15.11.17

Los fondos extranjeros reclaman 7.566 millones por las primas de las renovables... el 'impuesto al sol', ganancia para los 'amiguetes', ruina para los demás

"El coste de las reclamaciones realizadas por inversores extranjeros por los recortes en las subvenciones a las energías renovables en España asciende a 7.565,8 millones de euros, según los datos del Ministerio de Justicia que constan en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de noviembre.

En total, se han presentado 36 reclamaciones (en dos de las cuales no se detalla la cuantía) ante los tres foros internacionales en los que se puede reclamar: la Cámara de Comercio de Suecia (7 casos); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Uncitral (2 casos) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que lleva el grueso de las reclamaciones, con 27 demandas.

La demanda más cuantiosa es la presentada por un grupo de 16 inversores energéticos, agrupados bajo la denominación de PV Investors, ante el Uncitral por importe de 1.900 millones de euros. En segundo lugar figura una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que reclama 840 millones.

 Le sigue una demanda de la entidad alemana Signatory Banks- Landensbank Baden-Württemberg, por 482 millones. En cuarto lugar, se encuentra la reclamación de RREEF Infrastructure (GP) Limited & RREFF Pan-European por 441 millones de euros. Y en quinto lugar la de Nextera, de los Países Bajos, por 393 millones.

Del total de 36 demandas, hasta el momento el Gobierno español ha perdido un laudo ante el Ciadi de 128 millones de euros con la firma británica Eiser Infraestructure, que se encuentra recurrido. Y ha ganado uno frente a Isolux ante la Cámara de Estocolmo.  (...)

Los productores habían invertido fiándose de la rentabilidad que garantizaban esas primas, vigentes entre 2006 y 2012. Solo los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales. (...)"                  (El País, 10/11/17)

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