"(...) La gran discusión entre el Presidente Maduro y la Asamblea tiene que ver
con las actas de tres diputados de Amazonas. Se ha demostrado que
compraron votos entre otras muchas irregularidades, lo que obligaría a
repetir la elección en esos tres casos.
La Asamblea se declaró en
rebeldía y decidió echar un pulso a la Presidencia de la República. A
imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto
constitucional entre poderes el Tribunal Supremo puede asumir
competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta
un fantoche como Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones
recientes del Tribunal Supremo norteamericano.
Con su tradicional
irresponsabilidad, la derecha española llama a desobedecer el estado de
derecho en Venezuela y la decisión del Tribunal Supremo. No me extraña
de Esperanza Aguirre o Pablo Casado: el PP, especialmente en Madrid, ha
financiado sus campañas electorales con dinero negro. Es decir, el PP
lleva varías legislaturas usando maneras propias de golpistas. (...)
Por si fuera poco, esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que
el Presidente había abandonado su cargo (algo absurdo y evidentemente
falso) y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un
mes. Ese intento de golpe de estado desde el Parlamento no recibió ni
una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de estado en
Venezuela.
Entre ellos, el máximo responsable de la OEA que ayer mismo
se reunía en la Ciudad de México con ex presidentes latinoamericanos
procesados por lesionar los derechos humanos, y el Departamento de
Estado de los EEUU.
Qué curioso que justo después haya salido la
petición de Almagro de enjuiciar a Venezuela desde la OEA. El papel de
Almagro como Secretario General de la OEA está haciendo mucho daño a la
tan necesaria institucionalidad internacional (Pepe Mujica ya se
distanció de él de manera definitiva y dejó ver a quién se había
vendido). (...)
El Tribunal Supremo de Venezuela ha usado un artículo
de la Ley de Hidrocarburos -la principal riqueza del país- que
establece que los convenios internacionales y las asociaciones con
grupos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea. Como la Asamblea
está en situación jurídica de desacato, de manera que no puede -ni
quiere- firmar ningún acuerdo, lo que pone en riesgo financiero a
Venezuela.
Es por eso que el Tribunal Supremo ha asumido las
competencias estrictas de la Asamblea para la aprobación de esos
contratos, de manera que el país pueda asumir los compromisos necesarios
en un momento económicamente complicado por el hundimiento de los
precios del petróleo (preguntémonos en España qué pasaría si se hundiera
un 80 % el turismo).
El Tribunal Supremo no ha disuelto la Asamblea ni se
han convocado nuevas elecciones para elegir nuevos diputados. Lo
contrario de lo que están diciendo los medios de comunicación. Lo único
que está haciendo el tribunal supremo es asumir unas competencias
concretas para evitar que Venezuela se paralice mientras dure el
descato.
Si los diputados de la oposición quisieran, el desacato
desaparecería de inmediato -bastaría con que cesaran en su
desconocimiento del Presidente de la República y que reconocieran que
los tres diputados elegidos en la Amazonía no pueden hacer uso de su
acta debido a las muchas irregularidades probadas-, pero les resulta
mucho más rentable seguir regalando falsas portadas a la prensa
internacional.
La derecha internacional, esa que se regala entre sí
viviendas oficiales y que tiene una trama global de fondos buitres
-donde están los Aznar, Botella, sus hijos, De Guindos, Rato, Aguirre y
toda esa tropa de malos españoles donde también se ha colado algún
“socialista” como Felipe González- quiere tumbar a Venezuela, igual que
han hecho con Dilma Roussef en Brasil.
¿Quién que no esté vendido a esos
intereses puede decir que asumir de manera temporal unas competencias
esenciales para firmar unos contratos sin los cuales un país se quedaría
entregado a los capitales internacionales es un golpe de Estado? ¿No
son acaso los mismos que ven “normal” desconocer al Presidente del
Gobierno y llamar a nuevas elecciones? Demasiados hipócritas.
Venezuela necesita mucho diálogo. El choque entre
instituciones es malo para el país. Esa debiera ser la tarea de España:
ayudar al diálogo. En todo el continente latinoamericano. En México
-desde donde escribo- han asesinado este último mes a tres periodistas
(¿Nos imaginamos lo que pasaría si hubieran asesinado a tres periodistas
en Caracas?) y hay al menos 30.000 desaparecidos.
El día a día de
México es la aparición de fosas con cadáveres, la trata, el asesinato de
mujeres, la desaparición de líderes sociales, la creciente pobreza y
desigualdad junto a una impunidad del Estado estremecedora. (...)
Hay mercenarios que desearían abocar a Venezuela a una guerra civil.
Creen que así podrían volver a recuperar el paraíso que tenían cuando
controlaban el petróleo contra los venezolanos (...)
Ojalá el Estado de derecho que forma parte de los
logros civilizatorios de Europa pueda funcionar también en Venezuela.
Esa es la principal tarea en la que podríamos colaborar los españoles
en ese país: ayudar a reforzar el Estado de derecho. Aunque el PP de la
Gürtel y la Púnica ¿qué va a enseñar?
Fue el diario El país el que celebró el golpe de
estado contra Chávez en 2002 y fue el Presidente Aznar el que ordenó a
nuestro Embajador a reunirse con el Presidente golpista. Ayudemos a que
no vuelva a ocurrir nada de esto. Para ello, es esencial que los que no
tienen otros intereses que los del dinero, dejen a la justicia
funcionar. Y que nadie sea tan hipócrita para pedir en otros países lo
que no pedimos para el nuestro." (Juan Carlos Monedero, Público, 31/03/17)
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