"(...) Los sistemas de reparto de las pensiones (una generación financia la jubilación de la anterior)
están en dificultades. No sólo por la citada demografía sino también
por la deriva de los mercados de trabajo.
Esto se observa muy bien en
nuestro país: tasas muy altas de paro pero también devaluación salarial
de los que trabajan y mucha precarización en los jóvenes que entran a
cotizar en la Seguridad Social, como consecuencia de una reforma laboral
también nefasta para las cuentas de esta última.
El resultado de estos
dos factores (demografía y mercado de trabajo) es que las nuevas
cohortes de trabajadores son más pequeñas en número que las anteriores y
peor pagadas, y ellas son las que tienen que financiar a los grupos de
ciudadanos que van jubilándose, cada vez más amplios (las generaciones
del baby boom).
Aumentan los gastos de las pensiones (más pensionistas, muchos de
ellos en los niveles altos de percepción) mientras que los ingresos no
lo hacen al mismo ritmo. En 2015, a pesar de que la economía española
creció por encima del 3% y se creó medio millón de puestos de trabajo teóricos, el déficit de la Seguridad Social superó los 16.700 millones de euros (el
1,55% del PIB), mientras el Fondo de Reserva (la hucha de las
pensiones) se ha quedado escuchimizado achicando este desequilibrio, y
apenas equivale ahora a cuatro meses de financiación de las prestaciones
(alrededor de 32.000 millones de euros).
Comienzan a aparecer análisis que cuantifican los beneficios, no sólo
los costes en las finanzas públicas, que podrían traer los centenares
de miles de refugiados e inmigrantes económicos que han entrado en
Europa en los últimos meses.
Habrán de soportarse empíricamente: además
de la ayuda en la financiación de las pensiones, la creación de nichos
de empleo que no están explotados por los ciudadanos europeos, o el
aumento de la demanda de bienes y servicios, etcétera.
Un estudio
publicado recientemente dice que invertir un euro en la bienvenida de
los refugiados podrá generar dos euros en beneficios económicos en cinco
años, siempre que se abran los mercados de trabajo y se regularice a
los recién llegados. Nadie emigra sin que medie el reclamo de alguna
promesa. (...)" (Joaquín Estefanía, El País, 05/06/16)
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