"(...) El pasado mes de marzo de 2016, la Comisión Europea comunicó a España
que finalizó el año 2015 con un déficit público excesivo, de casi el
5,2% del PIB, por encima del 4,2% al que se había comprometido. Acto
seguido le “invitaba” a comunicar antes del 30 de junio las medidas que
pensaba implementar con carácter inmediato para reajustar dicho déficit a
lo largo del presente año.
Además, la reciente caída en las previsiones
de crecimiento económico para la economía española durante 2016,
apuntadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio
Gobierno, implica una menor recaudación impositiva, y por lo tanto, como
el déficit público es el objetivo prioritario, habrá que establecer
nuevos recortes de gasto como consecuencia de esta nueva “contingencia”.
Si se mantiene el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB en 2016,
ello podría suponer recortes de hasta 20.000 millones de euros este
año, a pesar de que el “incumplimiento” del objetivo de déficit haya
favorecido que España mejore algunos indicadores macroeconómicos como el
empleo y el crecimiento durante 2015, si bien tan débilmente que no han
alejado los fantasmas de la deflación ni de tasas de desempleo
superiores al 20%. Dar nuevas vueltas de tuerca a la llamada
consolidación fiscal (control férreo del déficit público), será abocar a
la economía de nuevo a la recesión o al estancamiento en el mejor de
los casos.
El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (déficit público anual
inferior al 3% del PIB, deuda pública acumulada inferior al 60% del PIB)
y un Banco Central Europeo (BCE) independiente que no financia
directamente a los Estados, deja en manos de los mercados de capital
especulativos a las administraciones públicas con necesidades de
financiación. Los bancos privados siguen enganchados a la barra libre de
liquidez del BCE, las PYMES y familias continúan sin acceso fácil al
crédito para impulsar la economía real no especulativa. (...)
Un nuevo marco institucional basado en la soberanía monetaria permitiría
disponer de financiación para movilizar recursos reales ociosos
disponibles en la propia moneda de la Unión Europa, sin depender el
gasto público de los ingresos impositivos que se puedan obtener o de la
deuda que se pueda colocar en los mercados financieros, límites éstos
que obligan a los actuales Estados miembros de la eurozona, que son
usuarios del euro, pero no emisores del mismo.
Los Estados no tendrían
peligro de ser insolventes como ocurre hoy, y contarían con un Banco
Central detrás que acomodaría su balance al gasto público, saliendo así
de la trampa de la austeridad en que está inmersa la eurozona. (...)" (Subcomisión de Soberanía Monetaria de ATTAC, Attac España, 24/05/16)
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