“Es como si tuvieras derecho a hacer pan y a tener una panadería, pero tus clientes no tuvieran derecho a comprarlo”.
Gilda eligió su profesión libremente hace más de una década, paga sus
impuestos, cotiza para su jubilación, contacta con sus clientes a través
de internet, los selecciona y trabaja en su propio apartamento.
A
partir de ahora, sin embargo, sus clientes no podrán pagar legalmente por los servicios que les presta porque Gilda es prostituta y, aunque la prostitución no es un delito en Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que penaliza al que paga por sexo. (...)
La proposición de ley socialista “que refuerza la lucha contra el
sistema de prostitución” fue aprobada por los diputados franceses el
pasado miércoles tras más de dos años de idas y venidas entre el Senado
-que la rechazaba al no llegar a ponerse de acuerdo sobre su medida
estrella, la penalización del cliente- y la Asamblea
Nacional, que finalmente ha tenido la última palabra.
Una vez entre en
vigor, probablemente en un par de semanas, “la compra del acto sexual”
será sancionada con multas de hasta 1500 euros, 3750 si
hay reincidencia. El texto está inspirado en la ley sueca que desde
1999 castiga a los clientes, y convierte a Francia en el quinto territorio abolicionista tras Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte.
Con
la nueva ley “se considera a las prostitutas como víctimas y no como
delincuentes”, ha afirmado Maud Olivier, la diputada socialista
impulsora de la proposición. Efectivamente, el texto suprime el delito de “racolage” pasivo
u ofrecimiento de servicios sexuales, que se instauró en 2003 cuando
Nicolas Sarkozy era ministro del Interior y que criminalizaba a las
trabajadoras del sexo.
El “racolage”, que tanto inspiró a Degas o a
Toulouse Lautrec, se convirtió en un delito que, además, otorgaba a las
fuerzas del orden una enorme arbitrariedad, ya que ¿cómo se sabe si se
está haciendo un ofrecimiento pasivo? ¿Por la vestimenta? ¿Porque fuma
un cigarrillo en una esquina? Los grupos abolicionistas hablan, por lo
tanto, de una “nueva conquista para los derechos de la mujer”.
Pero
no todas las prostitutas -aunque también hay hombres, este es un mundo
eminentemente femenino- se consideran víctimas. Gilda o su compañera de
sindicato Morgane Merteuil, que se define como “puta radical”,
son orgullosas defensoras de su oficio y dan la cara por un colectivo
estigmatizado. Hay muchísimas situaciones diferentes y esta ley,
denuncian, mete a todos en el mismo saco.
“No se puede comparar una
mujer inmigrante originaria de África subsahariana que no tiene acceso a
papeles ni al mundo del trabajo y que es explotada, con una francesa
que se prostituye ocasionalmente, con una estudiante que lo alterna con
otros trabajos para pagar sus estudios o con alguien como yo que ejerce a
través de internet. Son situaciones muy diferentes y no hay soluciones universales”, señala Gilda a El Confidencial. (...)
“Se impone una visión de que el cuerpo pertenece al Estado”, denuncia Giovanna Rincón, presidenta de Acceptess Transgenres,
una asociación que trabaja fundamentalmente con transexuales y
afectados por el VIH-Sida y que considera que la ley quiere imponer una
visión puritana y moralizadora sobre la cuestión del cuerpo. “Hay que
abordar el feminismo de una manera diferente.
Qué mayor feminismo que el
de una mujer, que hasta ahora ha sido reprimida, reducida a la
reproducción y que hoy sea capaz de emanciparse de todos esos conceptos y
salir a la calle a decir, sí me dedico a esto. ¿Por
qué tenemos que sufrir por el cuerpo de otros si esos mismos no lo están
lamentando ni pidiendo?”, reflexiona esta mujer transexual, que llegó a
Francia desde Colombia hace una década y que ejerció la prostitución
durante 20 años.
Las asociaciones reconocen que, por supuesto,
existen casos de explotación y personas que viven situaciones de
violencia. Que hay mujeres obligadas a acostarse con 30 o 40 hombres al día
y que viven encerradas por sus chulos, sin posibilidad de denunciar
porque no tienen nada. Pero para luchar contra ello, aseguran, bastaría
con aplicar el derecho común, que ya castiga la trata de blancas, el
trabajo forzado, el proxenetismo o la explotación sexual.
“No es
necesaria una ley específica, discriminatoria sobre
esta o aquella categoría. La gente tiene que tener derecho al trabajo, a
la sanidad, al alojamiento, a las ayudas sociales como todos los demás,
sean forzados o no”, opina Merteuil, autora además del ensayo “¡Liberad
el feminismo!”.
“Podemos ser putas y luchar contra el tráfico de seres humanos”, defiende Giovanna Rincón.(...)
Para luchar contra la explotación, la nueva ley aprobada esta semana
prevé permisos de residencia de seis meses para las personas extranjeras
que dejen el oficio, y una “ruta de salida de la prostitución” a través
de un acompañamiento social y de medidas de prevención con un
presupuesto de 4,8 millones de euros al año.
Las asociaciones
ridiculizan esta partida. Se estima que en Francia hay más de 30.000 personas que se dedican a la prostitución,
por lo que, con lo presupuestado por la ley, quedarían unos meros 160
euros por persona al año para su salida del oficio sexual, calcula
Médicos del Mundo. (...)
La ONG ya ha podido comprobar sobre el terreno cómo el temor a esta
nueva ley está afectando a las trabajadoras sexuales. Si un cliente no
quiere ser visto, probablemente intentará llevar a la prostituta a un
lugar más alejado, más escondido y, posiblemente, más peligroso para ella.
La precarización del trabajo va a obligar a algunas a aceptar servicios
que antes no admitirían o a clientes de los que no están muy seguras.
Porque, al final, aseguran, el alquiler hay que pagarlo igual. O van a tener que recurrir a intermediarios, se teme Morgane Merteuil. Lo que las hace más vulnerables.
La prostitución es una actividad legal en Francia,
sus trabajadores pagan impuestos y cotizan para su jubilación, recuerda
Lathieyre, “por lo que las personas que lo ejercen libremente deben
dejar de ser estigmatizadas y reprimidas. No hay que poner en marcha
medidas nuevas sino dejarlas trabajar en paz porque si no se les expone a
más violencia y riesgos. Hay que aceptar que es un trabajo y acompañar a
las personas que son víctimas de violencia”. (...)" (Paula Rosas, París, El Confidencial, 09/04/16)
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