"Casi uno de cada dos euros del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid va a manos privadas. Es lo que se desprende del informe El papel del sector privado en los Presupuestos de la Consejería de Sanidad en 2015, presentado hoy por el grupo de trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad.
Así,
de los más de 7.292 millones de euros de presupuesto público para
sanidad, se han destinado a actividades realizadas con medios ajenos al menos 3.143,9 millones, un
43,11% del presupuesto. Sin embargo, si se tienen en cuenta, entre
otros, datos como la fortísima desviación al alza del gasto
farmacéutico, que estaba previsto en 1.584 millones y ha sido finalmente
de 2.112 millones, se concluye que casi el 50% del gasto sanitario
público acaba en manos privadas.
De hecho, el gasto farmacéutico,
el que engloba la compra de productos farmacéuticos por los hospitales
públicos, la prescripción de recetas médicas en Centros de Atención
Primaria y el Plan Estratégico de Farmacia, es uno de los más
importantes, ya que supera el 30% del gasto de la Consejería de Sanidad
en el año 2015.
Frente a esto, el grupo de Audita Sanidad invita a una
reflexión sobre la necesidad del uso de medicamentos genéricos y
añade que el uso de productos de marca cuando existe un equivalente
genérico con la misma eficacia “sólo puede entenderse como una política
destinada a beneficiar directamente a las grandes multinacionales
farmacéuticas”.
Los conciertos, convenios y concesiones se
llevan la segunda gran tajada del pastel, más de 1.245 millones de
euros, un 17,1% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Este
porcentaje, además, se sitúa muy por encima del 12% de la media en el
resto del Estado. En este apartado se engloban las concesiones con los
cuatro hospitales modelo PPP (gestión enteramente privada) y los siete
de modelo PFI (gestión privada de los servicios no sanitarios), que este
año alcanzan los 425 millones de euros en concepto de canon.
Según
indica Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad y de la Plataforma de
Auditoría Ciudadana de la Deuda, hay estudios que demuestran que este
modelo provoca un gasto siete veces superior que si la gestión de estos
hospitales fuera asumida enteramente por la Consejería de Sanidad.
También
dentro de esta partida se engloban gastos como los realizados por
“empresas de proceso de datos”, y es que, según denuncian desde este
grupo, la Consejería de Sanidad es la única que ha privatizado los
servicios informáticos, mientras que en las demás corren a cargo de una
agencia pública.
En financiar este servicio se van 42,6 millones de
euros, mientras que el servicio privado de ambulancias se lleva 56
millones de euros. Otros conceptos, como los conciertos con la Fundación
Jiménez Díaz o con el Laboratorio Clínico Central, obtienen un 5,30%
del presupuesto, 386,3 millones de euros.
Quirónsalud se traga el dinero público
Precisamente,
la Fundación Jiménez Díaz pertenece a Quirónsalud (anteriormente IDC, y
anteriormente Capio), al igual que tres de los cuatro hospitales de
modelo PPP (Rey Juan Carlos I de Móstoles, Hospital de Valdemoro y
Hospital de Collado-Villalba), y los Centros de Especialidades de
Quintana y Pontones.
El dinero público recibido por Quirónsalud
por estos conceptos se acerca a los 516 millones de euros, más de un 7%
del presupuesto de la Consejería. Pero a esto habría que sumar varios
millones más por su acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer,
a su vez contratada por la Comunidad de Madrid, para hacerse cargo de
las mamografías desde 2012 a 2016. Así, en total, los recursos públicos
transferidos al gigante de la sanidad privada serían de 517,75 millones
de euros.
Después de un trabajo de investigación de varios meses para desgranar
los contratos correspondientes a los 3.143 millones que se han entregado
a la privada, el grupo sólo ha podido identificar un 60,2%. El otro 39,80% de los contratos no han podido ser identificados,
pues se hallan dentro de una “estructura absolutamente opaca”.
Y es que
todos los contratos inferiores a 18.000 euros pueden ser adjudicados
sin publicidad y a dedo. “Sospechamos que puede haberse fraccionado
muchos contratos en varias partes, convertir uno de 60.000 euros en
cuatro de 15.000, y eso sí sería grave, ilegal e ilegítimo”, indica
Losada. (...)" (Gladys Martínez López , Diagonal, en Rebelión, 30/09/16)
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