"Ciudadanos, activistas y asambleas vecinales que descubrieron cómo el
anterior alcalde amañaba concursos públicos; o cómo la empresa de
recogida de residuos incumplía –con el plácet del ayuntamiento- las
condiciones de un contrato; o se daba el caso de que el partido en el
gobierno cargaba gastos (del mismo partido) a las arcas municipales.
Hallazgos a los que se sumó la aportación de vecinos que se presentaron
en agrupaciones electorales a los comicios de mayo de 2015, iniciaron
Auditorías Ciudadanas o impulsaron Observatorios Municipales; con este
agregado de materiales y la experiencia de la Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda (PACD), el activista de la PACD y redactor de El
Salmón Contracorriente, Yago Álvarez, ha elaborado una guía de auditoría
ciudadana municipal; “Descifra tu deuda”, es el título del libro de 198
páginas. (...)
En los años del “boom” inmobiliario, muchos ayuntamientos estimaron
ingresos muy superiores a los obtenidos al final del año. Así podían
planificar gastos que excedían a los que hubieran sido posibles con
previsiones más realistas; el dinero se destinaba principalmente a
inversiones electoralistas y grandes obras. La consecuencia fue “la
obligación de endeudarse”, señala Yago Álvarez.
No son pocos los
consistorios en los que también se ha encontrado una “cuenta comodín”,
opaca, una especie de cajón de sastre en el que incluir gastos no
justificados o sobrecostes, explica el libro “Descifra tu deuda”. Una
cuenta denominada de “gastos varios” o “informes y estudios”.
En el capítulo quinto del libro, sobre privatizaciones,
externalizaciones y contratación pública, el autor explica la
importancia de los “falsos” contratos menores (inferiores a 50.000 euros
en las obras, y a 18.000 euros en los servicios y suministros). Se
caracterizan porque, según la Ley de Contratos del Sector Público, no
necesitan ser publicitados y tampoco recibir un número mínimo de
ofertas.
Además, la duración máxima es de un año. En otros términos, la
Administración tiene la posibilidad de contratar directamente con la
empresa privada, “a dedo”, sin necesidad de concurso público. El punto
decisivo estriba en que, a pesar de que la ley exige el no
fraccionamiento del objeto del contrato, en la práctica no ha ocurrido
así: las administraciones han abusado de la partición de licitaciones
para presentarlas como contratos menores (falsos).
“Éste ha sido uno de
los principales agujeros negros de dinero público en favor de la
corrupción y el clientelismo”, resalta Yago Álvarez. Otro ejemplo es el
de los sobrecostes de servicios públicos y obras externalizados –como el
soterramiento de la M30 de Madrid: 4.400 millones de euros de
sobrecoste-, que a menudo se adjudicaron a empresas que presentaron la
oferta más barata. O los llamados “elefantes blancos” u obras
megalómanas, cuya auditoría “puede implicar de manera más sencilla y
rápida a los ciudadanos”, destaca el autor.
Una calificación
aparentemente administrativa y jurídica se ha convertido, también, en
fuente de irregularidades durante los últimos años. Ha ocurrido con los
contratos “de servicios”, y con los contratos “de concesión o gestión de
servicios”. En la segunda modalidad existe un riesgo, que el
ayuntamiento trasfiere a la empresa con la que acuerda la
externalización.
Ocurre por ejemplo con la gestión del agua, en la que
el beneficio empresarial puede verse condicionado por los impagos de los
clientes. Este riesgo mercantil no se produce en la recogida de
residuos o en la limpieza de las calles y, pese a ello, éstas se han
adjudicado irregularmente en centenares de municipios como si se tratara
de una “concesión o gestión de servicios”: por plazos de hasta 20 ó 25
años (en lugar del máximo de cuatro que marca la legislación).
Otro
capítulo susceptible de auditoría es el que tiene su origen en los
préstamos a corto plazo, que han de devolverse al banco en menos de un
año, y se refinancian todos los años con nuevos préstamos también a
corto plazo. La clave reside en que esta deuda no figura en los
presupuestos, sino que directamente se agrega a tesorería. Según
Álvarez, “de ese modo se maquilla y se presenta una situación financiera
y de endeudamiento irreal”. (...)
Pero el libro “Descifra tu deuda” no se limita a las auditorías sobre
gasto y endeudamiento. Incluye un capítulo en torno a la política de
ingresos y recaudación fiscal. Propone, por ejemplo, revisar las
exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), “muy altas y
permisivas para los colegios privados y concertados” allí donde
gobiernan partidos afines, recalca Yago Álvarez.
Hay además casos en que
las propiedades de la iglesia católica se arriendan a terceros, que
desarrollan una actividad económica en los inmuebles. Al no dedicarse
estos a culto y clero, podría revisarse la exención del IBI. En la
bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las
actividades empresariales “se han cometido irregularidades”, apunta el
autor del texto.
Ofrecida para atraer las empresas a los municipios, en
muchos casos la exención se ha prorrogado indefinidamente, o no se ha
cobrado el impuesto una vez expirado el plazo. Otro estímulo para la
implantación empresarial que puede analizarse en detalle es la reducción
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Fuentes
de recaudación de ingresos y también de posible examen son las tasas a
los bancos por los cajeros automáticos que ocupan la calzada pública; a
las compañías telefónicas, por el uso del espacio público de las
antenas; o a la Cruz Roja, por las donaciones de sangre en las calzadas,
ya que el plasma –sostienen los ayuntamientos que cobran esta tasa- se
vende a la sanidad pública.
En este “proceso sin fin”, como el autor
define a las auditorías, el lenguaje es “la principal barrera que
debemos derribar”. Porque hace que los ciudadanos desistan de leer y
entender una documentación “plagada de terminología difícil”. La
comprensión es, para el autor, la clave de una ciudadanía empoderada. " (Enric Llopis , Rebelión, 27/10/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario