros datos para enmarcar del
mismo informe: sólo el 42% de los becarios recibe una compensación por
su labor, el 21% no tuvo un mentor o responsable a quien dirigirse y un
66% finalizó las prácticas sin una oferta de la empresa. (...)
“Todo esto se enmarca en un proceso de precarización generalizada”,
aporta Guamán, “y en un cambio de modelo de relaciones laborales en el
cual lo que se hace es, por un lado, tener un menor número de
trabajadores en condiciones estables al reducirse los derechos laborales
y, por otro, se expulsa a gente incluso de ese derecho al trabajo
inestable para colocar una frontera donde no se aplica ningún tipo de
derecho”.
Es la vieja historia de la maximización del beneficio empresarial.
Montero va más allá y habla, tal como lo llama la Oficina Precaria, de “becarización del mercado laboral,
ya que los nuevos puestos se crean con condiciones muy a la baja porque
hay una fuerza de trabajadores que lo va a hacer gratis”. (...)" (Pablo Rivas, Diagonal, 15/09/15)
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