"Las autoridades europeas ya han advertido que el próximo Gobierno que
se forme en España deberá imponer nuevos recortes fiscales –unos 9.000
millones de euros– para alcanzar el objetivo de déficit pactado (2,8%
del PIB).
Los ciudadanos españoles tienen que saber que esta exigencia
no es un destino obligado, ni una necesidad ineludible. El próximo
Ejecutivo puede oponerse a este mandato, dado que tendrá margen para
hacerlo.
La austeridad fiscal ha fracasado. No sólo ha generado un innecesario
dolor social, sino que también ha incrementado las desigualdades, ha
reforzado los efectos depresivos del ciclo hasta 2014 y, en definitiva,
se ha mostrado contraproducente para abordar los grandes desafíos
económicos del país. Por todo ello, el Gobierno debería oponerse a la
austeridad que sigue reclamando Bruselas.
Quien dirija el rumbo del país o bien retoma la senda de los recortes
para perseguir el cumplimiento de un objetivo –ciertamente arbitrario–
de déficit público, o bien prioriza abordar otros desequilibrios
económicos más urgentes: el desempleo, las desigualdades sociales y las
reformas estructurales de nuestro modelo productivo.(...)
para corregir el déficit público lo que realmente necesita nuestra
economía es, en primer lugar, una reforma tributaria que fortalezca la
suficiencia fiscal de las administraciones públicas. Del mismo modo, la
derogación de las dos últimas reformas laborales permitirá
reequilibrar la negociación colectiva y, con ello, elevar los salarios y
fortalecer nuevamente las cotizaciones sociales.
Pero mientras estas dos vías de corrección del déficit se ponen en
marcha, lo que necesitamos es un Gobierno que informe a Bruselas de un
cambio de prioridades. Así, los Presupuestos Generales de 2016 deben
efectivamente rehacerse, pero no para imponer recortes, sino
precisamente para revertirlos y desarrollar una política económica
alternativa.
Para poder recuperar el gasto social, impulsar un Programa de Renta
Garantizada, desarrollar las infraestructuras públicas y desplegar una
política expansiva que reduzca el desempleo, España debe posponer el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad –alcanzar un déficit del 3% del
PIB– hasta el final de la legislatura que debe comenzar.
Sólo el
dogmatismo neoliberal puede priorizar la rápida reducción del déficit a
la rápida reducción del desempleo en un contexto, como el actual, en el
que el BCE asegura la estabilidad financiera y una reducida prima de
riesgo mediante su programa de compra de deuda pública.
Un Ejecutivo de cambio, como el que pretende encabezar Pedro Sánchez,
que defienda el progreso social, revierta los duros efectos que la
austeridad ha tenido en nuestro país y aspire a extender el Estado del
Bienestar, debería cuando menos situarse donde se ha situado el primer
ministro italiano.
Con su negativa a cumplir con los criterios de
déficit impuestos por Bruselas, Matteo Renzi entreabre la puerta del
cambio de perspectiva que necesitamos en Europa, visibilizando las
contradicciones entre la lógica tecnocrática de la Comisión y la defensa
de la soberanía democrática de los parlamentos.
También Francia, sin negociación previa, ha informado recientemente a
la CE de que no cumplirá su objetivo de déficit, dado el incremento
del gasto en seguridad planificado tras los atentados de París. Si un
desafío como la seguridad justifica el incumplimiento unilateral de los
objetivos de déficit, ¿acaso no lo hace un desempleo que supera el 20%? (...)" (Nacho Álvarez es Secretario de Economía de Podemos, Cinco Días , en Economái crítica y crítica de la economía, 01/02/16)
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