"En el imaginario colectivo del mundo
neoliberal, el sistema de pensiones de capitalización individual ocupa
un lugar muy destacado. El caso chileno es el más emblemático por dos
razones fundamentales.
De un lado, porque fue en su momento una
experiencia pionera en el mundo: convertido Chile en laboratorio para la
aplicación de recetas neoliberales –no por casualidad en plena
dictadura de Pinochet–, su nuevo modelo de pensiones sirvió de ejemplo
para otros países de Latinoamérica y del resto del planeta.
De otro
lado, porque aquel país es, pese a su reducido tamaño, la economía más
exitosa del continente desde los años noventa, una circunstancia que ha
sido a menudo utilizada para vincular ambos aspectos (pensiones privadas
y éxito económico).
Transcurridos casi 35 años desde la
puesta en marcha de este sistema privado de pensiones, parece un momento
adecuado para hacer un balance de su funcionamiento y resultados. Sobre
todo ahora que en Europa crece el interés por impulsar estos mecanismos
de capitalización (véase Libro blanco sobre pensiones de la Comisión Europea, 2012) (...)
A partir de estos presupuestos
fuertemente ideologizados se construye un modelo de pensiones en el que
el inicio de una actividad profesional implica la elección por el
trabajador de una AFP en la que se constituye una cuenta individual de
capitalización para la protección de las contingencias de jubilación,
incapacidad permanente y supervivencia.
Esta cuenta se nutre de dos
tipos de recursos: uno, las cotizaciones (aportaciones) de los
trabajadores, que suponen un 10% de su salario y cuyo coste es asumido
por ellos exclusivamente sin que las empresas aporten nada a estos
efectos, algo que no ocurre en ningún otro país de la OCDE. Y, otro, los
rendimientos que genera la inversión de los fondos acumulados
–principalmente en bancos y grandes empresas chilenas–.
Sin olvidar que
de ahí se han de descontar las (altas) comisiones que soportan también
íntegramente los trabajadores, es indudable que el modelo diseñado
‘favorece’ el ahorro y el desarrollo de un gran mercado de capitales con
fondos acumulados por valor de un 62% del PIB chileno. Pero no es oro
todo lo que reluce…
Las deficiencias del modelo chileno son
evidentes desde hace años. Ya en 2008 fue necesaria la creación por el
Estado de un pilar solidario para compensar la baja cuantía de las
pensiones a través de un doble mecanismo: una pensión básica solidaria, algo similar a nuestras pensiones no contributivas; y el denominado aporte previsional solidario,
equivalente a nuestros complementos de mínimos para las pensiones
contributivas más bajas.
Pero la constitución hace ahora un año de una
comisión de expertos (www.comisionpensiones.cl)
con el fin de diagnosticar los problemas del sistema y plantear
propuestas de reforma pone de manifiesto que estos ‘parches’, loables,
no han sido suficientes; y que, por el contrario, tales problemas
–constatados también en varios países vecinos que siguieron la estela
chilena en los noventa– son mucho más profundos.
Como más
significativos, y sin olvidar el riesgo derivado de la incierta
evolución de los mercados financieros –sólo en 2008 los fondos de
pensiones perdieron un 23% de su valor a nivel mundial–, quisiera llamar
la atención sobre los siguientes.
- Primero, seguramente lo más relevante desde la perspectiva de análisis de este artículo es la baja cuantía de las pensiones generadas. Como ha denunciado la Fundación Sol (fundacionsol.cl ), más de un 90% de las pensiones de jubilación pagadas por las AFPs (retiro programado) no alcanzan los 147.000 pesos (213 euros), una cuantía sólo equivalente a dos terceras partes del ingreso mensual mínimo (salario mínimo interprofesional en Chile: 225.000 pesos). Pero, además, estos pobres resultados se han de consolidar en el tiempo si atendemos a los fondos hoy acumulados por aquellos trabajadores que alcanzarán la jubilación a lo largo de la próxima década: el 70% de los trabajadores mayores de 55 años acumulan menos de 20 millones de pesos, una cantidad que apenas sirve para generar una pensión de 100.000 pesos mensuales (145 euros). Así que difícilmente puede sostenerse que el sistema garantice un mínimo de suficiencia.
- Segundo, la indigencia a la que este nivel de renta condena a los jubilados explicaría también que la edad de jubilación efectiva sea anómalamente de las más elevadas de la OCDE. Y es que a pesar de que la edad legal de retiro sigue todavía en 65 años (60 para las mujeres), y a que no existe ni un problema demográfico acuciante en el corto plazo ni medidas potentes para estimular la prolongación de la vida activa, lo cierto es que la edad efectiva de jubilación es de 70 años para ambos sexos.
- Tercero, las supuestas virtudes de la competencia no se han traducido en una rebaja en los costes de gestión de los fondos; más bien al contrario, pues siguen siendo elevados en comparación con el resto de países de la OCDE y han creciendo paulatinamente desde la puesta en marcha del sistema.
- Cuarto, la tasa de cobertura de la población económicamente activa es baja –sólo un 63%–, lo que se explica por el fuerte peso de la economía informal que deja fuera del sistema a muchos trabajadores. Un problema al que se añaden las marcadas diferencias existentes en las cuantías de las pensiones que se traducen en importantísimas desigualdades.
- Y, quinto, una evaluación del sistema desde una perspectiva de género ofrece unos resultados aun más desalentadores. Pese a que los mecanismos de solidaridad públicos introducidos en 2008 han atemperado en cierta medida las diferencias existentes entre las pensiones de hombres y mujeres, la brecha sigue siendo amplia, entre otras razones porque se utilizan tablas de mortalidad diferenciadas; algo que revela las insuficiencias que este tipo de modelos basados en la capitalización tienen también en este plano.
A la vista de lo anterior, no parece
exagerado concluir que el modelo de capitalización individual chileno es
un fracaso. Por eso, a la hora de plantear a la opinión pública,
europea y española, la necesidad de recortar los sistemas públicos de
pensiones de reparto sería bueno que los defensores de la capitalización
no ocultaran a los ciudadanos los graves inconvenientes que este cambio
trae consigo.
Porque, más allá del formidable negocio que la
privatización –parcial, siquiera– de las pensiones puede generar para
algunos, la experiencia chilena pone de manifiesto el coste que un
cambio así podría significar para muchos pensionistas en términos de
pobreza, desigualdad y cohesión social." (Borja Súarez, Economistas frente a la crisis, 04/08/16)
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