"María Camino se enteró de golpe de que habían vendido la
casa donde vivía en el barrio madrileño de Carabanchel. De la noche a
la mañana pasó de residir en una vivienda pública de alquiler con
"función social" del Ayuntamiento de Madrid a ser inquilina de Fidere,
una filial del fondo buitre Blackstone.
No quiso conformarse. Sin
embargo, una maquinaria oficial "de agresiones y atrocidades de la que
fui víctima", según lo describe María, se puso en marcha para limar las
aristas del negocio urbanístico: los vecinos con los que tenía que
lidiar la nueva dueña.
María, su marido y sus tres
hijos ya no viven en esa casa. El Ayuntamiento de Ana Botella (PP) trató
de que dejara el piso que ella consideraba que había sido transferido
de manera irregular. El pasado martes se conoció que la Cámara de Cuentas ha considerado que esa operación –que incluyó 1.860 viviendas de este tipo– vulneró la ley. "Le quisieron ahorrar a Fidere un proceso judicial de desahucio. Allanarle el camino", relata ahora.
Como María Camino no se plegó fácilmente, la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMVS) la castigó y la dejó fuera de la bolsa
de solicitantes de vivienda social, según muestra la documentación de su
expediente. Solo con el cambio de color político en el Gobierno local
(dirigido por Ahora Madrid), la salvó de verse en la calle: la misma
EMVS reconoció que se había actuado incorrectamente y la reincorporó a
las viviendas protegidas cuando se había rendido ante Fidere y se
marchaba de casa: no podía afrontar las nuevas condiciones de alquiler.
Blackstone compró en 2013 18 promociones de viviendas en alquiler cuyos
contratos iban a vencer en meses o años. Como muy tarde, en 2020 las
tendrán todas libres de cargas. El contrato de María se prolongaba hasta
agosto de 2014 por lo que la empresa le escribió junio: "Fidere le
ofrece ofrece suscribir un nuevo contrato de arrendamiento de la
vivienda en la que actualmente habita en las condiciones que en breve se
le comunicarán".
Esas nuevas condiciones eran
básicamente subir el alquiler más de un 35%: de 4.300 euros al año a más
de 6.100. Con un periodo de transición de dos años dando saltos de más
del 10% cada anualidad. "Yo seguía cumpliendo los criterios de bajos
ingresos para vivir en una casa de protección pública [aun hoy los
cumple] así que ese nuevo contrato era inasumible para mi familia".
Su
marido está en paro y ella es la única que aporta ingresos. Fidere le
informó en agosto de 2014 que procedería "a la presentación de la
oportuna demanda de juicio verbal de desahucio".
Esta
dinámica es la que se ha repetido con los inquilinos de las viviendas
que pasaron de públicas a privadas. De hecho, este 2016 expiran 352
contratos. El año que viene otros 352. Para 2018 otros 690. La
Asociación de Afectados de EMVS espera que el informe de la Cámara
Cuentas sirva para reavivar la querella que presentaron por esta subasta
y que fue sobreseída provisionalmente.
Con esa
espada de Damocles encima, María Camino quiso plantar cara y pelear en
los tribunales. "Decidí defenderme del desahucio. Pero como no puedo
pagarme un abogado solicité la asistencia jurídica gratuita" que es
competencia de la Comunidad de Madrid.
"Me la denegaron a pesar de que
los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid me avalaban", se
lamenta María Camino. La trabajadora social escribió en noviembre de
2015 que "a la vista de las circunstancias se considera necesaria la
valoración y apoyo a través de justicia gratuita para su caso".
"Es todo una película de agresiones de la administración", recuerda. De
hecho, cuenta que "como sabía que si me presentaba sin abogado ni
procurador al juicio de desahucio perdería sin más, me fui de la casa
unos días antes de la fecha desahucio". Fidere ya contaba con una casa
más de las adquiridas, libres para alquilar al precio que deseara.
A María le parece que mientras intentaba defenderse de
Fidere, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Ana Botella trabajaba a
favor del fondo buitre. "Yo estaba reclamando a la EMVS y, de repente,
recibo un burofax en el que me comunica la Empresa Municipal que tengo
que acudir en ocho días a firmar un nuevo contrato para otra vivienda y
renunciar al que tengo". Una casa "alejada del barrio en medio del curso
escolar de mis hijos", puntualiza.
Así que la EMVS
la cita y recibe para que renuncie a la casa que ya no es propiedad de
esa empresa pública sino del fondo buitre. "Allí me encontré con más
vecinos a los que se les decía que renunciaran por escrito a los pisos
que habían ido a parar a Fidere. Se les intentaba evitar tener que
interponer procedimientos judiciales de desahucio", explica esta
afectada.
Con todo, "me presenté con un acompañante
de testigo y les dije que había reclamado. Que no decía que no a la
nueva vivienda pero que no podía trasladarme con esa inmediatez por mis
hijos". Incluso presentó un documento aquella misma fecha para dejar
constancia de ese episodio en la sede de la empresa. "Me dijeron que
como había reclamado debía esperar a la contestación que me dieran".
La contestación por escrito que ha podido ver eldiario.es dice: "Como
ya se le advirtió, al no haber comparecido en el día y hora señalados se
entiende que renuncia a la vivienda adjudicada". Lo firmaba el director
de los Servicios Jurídicos de la EMVS un 24 de abril de 2015. María
quedaba sin asistencia jurídica para pelear un desahucio y fuera de la
lista de peticiones de vivienda social por haber renunciado a una
adjudicación.
Esta maniobra fue deshecha por la
propia EMVS seis meses después. Reconoció su mala actuación ante María a
la que se le restituyó como beneficiaria. Hoy vive en Carabanchel. En
una casa de protección social. Su situación familiar y económica no ha
variado en todo este tiempo." (Raúl Rejón, eldiario.es, 07/04/16)
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