"La Plataforma Solar de Almería (PSA) es el
mayor centro de investigación de energía solar de concentración en
Europa. De sus instalaciones en el desierto de Tabernas ha salido parte
de la tecnología que utilizan las grandes centrales que están en
funcionamiento o en construcción en muchos países, desde EE UU y China
al norte de África.
Los investigadores de la Unión Europea prueban aquí
nuevas tecnologías destinadas a que este tipo de energía renovable sea
cada vez más eficiente y competitiva y contribuya a jubilar, en un
futuro, a los combustibles fósiles que exacerban el cambio climático.
La plataforma, que depende del Ministerio de Economía, vive una situación surrealista, algo cada vez más común en los centros de científicos de élite.
Su presupuesto ronda los seis millones de euros, aunque sus ingresos
llegan a los 15 millones de euros cuando se suma la financiación que
llega desde la UE para desarrollar proyectos de investigación.
Desde
hace año y medio, los investigadores del centro no pueden utilizar parte
de ese dinero que llega de Bruselas debido a las restricciones al gasto
impuestas por el Gobierno para contener el déficit.
Los grupos de
investigación de la PSA han dejado de percibir cientos de miles de euros
que han quedado congelados en un “fondo de maniobra” que no pueden
tocar. Si esta situación continúa, 12 investigadores se irán a la calle
el 31 de diciembre y no se podrá contratar a otros cinco, entre ellos
dos investigadores jóvenes que han ganado un contrato Marie Curie,
financiado por la Comisión Europea, explica Sixto Malato, director de la
PSA.
“Tenemos una plantilla de 50 investigadores, con lo que estamos
hablando de perder al 30%”, resalta Malato. El científico acaba de
dimitir como director ante la grave situación que vive la PSA, que es
parte de la red de instalaciones científicas estratégicas de la UE.
Eduardo Zarza, responsable de la unidad de Sistemas Solares de
Concentración, la mayor de las tres que tiene la PSA, con 32 personas a
su cargo, también ha presentado su dimisión.
La normativa que lastra a este centro es una orden del Ministerio de Hacienda
aprobada en julio de 2016. La norma establece los plazos para realizar
gastos y cerrar el ejercicio anual, en principio los mismos para todos
los organismos de la Administración General del Estado, aunque las
universidades y grandes centros de investigación como el CSIC están
exentos de cumplirla, en parte para poder seguir con su actividad
científica.
Muchos de los fondos de la UE son plurianuales y no computan
en ningún caso como déficit para las arcas españolas. Pero a ojos de
esta ley, la PSA es un organismo más de la administración del Estado y
los fondos que recibe de la UE también están sujetos a las normas.
“No tenemos la capacidad para seguir con la
marcha de este centro, es una instalación que está en el top mundial y
se está hundiendo por desidia”, asegura Zarza. El investigador explica
que las restricciones de Hacienda afectan a dos proyectos europeos de su
unidad.
“La normativa establece que toda la financiación que llega
antes de septiembre debe estar gastada a finales de diciembre de ese
año, pero cuando la UE te concede un proyecto aporta un primer pago a
gastar en varios años. Esto nos ha impedido acceder a 600.000 euros de
dos proyectos europeos. El dinero no desaparece, sino que queda
inmovilizado en un fondo de maniobra que no podemos tocar a no ser que
el Consejo de Ministros nos conceda una gracia, que tarda unos cinco
meses en llegar”.
Uno de los casos más sangrantes es
Nextower, un proyecto financiado por la UE con cinco millones de euros y
en el que participan España, Suecia, Dinamarca, Italia, Reino Unido,
Francia, Suiza, Béligica y Turquía y que se expone a un retraso de un
año por este problema.
Ante esta situación, algunos científicos
recurren a “chanchullos” para evitar que Hacienda les bloquee el dinero
que reciben de Europa. “Cuando nos conceden un proyecto nuevo, les
pedimos a los coordinadores de otros países que no nos transfieran todo
el dinero, sino que nos lo manden poco a poco, pero todo depende de su
buena voluntad.
Entramos en un chanchullo que muchas entidades serias de
otros países no aceptan, porque la normativa dice que tienen que
transferir el dinero en un máximo de 40 días”, asegura Zarza, que
compara hacer ciencia en la PSA con intentar ganar una carrera de
natación llevando encima un kimono en vez de un bañador. “El próximo
año, nos planteamos renunciar a los proyectos europeos”, asegura.
Las trabas legales también han impedido
pagar la contribución española como miembro de la Sociedad Internacional
de Energía Solar, que asciende a 300 euros. “Para hacerlo necesitas el
informe previo del Ministerio de Exteriores y el de Hacienda, que no han
sido concedidos, con lo que el año pasado y este no hemos pagado”, dice
Zarza. Lo mismo ha sucedido con los dos últimos años de la cuota de
10.000 euros para SolarPaces, una organización dependiente de la Agencia
Internacional de la Energía. (...)" (Nuño Domínguez, El País, 22/11/17)
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