24.2.17

"El ataque del ministro de Justicia a las fiscales de Púnica da miedo"... pues imagínate el que tendrán los titiriteros, los robagallinas, los raperos y los que fotografían policías dando leña

"(...) ¿ha cambiado algo en la justicia española?  En mi opinión sí: los robagallinas y los titiriteros y los sindicalistas y los maestros y los que fotografían policías dando leña y los raperos, etc.  cada día lo tienen peor. 

Y el “gran defraudador”, junto a las esposas tontitas, despistadas y/o ciegamente enamoradas, lo tienen mucho mejor. Pero tampoco para estas, aún estando igual de enamoradísimas, la justicia se comporta igual.

 Hay un trato para Doña Cristina de Borbón, hermana del Rey Felipe o para  Doña Ana Mato, ya de Alianza Popular a los 24 años, que llegó hasta ministra y otro trato para, por ejemplo, Isabel Pantoja, andaluza, de familia de copleros, coplera ella  misma y con un compañero sentimental como Julián Muñoz.

Que el sistema judicial vaya a peor no es una maldición divina. Ni siquiera un accidente. La actuación política interesada del PP sobre el sistema judicial español produce, necesariamente, la erosión de esta columna del armazón del Estado.

Y provoca con ello un desequilibrio evidente en la teórica división de poderes del Estado. Si a ello se añaden la displicencia con la que el Sr. Rajoy -y su “coro” juvenil-  trata la corrupción sistémica del PP; el perfil de los Ministros de Justicia que ha ido nombrado y el sistema de nombramientos de miembros de los órganos judiciales superiores (TS, TC, CGPJ, TSJ) el resultado no puede ser otro.

El caso del Sr. Rafael Catalá Polo, como Ministro de Justicia, es paradigmático. Su comportamiento es una mezcla entre troll y virus introducido en el sistema judicial que, si los ciudadanos no lo evitamos,  apolillará  la justicia hasta el tuétano.  El Sr. Catalá parece no tener más misión que molestar, provocar, y, a la vez, carcomer el sistema.

Ante ataque sistemático tan evidente y unas leyes pensadas para pobres diablos según señaló el Sr. Lesmes, resulta sorprendente el silencio de aquellos que conforman este tercer poder del Estado.

¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen sus asociaciones? ¿Tan escasos de sensibilidad social y política están? ¿Tan alejados de la gente común? ¿Es que, como muchos ciudadano creen, son parte de la casta? (...)"          (Jesús Páez Narváez, La Lamentable, 23/02/17)



"La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de oponerse a la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha acabado este jueves con la intervención del ministro de Justicia. 

Rafael Catalá ha criticado a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, al asegurar que tienen un problema porque su criterio no era compartido por sus superiores. "Yo me pongo del lado de sus jefes", ha dicho, al tiempo que ha advertido de consecuencias contra ellas por dejar constancia de su discrepancia.

La Unión Progresista de Fiscales ha pedido la dimisión de Catalá por estas palabras, por criticar que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito de Anticorrupción. Su portavoz, Álvaro García Ortiz, explica en este entrevista con eldiario.es que las declaraciones del ministro suponen una intromisión intolerable en el trabajo del Ministerio Fiscal.



¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Catalá contra las fiscales del caso Púnica por no seguir las directrices de sus superiores?

Las palabras de Catalá dan miedo. Asusta que un ministro pueda despreciar así el trabajo de unas fiscales, hacerlo en los términos, en el tono en el que lo ha hecho y además amenazar a unas compañeras con la instrucción de un expediente disciplinario y que se adopten medidas dentro de la Fiscalía.   (...) 

Catalá ha asegurado que la decisión de las fiscales de no firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía". ¿A qué consecuencias se exponen?

¿Quién es el ministro para hacer esa afirmación y tratar de atemorizar a unas profesionales como son las fiscales que se han encargado del caso? ¿Con qué legitimidad, con qué conocimiento y con qué atribuciones el ministro se permite el lujo de hacer eso? Es una intromisión en la autonomía del Ministerio Fiscal.

El ministro nunca debería haber dicho esas palabras. Por eso la UPF ha solicitado su dimisión, porque nos parece que ha excedido sus competencias de una manera intencionada. En segundo lugar, las compañeras tienen todo el derecho del mundo a tener una postura procesal, a elevarla y a mantenerla ante sus superiores. Eso es innegable.  (...)

Catalá ha considerado normal que Pedro Antonio Sánchez haya accedido al decreto con el criterio de los fiscales del Supremo sobre su caso. ¿Es normal que un político objeto de investigación acceda a este tipo de información reservada de la Fiscalía General?

No sé qué fuentes de información puede tener un investigado, no sé cómo le puede llegar esa información. Lo que me parece lamentable es que se haga ostentación de ese hecho como bandera política. Eso es lo que sí que nos parece impresentable. (...)

¿En qué lugar deja todo esto los planes de reforma para que la Fiscalía instruya los casos?
Pues creo que debe ser un ejemplo, en primer lugar, de que el ministro de Justicia no opine sobre la Fiscalía y menos sobre su actuación interna. Porque si hablamos de autonomía del Ministerio Fiscal, hay que hablar ya de esa autonomía.

En segundo lugar, hay que ganarse la confianza de los ciudadanos para que crean en los fiscales y en su profesionalidad. Estas reflexiones tenemos que hacerlas todos, los propios fiscales, pero especialmente los legisladores y el Ejecutivo a la hora de comentar, hacer o justificarse con determinadas actuaciones en las que intervienen los fiscales. (...)"          (Entrevista a Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, eldiario.es, 16/02/17)