"Adriana, Mercè y Jaime son sólo tres de los muchos
vecinos que han vivido una situación de exclusión residencial los
últimos meses por los alarmantes precios
del alquiler en Barcelona. El incremento en los alquileres –un 9% más
caros en la ciudad que hace un año– les ha hecho dejar sus barrios, o
les ha hecho asumir un aumento que dilapida su economía familiar. Los
tres se han unido al Sindicato de Inquilinos, nacido este martes para luchar por los alquileres justos.
Jaime se topó, de forma inesperada, con un aumento del 30% en su
alquiler. Este antropólogo de profesión recibió en febrero un burofax en
el que se le alertaba de que, cuando en abril finalizase su contrato
tras tres años, el nuevo acuerdo con la propiedad debía pasar de los 800
a los 1.100 euros. Jaime vive en Sant Antoni, barrio en el que los
precios han crecido un 12% desde 2014.
Jaime y su pareja entraron a vivir a su piso hace tres
años, cuando ya estaba en marcha la reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) del PP, que hizo pasar la duración mínima de los contratos
de cinco a tres años. Jaime es, por tanto, uno de los 44.000 inquilinos
que verán finalizar su alquiler entre este año y 2019 en Barcelona.
Pese a que él y su pareja intentaron hacer valer que habían sido buenos
inquilinos, no hubo negociación posible con la propiedad. Cuando Jaime
vio los precios de su alrededor, decidió aceptar los 1.100 euros
mensuales.
No tuvo tanta suerte Mercè, vecina
también de Sant Antoni. Tras 58 años viviendo en la finca en la que
nació, el mes de setiembre del pasado año la propiedad le notificó que
le rescindirían su contrato. Sin opción a negociar: su casero quería
hacer de sus pisos apartamentos turísticos, después de haber conseguido
una licencia. "No hubo nada ilegal, pero yo igualmente me tuve que
marchar de mi barrio", lamenta Mercè. Ella y su hijo han tenido que
mudarse a Santa Caterina.
"Nuestro alquiler es
prácticamente un sueldo [1.100 euros], y tenemos ventaja porque somos
una pareja", comenta Jaime. Diferente es el caso de Adriana que, cuando
se divorció, pese a tener trabajo asalariado –"mileurista", aclara– tuvo
que dejar su piso en el Poblenou. "No lo podía asumir", indica. La
media de alquiler en la ciudad está en los 800 euros. Ante este
situación, y con 34 años, Adriana se vio forzada a volver a compartir
piso con más personas. En este caso, en Sants.
Pese a
que Adriana sabe que su situación no es la más extrema (Barcelona ha
detectado en los últimos meses situaciones graves de mobbing inmobiliario), considera que el encarecimiento del mercado del alquiler en la ciudad ha "mermado considerablemente" su autonomía. (...)
Según ha anunciado en su nacimiento este martes,
el Sindicato de Inquilinos perseguirá la defensa de un alquiler "justo,
estable y seguro" para evitar situaciones como la de Jaime, Mercè y
Adriana. El objetivo pasará por conseguir la "estabilidad" del alquiler,
lo que implicará "revisar o eliminar" la LAU del PP del año 2013. Algo
que colectivos como la PAH Barcelona también habían pedido en otras
ocasiones, calificando la citada ley como la responsable del incremento de precios por la corta duración de contratos que promueve.
Otra de preocupaciones del sindicato será la de velar por un aumento
del parque de alquiler público en la ciudad: Barcelona está en un estos
momentos por debajo del 2% de parque público.(...)
Por último, el Sindicato de Inquilinos quiere luchar contra los fondos
de inversión que ahora mismo ejercen compras verticales en la ciudad.
Son varias las firmas que adquieren bloques enteros con inquilinos dentro
a punto de finalizar sus contratos para no renovarles y luego vender
las propiedades. El sindicato quiere presionar a las administraciones
para que graven a las empresas que realizan compraventas en cortos
períodos de tiempo. (...)" (eldiario.es, 09/05/17)
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