"(...) La presidenta de la Junta de Andalucía y los líderes de otras cinco
Comunidades Autónomas plantearon en la reunión de Presidentes celebrada a
mediados de enero la necesidad de armonizar los impuestos autonómicos.
Resulta una petición manifiestamente lógica. (...)
Llevamos muchos años denunciando la ausencia de armonización fiscal
en la Unión Europea, causa de que todos los sistemas tributarios de los
países miembros vayan evolucionando hacia formas más injustas y
regresivas, al estar sometidos los gobiernos al chantaje de las empresas
y del capital.
Parece coherente que, con más razón si cabe, exijamos
esa armonización entre las Comunidades Autónomas de un mismo Estado.
Si
las sociedades y algunas personas de elevados ingresos y riqueza
cambian el domicilio de un país a otro en función de la presión fiscal y
de la mayor o menor progresividad de los impuestos, con más facilidad
se producirá la movilidad cuando se trata de regiones dentro del mismo
Estado.
En ambos casos es evidente que se puede producir un permanente
chantaje del capital y una carrera competitiva que, si resulta grave
entre países, tiene consecuencias mucho más negativas cuando se
establece entre Comunidades Autónomas.
La cesión a las Autonomías
de la capacidad normativa en algunos tributos amenaza con crear el caos
en el sistema impositivo español y viene a añadir a la ausencia de
armonización fiscal de la UE un factor más para desarmar la
progresividad fiscal de los tributos.
El argumento de la
corresponsabilidad hace aguas tan pronto como se constata que a lo largo
de los años las Comunidades han empleado siempre estas competencias
para bajar impuestos progresivos, nunca para subirlos, generando entre
ellas una competición muy dañina para la suficiencia de sus ingresos y
el mantenimiento de sus servicios.
Bien es verdad que para el
poder económico y para una parte de la derecha política esta competencia
es muy provechosa porque termina reduciendo la presión fiscal y
disminuyendo la progresividad del sistema. Cristina Cifuentes encarna
ahora esta postura, ya que ha asumido la línea de conducta que durante
años mantuvo Esperanza Aguirre, convirtiendo la Comunidad de Madrid en
un cuasi paraíso fiscal en cuanto a gravámenes autonómicos se refiere.
Tanto una como otra han argüido que con esta política se recauda más.
Puede que tengan razón, pero les falta decir la causa, que no es otra
que la de robar contribuyentes -y por lo tanto recaudación- a las otras
Autonomías. La Comunidad de Madrid se convierte así en una especie de
vampiro que basa su prosperidad fiscal en la pérdida de ingresos de
otras Comunidades Autónomas. En realidad, la situación es similar a la
que crean Holanda, Irlanda o Luxemburgo con respecto a los otros países
de la Unión. (...)
Si todas las Comunidades Autónomas adoptasen ese mismo patrón de
comportamiento, ninguna saldría ganando y todas perderían recaudación,
con el consiguiente deterioro de los servicios que deben suministrar a
los ciudadanos.
Los únicos beneficiados serían los contribuyentes con
mayores rentas, puesto que los gravámenes que siempre se reducen son los
progresivos tales como el IRPF, Sucesiones o Patrimonio. Entre los
muchos errores que se cometieron al establecer el Estado de las
Autonomías no fue el menor haber cedido a las Comunidades Autónomas los
impuestos de Sucesiones y de Patrimonio. Dos tributos que deberían tener
una estructura uniforme en todo el territorio nacional y que
constituyen piezas clave en la progresividad y equidad de un sistema
fiscal.
Las exenciones que Comunidades como Madrid han establecido
en el Impuesto de Sucesiones y en el de Patrimonio han distorsionado el
sistema fiscal y han creado situaciones realmente injustas, tales como
que la herencia y las donaciones se hayan constituido en el mejor
instrumento para eludir el gravamen sobre los incrementos patrimoniales,
que es la forma por la que tributan principalmente las rentas de
capital." (Juan Francisco Martín Seco, república.com, 23/03/17)
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