"En la semana en que hemos empezado a escuchar las voces de los presuntos
saqueadores del Palau de la Música en Cataluña, y también la
constatación de que, en Madrid, Esperanza Aguirre y su equipo, se
nutrían de fondos empresariales para sus actos, de nuevo aparecen las
voces liberales de ultratumba: Es la regulación, estúpido. (...)
Este viejo principio, ajeno a toda lógica ética, culpa de
todos los males de la existencia de corrupción al exceso de regulación y
arbitrariedad en la administración pública que obliga a los
empresarios, grandes y pequeños, a delinquir para seguir instalados en
el oligopolio extractivo, en la mayoría de los casos. La lógica es
aplastante, tratando de hacer creer a la población que su inteligencia
no es capaz de entender estas prácticas perversas y delictivas.
Las
grandes empresas, las más nombradas por los presuntos títeres que están
estos días en los juzgados, necesitan de las supuestas mordidas que
pagan al partido de turno, me da igual que sea el PP, el PSOE o ex CiU,
porque el yugo de la regulación les impide acceder a los contratos de
obra que licitan las diversas Administraciones Públicas.
Esta es la tesis de los pensadores liberales más ortodoxos que, ante
cualquier desviación de comportamiento de las sagradas empresas, único
sujeto de derecho en el mundo económico idílico que ellos construyen,
echan la culpa de todo ello a la existencia de burocracia, regulación y
Estado. (...)
Lo más curioso es que si uno analiza la propia regulación, y ha
contribuido a la elaboración de la norma que regula las adjudicaciones
de obras del Estado, sabrá que dicha normativa favorece, de forma
descarada, a este tipo de empresas. La fijación del precio como variable
prácticamente decisoria para la obtención de contratos públicos, deja
en inferioridad de condiciones a las miles de empresas medianas y
pequeñas a la hora de optar por cualquier obra o servicio público.
Ejemplos hay miles, pero solo hay que analizar a quien se adjudica las
grandes obras en España, normalmente al oligopolio constructor que todos
tenemos en mente: ACS, Ferrovial, Acciona, y otras de menor tamaño,
como Ortiz, muy ligada al PP en la Comunidad Valenciana o Hispánica.
Pero también hay que analizar, por ejemplo, como en el proceso
privatizador de servicios públicos municipales, casualmente, gran parte
de ellos son adjudicados a una mega empresa como Clece, filial de ACS.
La pregunta que surge es sencilla. ¿Por qué si la maraña
de regulaciones favorece sin escrúpulos a todas las empresas que están
apareciendo en los sucesivos juicios, éstas siguen pagando a los actores
políticos? Aquí surgen diversas interpretaciones y ninguna es
mínimamente ética. Una aproximación es que las grandes empresas,
presuntamente, financian a los actores políticos porque así favorecen
que no se cambie la legislación y la apertura de plicas no suponga
ninguna sorpresa desagradable. Esta teoría chocaría completamente con la
lógica liberal.
Es decir, las grandes empresas que
conforman en muchos sectores oligopolios o monopolios extractivos,
estarían muy cómodas con esta barrera a la entrada que supone la
legislación actual y no desearían una modificación tendente a instaurar
el cuento de hadas de la competencia perfecta que algunos se empeñan en
seguir enseñando en las facultades de Económicas.
La segunda aproximación es todavía más preocupante. Si se demostrase las
mordidas pagadas por las grandes corporaciones, a lo mejor revelarían
las preferencias políticas de las grandes corporaciones, o en su
defecto, una manera de jugar siempre a favor del poder político que
saben es manejable y moldeable a su práctica depredadora de los fondos
públicos.
Cualquiera de las dos opciones también demuestra la hipocresía de la
patronal, tan contundente a la hora de pedir reducciones de gasto
público, sin percatarse que, en España, las grandes corporaciones viven
del BOE. Es por ello que en la CEOE ya no estén representadas buena
parte de estas grandes empresas, quedándose al mando supuestos
empresarios de la talla de Arturo Fernández.
Todas estas prácticas, cuando se demuestren, deberían ser objeto de
repulsa social y penal, pero la experiencia nos dice que en España se
hunde al político, con razón, al comisionista, los de la boda de la hija
de Aznar, pero se defiende a la gran empresa, porque es la que crea
riqueza y empleo. En países serios, estas empresas no volverían a
concursar en ningún concurso de obra pública, pero en España eso no
ocurrirá.
La pena de telediario y de banquillo se cebará con los actores
menores, que se han llevado un sobresueldo jugoso, pero los grandes
corruptores seguirán paseando por palacios y moquetas. Aquí me viene a
la memoria cómo presionaron a Gallardón las grandes constructoras para
la reforma de la calle Serrano en una época de escasez de obra pública." (Alejandro Inurrieta , Vox Populi, 13/03/17)
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