"El 2 de diciembre de 2013 se puso en marcha la gestión privada de la Lavandería Central Hospitalaria,
que lava y procesa la ropa de 19 hospitales públicos de la Comunidad de
Madrid. La privatización, decían desde la Consejería de Sanidad,
supondría el ahorro de 36 millones de euros a las arcas regionales.
El
servicio se adjudicó por 45,9 millones a una UTE formada por Flisa y
Laundry Center, ambas pertenecientes a la Fundación Once. Pero
también supondría, denunciaban los trabajadores, un brutal empeoramiento
de las condiciones de trabajo, con unas rebajas en los sueldos de hasta
un 46% (de una media de 1.200 a 645 euros), y una pérdida de calidad
peligrosa en un servicio hospitalario esencial. Ambas denuncias se han
cumplido.
Dos años después, el balance es catastrófico y crecen las
voces que defienden la reversión de la privatización.
Condiciones laborales
“Ganamos un 46% menos de sueldo. Hemos perdido todos los derechos adquiridos
porque nos aplicaron su convenio, trabajamos una hora más al día y
hemos perdido el derecho a los diez minutos de descanso que teníamos
cada dos horas debido a que éste es un trabajo muy mecánico”, dice
Carmen Collado, presidenta del comité de empresa de la Lavandería
Central Hospitalaria, situada en Mejorada del Campo (Madrid).
Además,
añade, de los más de 300 trabajadores que había cuando la lavandería
era de gestión pública, han pasado a ser menos de 200. Además del
centenar de funcionarios que fueron recolocados en otros centros
públicos, “mucha otra gente se tuvo que marchar”, indica Francisco
Ronco, expresidente de la Asociación de Empleados de la Lavandería.
Entre ellos, él mismo, que dejó su trabajo hace seis meses “porque la
situación era insostenible”.
“Es una bajada de sueldo brutal, unas condiciones y un estrés
tremendo. El mecánico, por ejemplo, tiene que encargarse de la mecánica,
de la electricidad, de los repuestos, del almacén, es un volumen de
trabajo excesivo”, dice Ronco, que indica que en mantenimiento han
pasado de ser 27 a 12, y en almacén “había cuatro personas y ya no hay
ninguna”. Todo esto, añade este antiguo trabajador de la lavandería, “se está reflejando en la cantidad de accidentes que está habiendo.
Hubo
un compañero que se amputó casi una falange, otro estuvo muchos meses
de baja porque se cortó varios tendones, ha habido caídas, ha habido
atrapamientos…”. Eso sin contar las bajas por movimientos de repetición,
que son la mayoría, según indica Collado.
Además de las denuncias por las condiciones de los trabajadores, con
el paso de los meses han saltado todas las alarmas ante el desastroso
servicio de lavado, gestión y traslado de la ropa hospitalaria, que
ahora se reparte entre la Lavandería Central de Mejorada del Campo y
otras tres lavanderías del grupo empresarial situadas en Huete,
Fuenlabrada y Segovia.
La situación es tan grave que las tres últimas
auditorías trimestrales encargadas por el propio Gobierno regional
se han derivado en la imposición a las empresas de tres multas de 50.000 euros cada una.
Según la última auditoría, cuyos resultados fueron publicados por El País
a finales de octubre, un 35,4% de la ropa que llega a los hospitales
desde las distintas lavanderías de Flisa-Laundry es “no utilizable” por
llegar arrugada, sucia, con manchas o húmeda.
Es más, según los
resultados del último análisis microbiótico químico de esta ropa
teóricamente higienizada, que se conocieron el 19 de noviembre, las
batas de quirófano de médicos y enfermeros analizadas contienen hasta 80 tipos de bacterias, cuando el máximo permitido es de tres.
“No se sigue de la misma manera el protocolo de lavado y desinfección del Ministerio de Sanidad”, dice Ronco, que explica que “la temperatura de lavado tiene que estar entre 80 y 85 grados, y cuando yo salí del centro estaba en 40”.
Carmen Collado corrobora este hecho, que han denunciado ante la
empresa, y añade que han cambiado los detergentes, que la ropa no se
procesa igual y que “llenan mucho los túneles para lavar mucha ropa y
ésta no sale limpia”. Además, esta empleada denuncia que “antes una
química revisaba la ropa varias veces al día, y ahora ya no está”.
Los trabajadores también denuncian que la empresa lava mucha ropa en
otras lavanderías y la traslada a empaquetar a la Lavandería Central
“porque en los pliegos pone que tienen que lavar una cantidad de ropa en
Mejorada, y no los están cumpliendo”.
Según Ronco, para muchos
traslados “la ropa se transporta en tráilers de empresas subcontratadas,
y esto es peligroso, porque esos camiones transportan otras
mercancías, y existe el riesgo tanto de que la ropa limpia se contamine
con algo como de que la ropa sucia contamine la mercancía que se
traslade luego”.
Pero irregularidades como éstas se llevan denunciando desde el principio. Tan
sólo dos semanas después de que se iniciara la gestión privada de la
Lavandería Central Hospitalaria, un reportaje de La Sexta mostraba cómo
Flisa trasladaba la ropa hospitalaria sucia y la depositaba al aire
libre en un almacén al por mayor de frutas y verduras en Madrid, lo cual
está totalmente prohibido.
“La ropa hospitalaria sólo puede salir de un
centro hospitalario para ser procesada y almacenada en el mismo centro
donde se va a procesar, por el riesgo biológico que conlleva”, dice
Ronco.
“Hemos pasado de ser un servicio a un negocio. Si el
lavado y procesado de un kilo de ropa con el Servicio Madrileño de
Salud (Sermas) costaba 1,52 euros, porque todo tiene un proceso, y las
empresas entraron a concurso ofreciendo 0,76 euros, tienen que abaratar
precios, porque una empresa privada siempre gana”, dice Collado, que
incide en que “lo que denunciamos en las mareas es que con la sanidad no
se puede jugar. Estamos hablando de uno de los pilares básicos de los
hospitales”.
Ante las nuevas evidencias de un servicio que hace aguas, los
trabajadores y las plataformas en defensa de la sanidad pública siguen
reclamando la rescisión del contrato con las empresas de la Once, y que
la gestión de la Lavandería Central vuelva a manos públicas.(...)" (Gladys Martínez Lópe , Diagonal, 02/12/15)
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