11.1.17

La oligarquía española, de Aznar a Rajoy...


"(...) Siguiendo esta lectura, la política en España parece rodar hoy por similares derroteros. La corrupción estructural y las tres crisis sistémicas (del régimen político, del modelo financiero/económico, y del bloque mediático y propagandístico) que la acompañan así lo indican: en los últimos 25 años, la política (desde la monarquía hasta las pequeñas instituciones locales) ha servido para mediar y medrar entre empresarios necesitados de contratos, facilitando adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tanto dentro como fuera del país.

Si apuntamos a la acumulación primigenia que ha resultado en esta capacidad intermediaria, veremos cómo los diferentes gobiernos de turno han facilitado durante décadas que gigantescos recursos (financieros, materiales, humanos) fueran desviados desde el Estado a determinadas manos.

Un ejemplo del peso de este capital transferido a manos privadas es que la capitalización de las seis empresas públicas que cotizaban en el Ibex35 en los años 90 (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40% de la capitalización del índice bursátil (38,14%); es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio de la capitalización del índice. Hoy, estas empresas siguen siendo fundamentales en el reparto de poder del Ibex. Pero la crisis ha movido las fichas y el poder se ha troceado entre distintas facciones.

Oligarquía política

Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo del mismo, ocupando así sus más altas posiciones.

 Los gobiernos de nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35, en un imparable juego de puertas giratorias. En el Grupo Santander están UCD, el PSOE y el PP: el actual vicepresidente, Matías Rodríguez Inciarte, fue ministro de la Presidencia con UCD; el consejero Guillermo de la Dehesa fue secretario de Estado de Economía y arquitecto de las privatizaciones en los 80 con el PSOE; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente con el PP, también es consejera.

En Gas Natural, nuestro presidente más longevo (14 años), Felipe González, fue consejero hasta el año pasado; retrocediendo al Ibex de los años 90, encontramos a otro expresidente, Leopoldo Calvo Sotelo, como consejero de Ferrovial; y en otra gran constructora, OHL, se unen pasado y presente: su actual presidente y propietario, Juan Miguel Villar Mir, remite a la Transición --fue vicepresidente y ministro de Economía del primer Gobierno del Rey (1975)--; su actual CEO, peso pesado en los dos Gabinetes de Aznar, es Josep Piqué, ex ministro de Exteriores, Industria,  Ciencia y ex portavoz del gobierno.

Los políticos que acaban en el Ibex no son sujetos aislados, sino que tienen una singularidad y una unidad específica como grupo, lo que les constituye como un bloque de poder ‘económico’: se extienden por 29 de las 35 empresas del Ibex35 actual. Forman así parte de un grupo de presión muy relevante, pues el simple estornudo de estas empresas asusta a toda la economía: su cotización es una muestra de salud interna y muchas de ellas entran, por su riesgo sistémico, en la lista de las ‘entidades susceptibles de rescate’, las denominadas “too big to fail”.

Ese grupo de políticos/empresarios forma, junto a los empresarios puros, una clase pacíficamente desunida dentro del Ibex35, en el que hoy se cruzan alianzas y enfrentamientos y se desarrolla la pugna por conseguir la posición dominante en la economía. Hay mucho en juego. 

En un país vigilado muy de cerca por la Troika y más endeudado que nunca (casi el 100% del PIB), la capitalización de las 35 empresas del principal índice bursátil equivale a la mitad del Producto Interior Bruto español: 547.785 millones, aportando 18.173 millones (en 2014) a las arcas del Estado por impuestos de sociedades (un 40,5% de los 44.823 millones que se recaudaban al inicio de la crisis, en 2007, según un informe de CC.OO).

Durante dos largas décadas todo fue bien para las grandes empresas del Ibex y su imperio: la unidad del bloque estaba garantizada por el Estado y por las cajas de ahorro, es decir, por consejeros políticos y el riego de capital de las cajas y el Estado.

 Durante este tiempo, se repartieron el poder PP y PSOE, apoyándose en cajas de ahorros y en el control de la SEPI (el grupo industrial estatal, antes conocido como INI y INH) según el gobierno de turno. Pero la larga recesión y las medidas impuestas por Europa torcieron este equilibrio.

Reparto PSOE-PP

El reparto vigente en 2010 daba a los tecnócratas del PSOE influencia en un área del Ibex35 que incluía a las antiguas empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado (Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los años 90 (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor entidad financiera del país.

Los mandarines del PP, por el contrario, se habían ido extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato y por José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP), y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada la crisis económica, de una posición oligopólica en el Ibex35, con la participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia, Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las tres primeras, e indirectamente, controlando un área mucho más amplia, a través de las participaciones de sus participadas. Sólo había un accionista con un poder similar en el Ibex35 en 2010: La Caixa (con seis participadas).

Ni siquiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un problema para el poderío del PP/Ibex. El presidente socialista dio el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.

En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para financiar el imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos. Un ejemplo: la caja compró suelo –sin valor según el juez Andreu-- por valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina Sonia Castedo * y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con el que compartía juergas en prostíbulos y yates. 

La caja se sumaba así al apoyo de la CAM, que había llegado a financiar con 150 millones al constructor. También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia C.F., con el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.

En el imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones. A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35% de Grand Coral) se embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia. El presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de 3.500 euros al mes.

Blesa, Aznar y compañía

En Madrid, la caja controlada por Miguel Blesa, el viejo amigo de José María Aznar, tuvo una actuación similar, aunque, dado su tamaño, el brazo financiero de la casa ayudaba a círculos empresariales más exclusivos. Ahí quedan los créditos a múltiples empresarios, algunos de ellos encarcelados hoy. Por ejemplo, a Díaz Ferrán, consejero en Bankia (131 millones, de los que el 15% ha quedado impagado); al exvicepresidente de la CEOE y también consejero en Bankia, Arturo Fernández (2 millones), o a los todopoderosos Florentino Pérez (620 millones, aún sin cuantificar los que proceden de Bankia), Esther Koplowitz (1.000 millones en créditos junto al BBVA, cuyo pago ha sido pospuesto a 2018), Villar Mir (344 millones al 0% de interés, concedidos mientras López Madrid, su yerno, era consejero) o al dueño de la quebrada Martinsa Fadesa, Fernando Martín (1.000 millones para la compra de Fadesa a Manuel Jové, autorizados por el responsable de créditos a empresas Carlos Vela, quien después pasó a ser CEO del grupo constructor).

Pero Caja Madrid no es sólo la gran acreedora de las fortunas del ladrillazo español. Su política como brazo financiero de proyectos de envergadura le llevó a igualar a su amiga valenciana, financiando un parque temático para Madrid, el Parque Warner, al cual concedió un crédito de 211 millones. O el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones). 

 O dando crédito a mansalva a medios de comunicación. Su radio de acción no sólo abarcaba la tierra patria. Su política de compras le llevó muy cerca de Bancaja, a Florida, donde se hizo con el City National Bank of Florida, por 1.134 millones, que finalmente fue vendido en 2013 por 683 millones, casi la mitad de lo que costó. Esta fue una operación investigada por el juez Elpidio Silva, que le supuso ser apartado de la carrera judicial.

El destino quiso que la unión en 2010 del imperio del PP en Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición del PSOE. No sólo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel) permitió su salida a Bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual las cuentas fueron “maquilladas”, en palabras de los peritos del Banco de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu.

 Veredicto que no comparten el FROB y la CNMV, esta última investigada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia, en su salida a Bolsa. Están siendo investigados los responsables del presunto regulador desde la etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo durante la salida a Bolsa), y Elvira Rodríguez (actualmente en funciones).

El verdadero problema llegó con el rescate a Bankia. La casa Aznar había depositado ahí todas sus esperanzas de control y poder: ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el Partido Popular, y todos sus compañeros de viaje, empresarios, conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos. 

Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las participaciones en empresas que permitían al Partido Popular mantener un gran poder intermediario dentro del Ibex35. Todos los indicios apuntan hoy a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder económico cuando llegó la crisis.

 Pero dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los 20.000 millones, quedaban fuera del alcance del FROB, así que el Gobierno Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). 

La aprobación del préstamo, que incluye tres tramos hasta llegar a los 100.000 millones (el 10% de la deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610 puntos en agosto de 2012.

Ya en diciembre, con el rescate debajo del brazo, el Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en tenedoras de acciones), y evitar la participación de políticos en ellas. 

Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico: los fondos y los bancos custodio estadounidenses.

Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el muñeco con el que había dominado el Ibex35. Rajoy defenestró a la cúpula de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika sino también en manos de los competidores, los fondos de inversión que controlan el BBVA. 

Los mismos que hoy han logrado poner en su órbita de control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12% de IAG (junio de 2013), el 20,14% de Indra (agosto de 2013), el 4,94% de Iberdrola (abril de 2014), el 19,07% de Metrovacesa (diciembre del 2014), y la joya de la corona, el 15% de Mapfre (septiembre de 2014).

Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre.

Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines, Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta (Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato. Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.

Aznar respondió a la situación creando el Instituto Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y benefactores. En el consejo directivo del instituto que preside figuran numerosas autoridades “amigas” de empresas del Ibex35: Alierta (Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón (Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre).

Como consecuencia de la intervención de Bankia, la influencia del PP sobre el Ibex quedó en manos de Rajoy, quien a través de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.

La consecuencia más inmediata de este cambio de cromos es que, si el PP no lograra acceder al Gobierno en las sesiones de investidura o elecciones venideras, quedará sin ninguna capacidad de control sobre un buen número de sociedades del Ibex35.

Y no sólo eso, sino que quien controle la galaxia Bankia controlará un sinfín de créditos que sostienen todavía a muchas de las grandes fortunas y empresas que van en dirección a la quiebra y cuya subsistencia depende del gran respirador artificial.

En el nuevo Ibex35 post Bankia, la partida ha pasado de ser un juego de dos (La Caixa y Caja Madrid como accionistas de múltiples empresas) a una que incluye a tres actores: un PP que se aferra a la SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su imperio; un sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del Santander, BBVA y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New York Mellon, State Street Bank), y en particular de Blackrock; y por último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una entidad de capital nacional: La Caixa.

Blackrock, el actor emergente

El nuevo actor emergente, Blackrock, ha ganado terreno con la crisis y tiene hoy repartidos 12.000 millones por empresas del Ibex35. Su ascenso ha sido meteórico. En 2010 solo tenía participaciones en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en doce sociedades del Ibex35, y en 2016 han pasado a ser 19. 

Sus principales referentes en España son el BBVA y el Santander, los cuales han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de referencia (State Street Bank y New York Mellon, y Chase Nominees, entre otros). Los bancos fueron los precursores de la invasión fondista, con Telefónica, la primera empresa del Ibex35 que introdujo a Blackrock como accionista.

 Su presidente, Larry Fink, un asiduo al foro de Davos, es autor de varias frases memorables. Una afirma: “Hay que educar a la población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”. En otra aconsejaba esperar el momento oportuno, cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar acciones: “Antes de comprar hay que ver sangre en las calles”.

En una entrevista concedida a El País durante una visita a España en junio del año pasado, Fink advertía: “Quien gobierne en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que son compromisos de Estado y no de un gobierno concreto”.

Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español.  (...)"                (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 01/03/16)