"(...) Si los gobiernos de izquierda quieren realmente romper con las políticas
de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en
toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes
fuerzas conservadoras tanto a nivel nacional como europeo (...)
Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a
la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e
industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. (...)
Reducir radicalmente el stock de la deuda y
aliviar de manera drástica la parte del presupuesto dedicado al pago de
la deuda es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente
los gastos sociales y las inversiones (...)
Un Gobierno de izquierda tiene que socializar el sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas ytransformar a los bancos en un servicio público bajo control ciudadano),
tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales,
recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los
préstamos condicionados por la prosecución de la austeridad y de las
privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima,
ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los
derechos humanos, incluso odiosa.
Uno de los numerosos instrumentos de
los que dispone un Gobierno de izquierda para favorecer la participación
y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los
acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana
activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se
debería pagar, que sería necesario repudiar.
Sin pretensión de ser exhaustiva/os se pueden avanzar las definiciones siguientes:
Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés
general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada.
Por ejemplo, la generada por ‘elefantes blancos’ como el aeropuerto de
Castellón.
Deuda ilegal: deuda contraída en violación del
orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada por
los casos de corrupción, como los que evidencian las operaciones
‘Malaya’, ‘Púnica’ o ‘Gürtel’.
Deuda pública odiosa: créditos
ligados a la implementación de políticas que violan los derechos
sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones
afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los
acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca
española implementando políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer más austeridad violando derechos económicos y sociales de la ciudadanía.
Deuda pública insostenible:
deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los
derechos humanos fundamentales. Por ejemplo: La deuda pública española,
del 101% del PIB . El pago de la deuda supone
una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado, lo
que impide destinar miles de millones de euros a servicios básicos.
El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos
denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los estados
miembros sometidos a planes de ajuste estructural —
prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a
fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y
desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7:
«Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico
efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin,
entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en
niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible
irregularidad.»
El Gobierno griego de Antonis Samaras (2012-2014)
se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a
la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las
irregularidades vinculadas al respecto. Los demás gobiernos europeos
bajo asistencia financiera, incluyendo el de Mariano Rajoy, tampoco
hacen la auditoría.
La Comisión Europea no exige tal auditoría porque se
dio cuenta de que esta disposición del reglamento puede ir en contra de
sus intereses y de los intereses de los acreedores. Nosotra/os abogamos
por que un Gobierno de izquierda tome medidas unilaterales de
autodefensa frente a las imposiciones injustas de las instituciones
europeas. Hace falta desobedecer y al mismo tiempo es posible fundar tal
decisión refiriéndose a este artículo del reglamento que los gobiernos
‘austeritarios’ y la Comisión Europea no aplican." (Fátima Martín y Éric Toussaint , Público, en Rebelión, 301/11/16)
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