"No corren tiempos propicios para defender la intervención pública en
cualquier mercado o actividad. Las soflamas sobre las bondades de la
liberalización de mercados y/o la mínima invasión del terreno por parte
de la Administración han calado, incluso, en la moribunda
socialdemocracia que reprocha a los que defendemos este tipo de
intervención, como radicales o inútiles (Susana Díaz, sic).
Esta dejadez de funciones se está notando, especialmente, en el mercado
de la vivienda en alquiler, con procesos inflacionistas que están
alcanzando tintes dramáticos en algunos lugares, como pueden ser las
grandes capitales, o zonas concretas como Ibiza.
Estos procesos coinciden en el tiempo y en el espacio con una eclosión
de nuevos fenómenos, como los apartamentos turísticos, esa mal llamada
economía colaborativa que lo que pretende es maximizar los ingresos para
quien tiene una vivienda, inflando los precios y provocando la
expulsión de las personas de menor renta de barrios enteros.
Esta aparente contradicción, un incremento significativo de la vivienda
para alquilar y la subida exponencial de precios, no casa con los
supuestos teóricos que nos enseñaron en primero de carrera en Economía.
Esto es sencillo de entender.
Cuando no hay ninguna intervención
pública, y las leyes sucesivas en materia de alquiler de vivienda
favorecen a los propietarios, cuando no ha política pública de vivienda
en alquiler, ni control de rentas, como en algunos lugares de Alemania,
la inflación de precios se multiplica, para regocijo de empresas y
portales inmobiliarias, cuyos objetivos es satisfacer vivienda a las
rentas medias y altas.
Mientras esto ocurre, las rentas más bajas, pero
también las medianas, son expulsadas del mercado, ante la imposibilidad
de poder pagar las rentas de alquiler desaforadas, que permite alquilar
zulos de 15m2 por más de 1.000€ al mes. (...)
Esta realidad, de la que no hay estadísticas fiables porque es
preferible para todos los actores que este mercado siga siendo opaco y
en dinero negro, ya está afectando a grandes barrios en Madrid y
Barcelona, pero que, de momento, no ha inmutado al Gobierno a la hora de
regular el mercado de alquiler.
La realidad es que hasta antes de la
crisis, el mercado de alquiler era un reducto de pobres de solemnidad o
militantes irredentos, como es mi caso. La norma sobre arrendamientos
urbanos anterior a la reforma actual, era una de las más equilibradas
entre arrendadores y arrendatarios, como se puede ver en un estudio que yo mismo realicé para la Fundación Alternativas.
Con la reforma reciente, la discrecionalidad de los
propietarios para elevar la renta y cambiar las condiciones del alquiler
de la vivienda ha aumentado, lo que sin duda va a perjudicar a los
eslabones más débiles. Sin embargo, para propietarios individuales y
grandes portales, esta es la mejor situación el alquiler rentable queda
únicamente para rentas más altas que, supuestamente, causan menos
problemas de impagos.
A todo esto, hay que unir, el
fenómeno de Airbnb, plataformas que, supuestamente, tratan de poner en
relación a oferentes y demandantes de alojamiento, sin apenas control de
la administración, fomentando que muchos vecinos tengan que abandonar
su cada ante la espiral de precios, pero también las molestias que
generan estas masas de turistas que no escatiman a la hora de provocar
incidentes y daños colaterales a la convivencia.
La gran pregunta es cómo hemos llegado hasta aquí. Lo primero que se
observa es que en España ningún partido político cree de verdad en que
la vivienda es un bien de uso y no de inversión, por lo que hay que
despojar de todo incentivo a la especulación con dicho bien.
Los
sucesivos intentos de llevar a la práctica políticas de alquiler como
las de nuestro entorno han sido frenados por el lobby inmobiliario y
constructor que veía cómo se apagada la gallina de los huevos de oro,
que consistía en retener el suelo para generar ingentes plusvalías
cuando se vendían las viviendas.
En este punto, la única política de
vivienda que se ha llevado a cabo ha sido la de construir vivienda
protegida para vender, curiosamente para que algunos espabilados
lograsen alguna, del estilo de Ramón Espinar.
Pero nada se ha hecho para llenar de vivienda social pública que
contrapese la inflación de precios en el sector privado, a lo que se
oponen frontalmente los grandes constructores o los portales
inmobiliarios a su servicio. Esta ha sido tradicionalmente la política
clásica en el Reino Unido, Alemania, Francia o Austria. Curiosamente en
estos países apenas hay inflación de precios de activos inmobiliarios, y
el acceso a la vivienda sí se considera un derecho real.
Además, se han
impuesto en algunos países el control de precios, de forma que las
subidas indiscriminadas tienen que estar justificadas, porque ante todo
prevalece el derecho a poder vivir en un hábitat signo de forma
continuada. Allí el alquiler no es una solución de compromiso, como en
España, sino que es una forma de vida, donde la obsesión por la
propiedad, tan latina, no se ha extendido.
Solo cabe, por tanto, iniciar con mucho retraso, lo que los principales
países europeos hicieron hace mucho: crear un verdadero parque público
de vivienda en alquiler, políticas de control de precios y limitar al
máximo las viviendas turísticas dentro de las grandes ciudades.
Solo así
podrán acceder a una vivienda en alquiler de forma digna aquellos
ciudadanos a los que los grandes agentes del mercado, y los políticos,
incluidos los que se llaman de izquierda, desprecian sistemáticamente.
Un ejemplo lo hemos vivido con las ventas masivas para hacer caja que
hijo el PP con las viviendas sociales en Madrid. Aquellos vecinos más
humildes y necesitados han sido desalojados, eso sí legalmente, de sus
viviendas, frustrando un proyecto de vida en la mayoría de casos. (...)" (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 15/05/17)
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