"(...) Siguiendo esta lectura, la política en España parece rodar
hoy por similares derroteros. La corrupción estructural y las tres
crisis sistémicas (del régimen político, del modelo
financiero/económico, y del bloque mediático y propagandístico) que la
acompañan así lo indican: en los últimos 25 años, la política (desde la
monarquía hasta las pequeñas instituciones locales) ha servido para
mediar y medrar entre empresarios necesitados de contratos, facilitando
adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tanto
dentro como fuera del país.
Si apuntamos a la acumulación primigenia que ha resultado
en esta capacidad intermediaria, veremos cómo los diferentes gobiernos
de turno han facilitado durante décadas que gigantescos recursos
(financieros, materiales, humanos) fueran desviados desde el Estado a
determinadas manos.
Un ejemplo del peso de este capital transferido a manos
privadas es que la capitalización de las seis empresas públicas que
cotizaban en el Ibex35 en los años 90 (Fecsa, Repsol, Telefónica,
Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40% de la
capitalización del índice bursátil (38,14%); es decir, una sexta parte
de las empresas concentraba más de un tercio de la capitalización del
índice. Hoy, estas empresas siguen siendo fundamentales en el reparto de
poder del Ibex. Pero la crisis ha movido las fichas y el poder se ha
troceado entre distintas facciones.
Oligarquía política
Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los
partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del
poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo
del mismo, ocupando así sus más altas posiciones.
Los gobiernos de
nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35,
en un imparable juego de puertas giratorias. En el Grupo Santander están
UCD, el PSOE y el PP: el actual vicepresidente, Matías Rodríguez
Inciarte, fue ministro de la Presidencia con UCD; el consejero Guillermo
de la Dehesa fue secretario de Estado de Economía y arquitecto de las
privatizaciones en los 80 con el PSOE; Isabel Tocino, ministra de Medio
Ambiente con el PP, también es consejera.
En Gas Natural, nuestro presidente más longevo (14 años),
Felipe González, fue consejero hasta el año pasado; retrocediendo al
Ibex de los años 90, encontramos a otro expresidente, Leopoldo Calvo
Sotelo, como consejero de Ferrovial; y en otra gran constructora, OHL,
se unen pasado y presente: su actual presidente y propietario, Juan
Miguel Villar Mir, remite a la Transición --fue vicepresidente y
ministro de Economía del primer Gobierno del Rey (1975)--; su actual
CEO, peso pesado en los dos Gabinetes de Aznar, es Josep Piqué, ex
ministro de Exteriores, Industria, Ciencia y ex portavoz del gobierno.
Los políticos que acaban en el Ibex no son sujetos
aislados, sino que tienen una singularidad y una unidad específica como
grupo, lo que les constituye como un bloque de poder ‘económico’: se
extienden por 29 de las 35 empresas del Ibex35 actual. Forman así parte
de un grupo de presión muy relevante, pues el simple estornudo de estas
empresas asusta a toda la economía: su cotización es una muestra de
salud interna y muchas de ellas entran, por su riesgo sistémico, en la
lista de las ‘entidades susceptibles de rescate’, las denominadas “too
big to fail”.
Ese grupo de políticos/empresarios forma, junto a los
empresarios puros, una clase pacíficamente desunida dentro del Ibex35,
en el que hoy se cruzan alianzas y enfrentamientos y se desarrolla la
pugna por conseguir la posición dominante en la economía. Hay mucho en
juego.
En un país vigilado muy de cerca por la Troika y más endeudado
que nunca (casi el 100% del PIB), la capitalización de las 35 empresas
del principal índice bursátil equivale a la mitad del Producto Interior
Bruto español: 547.785 millones, aportando 18.173 millones (en 2014) a
las arcas del Estado por impuestos de sociedades (un 40,5% de los 44.823
millones que se recaudaban al inicio de la crisis, en 2007, según un
informe de CC.OO).
Durante dos largas décadas todo fue bien para las grandes
empresas del Ibex y su imperio: la unidad del bloque estaba garantizada
por el Estado y por las cajas de ahorro, es decir, por consejeros
políticos y el riego de capital de las cajas y el Estado.
Durante este
tiempo, se repartieron el poder PP y PSOE, apoyándose en cajas de
ahorros y en el control de la SEPI (el grupo industrial estatal, antes
conocido como INI y INH) según el gobierno de turno. Pero la larga
recesión y las medidas impuestas por Europa torcieron este equilibrio.
Reparto PSOE-PP
El reparto vigente en 2010 daba a los tecnócratas del PSOE
influencia en un área del Ibex35 que incluía a las antiguas empresas
públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado
(Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los
años 90 (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto
expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor
entidad financiera del país.
Los mandarines del PP, por el contrario, se habían ido
extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de
eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control
de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el
exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato y por
José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP),
y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada
la crisis económica, de una posición oligopólica en el Ibex35, con la
participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia,
Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las
tres primeras, e indirectamente, controlando un área mucho más amplia, a
través de las participaciones de sus participadas. Sólo había un
accionista con un poder similar en el Ibex35 en 2010: La Caixa (con seis
participadas).
Ni siquiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue
un problema para el poderío del PP/Ibex. El presidente socialista dio
el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y
Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto
económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.
En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para
financiar el imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos.
Un ejemplo: la caja compró suelo –sin valor según el juez Andreu-- por
valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina
Sonia Castedo * y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con
el que compartía juergas en prostíbulos y yates.
La caja se sumaba así
al apoyo de la CAM, que había llegado a financiar con 150 millones al
constructor. También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra
Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó
una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta
pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró
como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia C.F., con
el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.
En el imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo
inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba
en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones.
A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios
alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35% de Grand Coral) se
embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia. El
presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis
Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de
gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de
3.500 euros al mes.
Blesa, Aznar y compañía
En Madrid, la caja controlada por Miguel Blesa, el viejo
amigo de José María Aznar, tuvo una actuación similar, aunque, dado su
tamaño, el brazo financiero de la casa ayudaba a círculos empresariales
más exclusivos. Ahí quedan los créditos a múltiples empresarios, algunos
de ellos encarcelados hoy. Por ejemplo, a Díaz Ferrán, consejero en
Bankia (131 millones, de los que el 15% ha quedado impagado); al
exvicepresidente de la CEOE y también consejero en Bankia, Arturo
Fernández (2 millones), o a los todopoderosos Florentino Pérez (620
millones, aún sin cuantificar los que proceden de Bankia), Esther
Koplowitz (1.000 millones en créditos junto al BBVA, cuyo pago ha sido
pospuesto a 2018), Villar Mir (344 millones al 0% de interés, concedidos
mientras López Madrid, su yerno, era consejero) o al dueño de la
quebrada Martinsa Fadesa, Fernando Martín (1.000 millones para la compra
de Fadesa a Manuel Jové, autorizados por el responsable de créditos a
empresas Carlos Vela, quien después pasó a ser CEO del grupo
constructor).
Pero Caja Madrid no es sólo la gran acreedora de las
fortunas del ladrillazo español. Su política como brazo financiero de
proyectos de envergadura le llevó a igualar a su amiga valenciana,
financiando un parque temático para Madrid, el Parque Warner, al cual
concedió un crédito de 211 millones. O el fichaje de Cristiano Ronaldo
(76,5 millones).
O dando crédito a mansalva a medios de comunicación. Su
radio de acción no sólo abarcaba la tierra patria. Su política de
compras le llevó muy cerca de Bancaja, a Florida, donde se hizo con el
City National Bank of Florida, por 1.134 millones, que finalmente fue
vendido en 2013 por 683 millones, casi la mitad de lo que costó. Esta
fue una operación investigada por el juez Elpidio Silva, que le supuso
ser apartado de la carrera judicial.
El destino quiso que la unión en 2010 del imperio del PP en
Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición
del PSOE. No sólo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que
posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel)
permitió su salida a Bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual
las cuentas fueron “maquilladas”, en palabras de los peritos del Banco
de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu.
Veredicto que no comparten el FROB y la CNMV, esta última investigada
por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual
se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia, en su salida a Bolsa. Están
siendo investigados los responsables del presunto regulador desde la
etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en
muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo
durante la salida a Bolsa), y Elvira Rodríguez (actualmente en
funciones).
El verdadero problema llegó con el rescate a Bankia. La
casa Aznar había depositado ahí todas sus esperanzas de control y poder:
ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el
Partido Popular, y todos sus compañeros de viaje, empresarios,
conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos.
Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las
participaciones en empresas que permitían al Partido Popular mantener un
gran poder intermediario dentro del Ibex35. Todos los indicios apuntan
hoy a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder
económico cuando llegó la crisis.
Pero dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las
pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los
20.000 millones, quedaban fuera del alcance del FROB, así que el
Gobierno Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE
(Mecanismo Europeo de Estabilidad).
La aprobación del préstamo, que
incluye tres tramos hasta llegar a los 100.000 millones (el 10% de la
deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor
especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610
puntos en agosto de 2012.
Ya en diciembre, con el rescate debajo del brazo, el
Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de
entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas
de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a
cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en
tenedoras de acciones), y evitar la participación de políticos en ellas.
Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar
la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico:
los fondos y los bancos custodio estadounidenses.
Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas
condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el
muñeco con el que había dominado el Ibex35. Rajoy defenestró a la cúpula
de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado
por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa
acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika sino
también en manos de los competidores, los fondos de inversión que
controlan el BBVA.
Los mismos que hoy han logrado poner en su órbita de
control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno
de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12% de
IAG (junio de 2013), el 20,14% de Indra (agosto de 2013), el 4,94% de
Iberdrola (abril de 2014), el 19,07% de Metrovacesa (diciembre del
2014), y la joya de la corona, el 15% de Mapfre (septiembre de 2014).
Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había
ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre.
Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de
repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el
cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines,
Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta
(Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato.
Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores
y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.
Aznar respondió a la situación creando el Instituto
Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y
benefactores. En el consejo directivo del instituto que preside figuran
numerosas autoridades “amigas” de empresas del Ibex35: Alierta
(Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón
(Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María
Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre).
Como consecuencia de la intervención de Bankia, la
influencia del PP sobre el Ibex quedó en manos de Rajoy, quien a través
de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red
Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades
financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.
La consecuencia más inmediata de este cambio de cromos es
que, si el PP no lograra acceder al Gobierno en las sesiones de
investidura o elecciones venideras, quedará sin ninguna capacidad de
control sobre un buen número de sociedades del Ibex35.
Y no sólo eso, sino que quien controle la galaxia Bankia
controlará un sinfín de créditos que sostienen todavía a muchas de las
grandes fortunas y empresas que van en dirección a la quiebra y cuya
subsistencia depende del gran respirador artificial.
En el nuevo Ibex35 post Bankia, la partida ha pasado de ser
un juego de dos (La Caixa y Caja Madrid como accionistas de múltiples
empresas) a una que incluye a tres actores: un PP que se aferra a la
SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su imperio; un
sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o
concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del
Santander, BBVA y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New
York Mellon, State Street Bank), y en particular de Blackrock; y por
último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una
entidad de capital nacional: La Caixa.
Blackrock, el actor emergente
El nuevo actor emergente, Blackrock, ha ganado terreno con
la crisis y tiene hoy repartidos 12.000 millones por empresas del
Ibex35. Su ascenso ha sido meteórico. En 2010 solo tenía participaciones
en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en
doce sociedades del Ibex35, y en 2016 han pasado a ser 19.
Sus
principales referentes en España son el BBVA y el Santander, los cuales
han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de
referencia (State Street Bank y New York Mellon, y Chase Nominees, entre
otros). Los bancos fueron los precursores de la invasión fondista, con
Telefónica, la primera empresa del Ibex35 que introdujo a Blackrock como
accionista.
Su presidente, Larry Fink, un asiduo al foro de Davos, es
autor de varias frases memorables. Una afirma: “Hay que educar a la
población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las
medidas correctas”. En otra aconsejaba esperar el momento oportuno,
cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar
acciones: “Antes de comprar hay que ver sangre en las calles”.
En una entrevista concedida a El País durante una
visita a España en junio del año pasado, Fink advertía: “Quien gobierne
en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que
son compromisos de Estado y no de un gobierno concreto”.
Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español. (...)" (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 01/03/16)
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