"El próximo 17 de abril se cumplirán 26 años de la reunión que el
entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, mantuvo con los
presidentes de las grandes constructoras para exhortarles a no pagar
comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras.
A la
reunión asistieron los representantes de Ferrovial, Agromán, Cubiertas y
MZOV, Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora y Construcciones
y Contratas. No se puede decir, pasado más de un cuarto de siglo, que
la humanidad haya evolucionado en la buena dirección. Los papeles de Bárcenas, el caso Palau o el caso 3%
han mostrado, fehacientemente, lo viva que está la tendencia al pecado.
Eso sí, siempre con cargo al contribuyente, que es quien acaba expiando
tanto la generosidad del donante como la codicia del receptor de la
mordida. Esa acción parasitaria, con cargo a ciudadanos y ciudadanas, se
realiza muchas veces gracias a los sobrecostes. (...)
Solo entre 2008 y 2014, el Ministerio de Fomento pagó 10.000
millones de euros en sobrecostes de obra pública. La propia Unión
Europea exigió acabar con los modificados faraónicos. El cemento en
modificados y derivados equivalía a los recortes en sanidad y educación
que decretó Mariano Rajoy en 2012.
Entre 2004 y 2013, la UE transfirió
más de 30.000 millones de euros a España, de los que más de 20.000 se
fueron a transporte. La orografía española es muy peculiar, pero no
menos que nuestros constructores o nuestros políticos. Y Cataluña forma
parte de ella.
La comparecencia de Artur Mas en el Parlament a finales del
pasado mes de marzo puso de relieve que, al igual que el PP,
Convergència tenía sus grandes aportadores movidos no solo por el
altruismo, sino también por la ideología contagiosa y ese proyecto tan
estimulante de país que irradiaba el viejo partido de Pujol, según
explicó el propio expresidente. CDC se financiaba “en la frontera de la
moralidad”, reconoció Mas, pero aseguró que siempre en la legalidad.
El
proyecto resultó ser tan atractivo para los empresarios que, entre 2008 y
2013, CDC ingresó más de siete millones de euros, amén de los 6,6
millones que según el auto judicial del caso Palau se llevó en comisiones supuestamente pagadas por Ferrovial. (...)
En el toma y daca parlamentario, nadie se acordó del informe
de la Sindicatura de Cuentas que en los años 2003 y 2004 detectó una
desviación del 80% en las rehabilitaciones del parque de vivienda
pública (Adigsa, por tres millones de euros).
Tampoco nadie mencionó que
un alto cargo público de CDC, Josep Antoni Rosell, en una demostración
de puertas giratorias, diseñó la adjudicación de canal
Segarra-Garrigues, luego dirigió el proyecto desde la empresa privada
adjudicataria de esta obra y volvió de nuevo a la empresa pública,
Infraestructures.cat.
El sobrecoste de todo este movimiento de tropas
llegó al 81%, pero la austeridad —que a veces es altamente positiva—
paralizó su realización. Con tan brillante expediente, Rosell volvió con
salvas de honor al sector público, a Infraestructures.cat, hasta ser
detenido por la Guardia Civil. Esquerra logró echarle el año pasado del
cargo de consolación que por los servicios prestados le ofreció CDC. Los
independentistas de Junqueras ahora están colaborando con las
investigaciones del caso 3%.
Joan Jaume Oms, consejero delegado
y presidente de Infraestructures.cat, ha remitido al juez documentación
que acredita cómo se “flexibilizó” el criterio de puntuación a favor de
un determinado adjudicatario. De acuerdo con la documentación aportada,
fue el propio Rosell quien lo pidió por escrito a la Oficina Técnica de
Evaluación.
Pero la historia no acaba aquí. Este diario desveló el
pasado 30 de marzo que la adjudicación del túnel de la plaza de Les
Glòries Catalanes se fraguó en la sede de CDC, en la calle de Còrsega, a
finales de 2014, cuando CiU gobernaba en Barcelona.
La casualidad quiso
que simultáneamente se conociera que el sobrecoste de dicha obra se
eleva al 60%. 36 millones añadidos a los 60 del contrato público. La
constructora Copisa —la adjudicataria— ingresó 65.000 euros en dos pagos
a la fundación de Convergència. Todo muy legal, por supuesto. Y fruto
sin duda de la fascinación por el proyecto de país." (Francesc Valls, El País, 08/04/17)
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