"(...) Las circunstancias son perfectamente conocidas: nuestros mandamases
se han pulido en cinco años un fondo de casi 70.000 millones de euros,
han propiciado un déficit estructural de 17.000 millones al año y
consumarán desde este 2017 un atraco premeditado a los jubilados, que
gracias a la última reforma, financiarán por ley parte del agujero con
pérdidas constantes de poder adquisitivo.
Se dirá que la situación
ha venido dada por la crisis, pero no sería del todo cierto porque en
los cuatro años anteriores, en la etapa más virulenta de esa misma
crisis, el sistema se mantuvo prácticamente en equilibro y sin tocar un
solo céntimo de la hucha de las pensiones.
Dando por bueno el dato de
que de los 2,2 cotizantes por pensionista que había en 2008 se ha pasado
a menos de 1,9, nos hallamos ante la paradoja de que en un momento de
creación de empleo a destajo el déficit no hace sino aumentar.
¿Razones?
Simple desvalijamiento. El sistema financia, por ejemplo, todas las
bonificaciones y tarifas planas servidas en bandeja de plata a los
empresarios para que contraten, y que vienen a suponer cerca de 4.000
millones al año.
A ello hay que añadir la deflación de los últimos años y
la devaluación salarial promovida por las empresas y amparada por el
Ejecutivo, lo que ha mermado los ingresos. Paralelamente, la Seguridad
Social ha cuadrado las cuentas de otros organismos públicos a costa de
engordar su propio agujero.
El exsecretario de Estado para la
Seguridad Social entre 2004 y 2011, Octavio Granado, lo explicaba hace
algunos meses de forma precisa: “En 2015 las cotizaciones de
desempleados fueron de 6.700 millones. En 2011, cuando se cotizaba a los
mayores de 52 años (ahora 55) por bases superiores a las actuales y con
una normativa de incompatibilidades menos rigurosa, el Servicio Público
de Empleo cotizó a la Seguridad Social 10.200 millones.
Si la normativa
de 2011 siguiera en vigor, el Fondo de Reserva tendría ahora 10.000
millones más… pero claro, Hacienda tendría 10.000 millones más de
deuda”.
El vaciamiento del Fondo de Reserva, que a lo largo de
2017 pasará a mejor vida, ha tenido lógicamente otro efecto colateral:
se han dejado de ingresar los 3.000 millones anuales que la hucha
proporcionaba. Según la llamada Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) el déficit estructural de la Seguridad
Social se estabilizará en torno a los 15.000 millones anuales en el
próximo lustro.
Suponiendo que en ese periodo los precios crecieran a un
ritmo del 2% -se estima que en 2016 terminaron subiendo el 1,5%- a los
pensionistas se les seguiría aplicando la subida mínima del 0,25%, por
lo que llegarían a perder cerca de ocho puntos de poder de compra, que
es la forma moderna de definir lo que es una bajada de sus prestaciones
en toda regla.
(...) el miedo a que el principal edificio del estado del bienestar se
venga abajo debería conducir –ese es el objetivo patente y hasta
declarado- al florecimiento de los planes de pensiones privados para
satisfacción de nuestros saneadísimos bancos. Se recorrería así ese
tortuoso camino que va de la estafa al timo de la estampita. El
patrimonio de dichos fondos, que a 31 de diciembre de 2007 ascendía a
86.600 millones, se situó en octubre del pasado año en 68.240 millones,
según los datos de Inverco.
Lo del timo no es una ocurrencia sino
una conclusión científica. Aquí mismo se daba cuenta hace algún tiempo
del estudio de dos profesores del IESE, Pablo Fernández y Vicente J.
Bermejo, sobre la rentabilidad de dichos fondos entre 1991 y 2007.
El
trabajo acreditaba que sólo dos de los 170 planes con 17 años de
historia fueron más rentables que los bonos del Tesoro; ninguno de los
170 planes con 17 años de historia, tres de los 511 planes con 10 años
de historia, dos de los 1.597 planes con 5 años de historia y 2 de los
2.007 planes con tres años de historia superaron en rentabilidad al
índice de la Bolsa de Madrid.
Las desgravaciones fiscales se quedaron en
el camino en menos de cinco años por las altas comisiones y la
deficiente gestión. En resumidas cuentas, los fondos privados de
pensiones eran muy rentables, sí, pero para los bancos.
Este año será, por tanto, el del debate sobre el futuro de las
pensiones. Antes de aplicar cualquier medida, no estaría demás volver a
la casilla de salida, reintegrando al sistema lo que sale de él en
bonificaciones y cuya factura debería ser abonada por el Estado. Quizás
al final haya que pagar pensiones con impuestos, pero esos impuestos son
los que ahora tendrían que financiar la formación de trabajadores y
parados, que también corre a cargo de la SS.
La subida del SMI será
beneficiosa, pero también que los parados coticen por bases más altas, o
que se persiga el fraude de los contratos de cinco días con los que
algunas empresas se ahorran cotizar el fin de semana. Los salarios
indignos de hoy hacen insostenible el presente y el futuro. Empecemos
por ahí." (Juan Carlos Escudier, Público, 02/01/17)
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