"Junqueras llama un día muy nervioso, yo diría que asustado, oye,
estoy preocupadísimo, tenemos unos vencimientos de deuda con bancos que
no hemos atendido y las agencias de rating nos van a crujir…
A ver qué
podemos hacer, nos tienes que echar una mano”. La agencia de
calificación era Standard & Poors (también Moody’s andaba tras la
pista), que tenía ya preparada una nueva rebaja de la calificación
crediticia de la Generalidad de Cataluña por debajo del bono basura, con
lo que ello hubiera significado para esa Comunidad y para el resto de
España, puesto que los mercados financieros no entienden la jerigonza
independentista y para ellos Cataluña es solo una parte de España.
Y entonces Luis De Guindos protagonizó un triple salto mortal y en su
vuelo de regreso a Madrid desde Bruselas, martes 8 de marzo, hizo
escala en el aeropuerto del Prat para charlar durante 40 minutos con el
vicepresidente del Govern y ministrín de Economía de la Generalidad, un
tipo que anda ahora en un sinvivir, en qué lío me he metido, la Mare de
Déu de Montserrat, esto no es subir al atril y largarse un discurso
sobre esa República Catalana de la Felicidad per a tothom donde manarán
de manera espontánea ríos de leche y miel, esto es muy complicado, más
serio, aquí no cabe ni media broma.
Y dicen que sí, que Oriol Junqueras
ya no es el mismo, que el tío que amenazaba con “no pagar la deuda de
Cataluña” anda ahora callado cual muerto, perdido en un laberinto cuyas
claves desconoce, un enredo cuyos misterios dice estar dispuesto a
descubrir. Empezando por no decir tonterías.
“Y sí, claro, hemos conseguido pararlo, hemos hecho ver a S&P
algo tan sencillo como que la deuda de cualquier Comunidad Autónoma
tiene implícitamente la garantía del Estado, porque jurídicamente así
son las cosas.
Lo contrario hubiera sido un dislate. Dejar caer en el
default a una Comunidad tendría consecuencias muy graves para todos, al
margen de que nuestra obligación es hacer posible que todas continúen
financiándose para que puedan seguir prestando los servicios públicos
necesarios”.
El mismo día de la “parada técnica” de el Prat, Junqueras
llamó por teléfono a Cristóbal Montoro, con quien no había cruzado
palabra en meses, y “sí, llamó aquí, muy amable porque él es cordial en
el trato, que teníamos que distinguir los planos, decía, que una cosa es
la pelea política y otra la administración de Cataluña, y que teníamos
que ponernos de acuerdo…”
Días antes de esta llamada, Pere Aragonès, actual número dos de
Junqueras, había visitado las dependencias de Hacienda en la calle
Alcalá para entrevistarse con altos cargos del ministerio.
El de ERC
traía un encargo urgente: pretendía que el Tesoro concediera un anticipo
a la Generalitat por importe de 700 millones para pagar la extra de
verano de sus funcionarios, ello a cuenta de los 1.400 que Cataluña
deberá recibir este año como consecuencia de la liquidación del sistema
de financiación de 2014.
A resultas de la entonces incipiente
recuperación (del 0,8% de crecimiento del PIB se pasó al 1,4%) y del
consiguiente incremento de la recaudación tributaria, el Tesoro ingresó
en 2014 casi 7.000 millones de más, de los cuales 1.400 corresponden a
Cataluña, cuyo desembolso, para todas las CC.AA. se llevará a cabo en
julio.
De modo que, en la conversación del martes, Montoro, todo amabilidad
también, recordó a Junqueras que la devolución de esos 1.400 millones
está pautada y que Hacienda no puede hacer anticipos más que para
atender necesidades urgentes de tesorería y siempre con la oportuna
justificación del gasto por delante.
Ello es así por Ley, sin margen de
discrecionalidad alguno, por lo que no era posible acceder a esa
petición de anticipo para un asunto a varios meses vista. Junqueras
tendrá, pues, que esperar, aunque sabiendo que la paga extra de sus
funcionarios, muchos de los cuales son la punta de lanza de ese
independentismo que todavía no conoce los riesgos personales y
familiares del juego mendaz que un puñado de aventureros les propone, se
pagará en su momento, porque para eso está detrás ese pérfido Estado
con el que una tropa de rufianes quiere acabar.
La Generalitat tiene vetada la salida a los mercados financieros
Más difícil lo tiene con la deuda bancaria a corto plazo que el
Govern arrastra con una serie de bancos, deuda vencida que las entidades
se niegan a refinanciar.
“Lo que no es normal es que la Generalidad no
pueda hacer frente a esos vencimientos de deuda a corto, algo que pone
de manifiesto el descontrol de una administración autonómica incapaz de
gestionar su casa y a quien el Estado debe socorrer de prisa y corriendo
para evitar el default”.
La pretensión de la banca acreedora es
sencilla: que esa deuda a corto se transforme en deuda a medio y largo
plazo, esta sí acogida a la línea de crédito del Fondo de Liquidez
Autonómica. El FLA está permitiendo en realidad una reestructuración de
la deuda a medio y largo de las Comunidades a precios más que
interesantes, en tanto en cuanto se le aplica el tipo de interés de los
bonos del Tesoro a 10 años (0,8%)
Con la salida a los mercados financieros cerrada a cal y canto, la
Generalidad no ha tenido más remedio que acogerse al esquema,
voluntario, del FLA, y pasar por las horcas caudinas de enviar a
Hacienda un plan detallado de ingresos y gastos que hagan viable la
consecución del 0,3% de objetivo de déficit para 2016.
No está de más
recordar que el déficit catalán se disparó en 2015 hasta el 2,5%. El
Govern recibirá este año del FLA un total de 7.520 millones para cubrir
sus necesidades crediticias. En realidad, el Estado está abaratando la
financiación de las CC.AA., aligerando la carga de intereses y
dotándoles de un mayor margen para atender los servicios públicos que
prestan.
Curioso resulta constatar que la Cataluña nacionalista ha ido
deteriorando su situación financiera al mismo ritmo que el Estado
mejoraba su reputación y pasaba de pagar intereses del 6% en 2012 a
financiarse a tipos negativos en la actualidad. La paradoja, o no tanto,
es que el nacionalismo catalán ha ido extremando sus posiciones al
mismo ritmo que crecía su dependencia de la financiación del Tesoro.
¿Qué es lo que el Gobierno, ahora en funciones, está pidiendo a
cambio de estas ayudas? Transparencia, simple transparencia, y ello
porque la situación financiera de la Generalidad es peor que la del
resto de CC.AA.
Desde el año pasado, el Govern está obligado a enviar a
Hacienda las facturas justificativas de los fondos para cubrir tesorería
que recibe, como una forma de garantizar que se destinarán al pago de
los servicios públicos y no se dilapidarán en la aventura
independentista.
La facturación electrónica de la Generalidad está,
pues, mes a mes en poder de Hacienda, con la firma del interventor jefe
que, a la sazón, no está aforado. Esta es, al margen de los delirios del
independentismo, la realidad de las cosas: que el señor Junqueras
necesita llamar a Madrid para poder pagar la extra de sus funcionarios.
¿Alguna lección extraerán algún día tales funcionarios? Los
farmacéuticos catalanes hace tiempo que lo hicieron: llaman directamente
a Hacienda para saber cuándo va a remitir los fondos y, por ende,
cuándo van a cobrar. Han aprendido el camino. (...)" (Jesús Cacho, Vox Populi, 13/03/16)
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