"Fernando Santos Urbaneja (Carrión de los Condes, Palencia) es el fiscal coordinador en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al que le ha caído entre manos la denuncia de IU contra las eléctricas por supuestas prácticas abusivas en la fijación de las tarifas de la luz el pasado enero, en plena ola de frío.
Es como si en unas oposiciones te sale el tema que llevas 20 años
preparándote. Santos Urbaneja no ha tardado ni 24 horas en iniciar la
investigación, instando al Ministerio de Energía y a la Comisión
Nacional de la Competencia, a explicar con detalle el gran misterio que
aplasta a los ciudadanos: ¿cómo se calcula en España el precio de la
luz?
Se avecina una batalla legal bíblica, “otro
David contra Goliat”, porque este fiscal tiene muy claro que el
consumidor está desprotegido y es vulnerable al poder absoluto de los
lobbies económicos: las eléctricas, las compañías telefónicas, la banca.
Urbaneja prevé llevar su investigación hasta el límite, cuestionando
incluso, si es preciso, la legislación española en materia energética, y
elevando el caso al Tribunal Superior de Justicia Europea.
Usted ha sido muy tajante al advertir de que cuando hay un abuso con el consumidor, como el de las eléctricas, quien debe corregirlo es el Estado. ¿Qué responsabilidad tienen en las Comisiones Nacionales, de la Energía o de la Competencia?
Toda. En la medida en que no intervienen y
no regulan para evitar situaciones de indefensión, son corresponsables
de lo que pasa. Esta lucha para proteger a los consumidores debe partir
del poder ejecutivo y del legislativo, no debe ser la justicia quien
tenga el papel preponderante.
Sí, yo he sido crítico con el Ejecutivo y
con las Comisiones Nacionales, porque da la impresión de que han estado
al margen, inhibidas. Y les toca repensar lo que le está pasando a la
gente y hacer propuestas.
Un ciudadano contra un oligopolio, ¿no es una suerte de David contra Goliat?
Sí, esto era David contra Goliat, pero
ahora David tiene un poco más de oportunidades. En los oligopolios se
han advertido malas prácticas. Ahí es donde cuesta más reparar la
injusticia. A nosotros, los fiscales, nos piden que repongamos un
derecho y con determinados lobbies es complicado, porque todo es difuso,
empezando por su localización.
¿Cuál es la primera puerta a la que
llamamos para hablar con una gran corporación? Luego, la legislación no
es obvia, un decreto te remite a otro decreto, y éste a otro… y eso
dificulta el trabajo.
¿De qué empresas hablamos? ¿Quiénes son los malos?
Sobre todo hablamos siempre de energía:
gas, electricidad, banca, telefonía…Contra los abusos del sistema
bancario español se ganó una batalla, por ejemplo, con la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que advirtió de que la
legislación hipotecaria española era contraria al Derecho europeo y
ordenó la devolución total de las cláusulas suelo.
Esto empezó por un
caso particular, con un juez de lo Mercantil de Barcelona, que fue el
primero en plantear ante el Tribunal Europeo que la ley hipotecaria
española podría vulnerar el orden jurídico de la UE. Y el tribunal lo
asumió. (...)
¿Ese es el camino que van a seguir las eléctricas en España con la investigación que usted acaba de comenzar?
Así es. Eso que hicimos con los bancos es
lo que empezamos ahora con las eléctricas. Tenemos que buscar un
equilibrio entre los derechos de una empresa y los de un ciudadano. No
descarto que esto que hacen las eléctricas sea legal, pero que sea legal
no significa que sea justo.
Tenemos muchas normativas que no son justas
en relación con la normativa europea, están claramente en
contradicción. En estos casos, los jueces pueden presentar cuestiones
prejudiciales e instar al Tribunal de la UE a que examine la legislación
española. (...)
En efecto, su investigación va más allá de la denuncia de IU contra las eléctricas. Advierte al Ministerio de Energía de que también indagará si la propia norma española para fijar los precios vulnera la legislación de la UE. Usted es un profundo conocedor del derecho europeo en materia de consumidores. ¿Intuye que es así?
Claro, yo soy fiscal. Trabajo con la
legalidad y la legalidad tiene una jerarquía. Si ahora, a raíz de la
investigación, percibo que hay un reglamento estatal que regula el
precio de la luz y veo que es contrario a la ley europea, lo pondré de
manifiesto. Pero entienda que esto es un juego técnico. Hay un plano
emocional, el del ciudadano medio que sufre las subidas de los precios
de la luz en plena ola de frío. Pero el papel del fiscal no es
emocional.
La respuesta es sí: Yo intuyo que la
normativa española que regula las tarifas eléctricas vulnera el derecho
europeo porque conozco bien la ley europea y no ampara esto que está
pasando. Pero el problema es que no sé qué normativa han aplicado,
porque uno coge la factura de la luz y no la entiende.
¿Sabe cómo se calcula el precio de la luz en España?
No. No tengo ni idea. Cuando se lo pregunto
a la Comisión Nacional de la Competencia y a la Subdelegación de la
Energía, en el escrito que acabo de remitirles para iniciar la
investigación sobre posibles prácticas fraudulentas, no es una pregunta
retórica. Es que no lo sé. Y quiero saberlo para contárselo a los
ciudadanos y para poder hacer mi trabajo.
¿Sabe cómo se regulan las tarifas eléctricas? ¿Sabe por qué se han disparado los precios en plena ola de frío?
No, no y no. Yo no, y el ciudadano menos.
Primero quiero enterarme, leer bien el procedimiento. Y quizá al
contraste, si de estas diligencias salen acciones civiles, es decir, si
interponemos demandas contra las eléctricas, que es una posibilidad, eh,
por ahora es sólo una hipótesis… Si veo que hay una práctica abusiva,
está previsto una acción de cesación ante los tribunales.
¿En qué
consiste? Pues en aislar determinadas conductas abusivas y, si se estima
la demanda, pedir al juez que ordene a las eléctricas corregir el
sistema. Ese es el paso más allá que yo puedo dar. (...)
¿Por qué pregunta al Ministro de Energía, Álvaro Nadal, por sistemas alternativos para fijar el precio de la electricidad?
Sí, también lo pregunto. Porque tanto el
Ministerio como la Comisión Nacional de la Competencia deben decirnos si
se puede hacer de otra manera de forma menos complicada. Como fiscal mi
función es empujar al Ejecutivo a que haga cambios normativos para
proteger a los ciudadanos, y proponer reformas legislativas. Y tiene
sentido que seamos nosotros quienes lo hagamos, porque los fiscales
estamos en el día a día de los tribunales. (...)" (Entrevista al fiscal Fernando Santos Urbaneja, Público, 10/02/17)
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