"El Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana (AMB) crearán una empresa público-privada que ofrecerá vivienda de alquiler a una media de 500 euros al mes.
Los pisos estarán destinados a un importante segmento de la población
que no puede pagar los altos precios que se están imponiendo en el
mercado de arrendamiento.
Se trataría de familias que, por un lado, a pesar de disponer de un trabajo y una renta aceptable, quedan excluidas del acceso a la vivienda por los elevados precios y que, por otra parte, tampoco tienen derecho a ayudas sociales
por no estar en situación de vulnerabilidad. Este problema se ve
agravado por la desaparición de los pisos con rentas que van de los 200 a
los 800 euros mensuales, que tienen una demanda creciente y una oferta
casi inexistente.
La nueva empresa, que podría empezar a
funcionar a mediados del año que viene, es una sociedad anónima, con un
50% del capital público –aportado por el Ayuntamiento y la AMB– y el
otro 50% procedente de un operador privado.
La intención de las
administraciones es la de iniciar un camino inédito en España que
comportará introducir en el mercado residencial pisos a un precio
asequible para rentas bajas-medias que ahora son muy difíciles de
encontrar. Esta experiencia ya funciona con éxito en otras ciudades de
la Unión Europea, donde se calcula que 27 millones de personas residen
en viviendas de esta tipología.
Antes de que acabe el año está previsto que
el Ayuntamiento y el AMB constituyan la empresa pública Habitatge
Metropolis Barcelona, que formará parte de esta sociedad anónima. Luego,
a través de un concurso público, se elegirá al operador privado, que
podría estar formado por varios socios: un inversor, un promotor y un
gestor que crearían una unión temporal de empresas (UTE) .
El operador privado, según explicó ayer el
gerente municipal de Vivienda, Javier Burón, deberá aceptar un beneficio
limitado, que no excederá del 4%, y se primarán aquellas ofertas que
estén dispuestas a asumir una rentabilidad inferior.
Un hecho que, a su
juicio, no desanimará a las empresas interesadas en participar, sobre
todo porque existe una elevada demanda de este tipo de viviendas y por
tratarse de un producto seguro, ya que las administraciones se harán
cargo de los impagos. “Es una oportunidad para inversores que se quieran
ganar la vida en proyectos no especulativos”, sentenció Burón.
Los solares, que acostumbran a representar
entre el 30% y el 50% del coste de una promoción, los aportarían los
ayuntamientos que son grandes tenedores de terrenos en los municipios.
El objetivo es iniciar los trámites para construir 3.000 pisos de este
tipo (1.500 en Barcelona y otros 1.500 en las localidades del área
metropolitana) antes de que se acabe el mandato, en mayo del 2019. Esta
previsión puede incrementarse legalmente hasta alcanzar las 4.500
unidades.
De momento, ya se han identificado algunos solares donde
podrían ubicarse las primeras promociones que se construirán en régimen
de derecho en superficie. Esta figura jurídica permite a los
ayuntamientos mantener siempre la propiedad del terreno y ceder los
derechos del suelo a un tercero por un periodo de tiempo que, en este
caso, todo apunta a que sería de 40 años.
Con todo, también se podría dar entrada a empresas con promociones a
medio construir y que ya tienen una cartera de viviendas de alquiler a
su disposición. De este modo, la entrada de nuevos pisos sería
inmediata. Tampoco se descarta que en la empresa público-privada
participen pequeños inversores con un capital minorista. De hecho, según
refirió Burón, en el resto de Europa muchos inquilinos tienen
participación en la empresa que gestiona sus viviendas. Así se establece
una buena relación entre inquilino y “casero”. (...)
Los inquilinos los escogerán las
administraciones y deberán cumplir una serie de requisitos que serán los
mismos que los que se exigen, en el caso de Barcelona, al demandante de
vivienda protegida de alquiler. Además, la capital catalana utilizará
el actual Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial,
donde ahora están inscritas unas 30.000 personas, para adjudicar las
viviendas.
Otra de las cuestiones que deberá decidirse
en los próximos meses afecta a la duración de los contratos. De momento
se espera que sea superior a los tres años que ahora estipula la ley y
llegar hasta los cinco años, un plazo que permitiría también la reforma
de la vivienda. Sin embargo, Burón advirtió que esta es una cuestión aún
por definir. También apuntó que se quiere construir vivienda de calidad
con el fin de que la nueva empresa disponga de una buena imagen y
marca.
Sobre la influencia que pueda tener
este futuro operador público-privado en la contención de los precios del
mercado de alquiler, Burón se mostró pesimista. Recordó que estamos a
años luz de otros países en los que el arrendamiento tiene una mayor
presencia y peso en la vivienda, pero aún así dijo que la empresa de
ámbito metropolitano será un “buen principio”.
La creación de esta sociedad se
enmarca en el plan de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado
en enero de este año, que prevé la construcción de casi 8.900 viviendas
hasta el 2025." (La Vanguardia, 06/10/17)
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